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Apoyo a las medidas oficiales en la previa de la visita del FMI

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Hay temor a que los bonistas se niegan a aceptar una oferta que no esté respaldada por un plan económico que la respalde y la aprobación del FMI. Por: Gustavo Bazzan Se puede negociar con un deudor sin que éste le cuente al acreedor, en términos más o menos detallados el plan de largo plazo detrás del cómo, cuánto y cuándo le va a pagar el monto que se acuerde pagar después de la renegociación? Es lo que se preguntan Estados Unidos analistas que vienen siguiendo bien de cerca el complejo escenario en el que están envueltos el gobierno de Alberto Fernández, el Fondo monetario internacional y desde ya, los bonistas, que son quienes le prestaron plata a la Argentina a tasas más o menos razonables (de entre el 5 y el 7%) y quiere saber cómo recuperarán al menos una parte importante de lo que prestaron. Hay un cuarto actor, el gobierno de los Estados Unidos, que sigue de cerca todo y en última instancia podría influir sobre las decisiones que termine adoptando el FMI. Pero la ausencia de un plan concreto, que Argentina escamotea, llama la atención, y no de la mejor manera. Más allá de las reuniones “constructivas” que vienen llevando adelante funcionarios argentinos y del FMI, y de las señales de apoyo de Estados Unidos a la Argentina, los interrogantes que genera el hecho de que los acreedores se sienten a negociar a ciegas despierta suspicacias. En diversas conversaciones que este periodista mantuvo en Washington a lo largo de esta semana -en el marco de un viaje organizado por la cámara de empresas norteamericanas (AmCham), la sensación es que el original camino elegido por la Argentina es por lo menos riesgoso. Avezados conocedores de la forma de trabajar del FMI consideran que las conversaciones entre el organismo y la Argentina no han podido adquirir la densidad necesaria en este tipo de situaciones. Para los analistas no alcanza con que el FMI haya puesto por escrito la palabra “insostenible” al calificar la deuda argentina. Pero el Gobierno se aferra a esa definición para, supuestamente, avanzar por el camino de una oferta muy agresiva que los bonistas deberá tomar o rechazar. El riesgo es, precisamente, que la rechacen, porque en ese caso, dada la escasez de fondos disponibles, la Argentina marcharía directo al default. Dado que los bonos emitidos por Argentina incluyen la cláusula de acción colectiva, Argentina necesita que no menos del 66% de los acreedores acepten la oferta. Es difícil seducir a esa masa de bonistas con una propuesta demasiado amarreta. Por eso la palabra default resuena repetidamente en Washington. En esta ciudad Clarín escuchó de boca de analistas de primera línea que el Gobierno no tiene tiempo ni dólares para evitar un desorden importante. No al menos si no llega a un acuerdo sólido con el FMI. Y más allá de que el Fondo puso la etiqueta “insostenible” también quiere cobrar. Y el FMI cederá a cambio de que Argentina muestre un plan consistente. Y lo que los bonistas quieren es que les muestren ese plan también a ellos, porque las chances de acordar, sin el “sello de calidad” del FMI, son menores. En las conversaciones a las que asistió Clarín, y cuyas fuentes pidieron no ser identificadas, se escucha más o menos la misma conclusión, que podría resumirse así: “Lo mejor para la Argentina es acordar, y eso el Presidente Alberto Fernández lo sabe, pero no hay claridad en que el país esté en condiciones de ofrecer algo que los acreedores puedan aceptar”. Las dudas persisten pese a la fluidez que parecen haber alcanzado las conversaciones con el FMI, y mientras la misión del organismo permanece en Buenos Aires. El nuevo desplome de Wall Street no debería ocultar que el riesgo país argentino se disparó ayer a un nivel récord en lo que va de la gestión Fernández. Puede ser una señal del humor de los bonistas. Pese a este panorama escaso en optimismo, no faltan quienes apuestan a que la Argentina pueda terminar zafando y evite un nuevo default. Hay quienes sostienen que dado que el problema del país es de liquidez más que de solvencia (acumulación de vencimientos en el corto plazo sin posibilidad de refinanciarlo a tasas razonables) las distancias entre acreedor y deudor no serían insalvables, apelando a patear pagos algunos años y retocando los cupones de intereses. La incertidumbre es enorme, los días corren y ya falta menos para que se den vuelta las barajas sobre la mesa. (Clarín)
Menos crecimiento y más volatilidad a nivel global

Por: Francisco Jueguen

El viernes llegaron los mensajes a empresarios y a la CGT para convocarlos a la Casa Rosada. La simbólica foto del arranque del postergado -por la pandemia- acuerdo económico y social tendrá un marco, un antes y un después. Aparece en momentos de la economía tan críticos que desde la política sienten las necesidad de apuntalar al presidente Alberto Fernández, entronizándolo como el único jefe del PJ. Pero el encuentro se imprime además luego del paquete de medidas con el que el Gobierno espera sobrellevar la crítica situación cambiaria hasta fin de año, y un día antes de la llegada del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La reunión será mañana a las 17 en el Salón Sur de Casa de Gobierno. Allí estarán los directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA) y los de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). No es casualidad. Esos ejecutivos cenaron con el Presidente en Olivos en lunes pasado y esos sectores son los principales receptores de las medidas anunciadas la semana pasada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, para intentar que los argentinos se olviden de los dólares y comiencen a pensar en pesos. Dos directivos de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y dos de la Mesa de Enlace confirmaron que, al menos hasta el momento de escribir esta nota, no fueron invitados.

En tiempos en que los pesos de sobra en la economía vuelan hacia cada dólar suelto del superávit comercial, parte de la agroindustria vuelve a aparecer peligrosamente en la mira del Gobierno. “Un sector minoritario del campo es abiertamente opositor”, dijo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en una entrevista con el diario Página 12. Tampoco se cursó invitación a los exportadores agroindustriales, aquellos que deberían vender los dólares.

Los industriales recibieron de parte del Gobierno mejoras en los precios de exportación (bajas de retenciones y subas de reintegros), mientras que la construcción tendrá incentivos fiscales para nuevos proyectos. Esos beneficios servirán de marco a los datos de ambos sectores en agosto que el Indec revelará el próximo miércoles. Los analistas prevén una mejora mensual desestacionalizada, pero todavía un nivel por debajo de la prepandemia. La construcción se mueve más al ritmo de la brecha cambiaria que de las nuevas obras públicas, mientras que la industria recupera el ritmo por las aperturas con protocolos tras el aislamiento.

Este martes llegará una visita del Fondo. Desde Washington se esforzaron en decir que se trata de un encuentro informal en “modo escucha”. La visita presencial de staff la conduce el venezolano Luis Cubeddu, al que lo deben haber sorprendido las declaraciones de Carlos Raimundi sobre los derechos humanos en su país. Ya lo dijo un funcionario local con relación con el FMI: “Al momento de negociar con los acreedores privados, con el Fondo éramos como recién enamorados. Ahora pasaremos a ser un matrimonio de muchos años”. El requerimiento oficial de un nuevo programa, que llegará con medidas que implicarán sacrificios, quizás empiece a convertir a la actual directora Gerente, Kristalina Georgieva en la vieja Anne Krueger.

“Queremos dejar en claro que la negociación con el Fondo, al igual que con los bonistas, no puede llevar a más sacrificios del pueblo argentino”, afirman en la CGT, repitiendo casi textualmente lo que dijo Martín Guzmán. En la entidad gremial no esperan nuevas medidas más que las anunciadas, que -en rigor- comenzarán a funcionar en estas horas con la publicación del decreto de bajas de retenciones. El encuentro -tras el fallido viernes en el que faltó la nueva legislación pese a la devaluación del Banco Central- será también un ensayo para que el instrumental para sumar dólares -y confianza- se nutra de un sustento político.

Tanto en las entidades empresarias como en las gremiales creen que la foto puede ser la primera para comenzar a convertir el gabinete socioeconómico ampliado en un nuevo pacto económico y social. El Gobierno espera avanzar con la recuperación del empleo, la coordinación de precios de y salarios, y una salida ordenada del sistema de Precios Máximos. Claro que a ese pacto todavía le faltarán piezas para transformarse en un verdadero consenso. (La Nación)

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