Según publica Clarín Lo ordenó al Banco Central el juez Penal Hernán Postma. La empresa criticó fuertemente la medida.
El Juez Penal de Primera instancia del Distrito Nro. 2 de la Ciudad de Rosario, Hernán Postma, ante la requisitoria del Fiscal Miguel Moreno ordenó al Banco Central el congelamiento de todas las cuentas bancarias de Vicentin y amenaza con no pagar los sueldos.
“La consecuencia inmediata de esta medida, arbitraria, absolutamente injusta e inconducente es la imposibilidad de cumplir con el pago de salarios y aguinaldos de la empresa y también de otras empresas que nada tienen que ver con Vicentin S.A.I.C pero que igualmente resultan alcanzadas por esta disposición”, remarcó la empresa en un comunicado.
Según el texto de la compañía agroindustrial que cambió el Directorio recientemente, los argumentos esgrimidos por el fiscal, son absolutamente falsos.
“No existe ninguna razón ni posibilidad de que se ejecuten ningún tipo de movimientos de fondos que no estén ya controlados por el tramite concursal que atraviesa la empresa, ni que escapen al control de las auditorías vigentes, del rol de la sindicatura y mucho menos del interventor recientemente designado por el Dr. Fabián Lorenzini, Juez del Concurso que tramita la compañía en la localidad de Reconquista”, dijo.
Para Vicentin, no cabe otra posibilidad que concluir que esta sucesión de medidas buscan impedir cualquier posibilidad de que la empresa pueda resolver su situación concursal y con ello cumplir con los acreedores y garantizar la continuidad de todas las fuentes de trabajo.
“Poco le han importado al Sr. Juez y al Fiscal interviniente, la tranquilidad y el bienestar de los más de 5.000 trabajadores y familias de Santa Fe, San Juan, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires que serán directamente afectados por esta inconcebible decisión”, explicaron.
Más allá de las conocidas dificultades financieras que la compañía ha atravesado durante el corriente año, desde la empresa remarcaron que los trabajadores han sido la prioridad y han garantizado la conservación de sus fuentes de trabajo y el cobro en tiempo y forma de sus salarios.
“Esta medida irracional no solo agrava la situación de la compañía si no que implica una destrucción de valor para los propios acreedores, afectando sus intereses y condicionando las posibilidades de alcanzar una pronta solución que pueda satisfacer a todas las partes implicadas en el proceso concursal”, insistieron. (Clarín)
