Por: Hugo Alconada Mon
Según publica La Nación Tras años de espera y silencio, el presunto testaferro de los Kirchner, Lázaro Báez, se subió al ring. Mientras que se definió como un perseguido político en su alegato final en el juicio oral por la “ruta del dinero K”, en el fuero comercial movió varias fichas en la quiebra de Austral Construcciones. ¿Su objetivo? Recuperarse y, acaso, emular a otro patagónico que pasó a la ofensiva: Cristóbal López.
En su alegato ante el Tribunal Oral que determinará si es culpable de lavar US$ 54 millones como coincidieron el fiscal, la unidad antilavado (UIF), la Oficina Anticorrupción y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Báez, que cumple arresto domiciliario, sostuvo que él, su “familia y amigos sufrieron una persecución sistemática del poder político” durante años, en alusión tácita al gobierno de Mauricio Macri.
Durante esos años, Báez desoyó los sondeos para acogerse al régimen del “arrepentido”. Por el contrario, reafirmó su inocencia. Y en su alegato ante el tribunal oral recordó al expresidente Néstor Kirchner -“un hombre que ha sido grande- y lamentó que sus empresas, con Austral Construcciones a la cabeza, “fueron destruidas”.
Esa afirmación sobre sus empresas, Báez la llevó más lejos en el fuero en lo Comercial. Al igual que López y Fabián de Sousa, Báez la plasmó en acciones en el Juzgado donde se tramita la quiebra de la nave insignia de su grupo empresario, Austral Construcciones, y otras empresas vinculadas. Allí pasó a la ofensiva en la antesala a la feria judicial de verano.
Esa ofensiva de Báez se concretó en varias movidas. Intentó remover al síndico a cargo de liquidar los activos de Austral, al que también denunció en sede penal, también buscó detener la subasta de sus aviones y apuntó a demorar el remate de otros bien en el expediente de la quiebra.
Por ahora, sin embargo, su ofensiva no cosechó resultados satisfactorios. Al contrario, la jueza ordenó a la sindicatura que vaya al Sur a tasar bienes para avanzar con los remates para, con el producido, cubrir las deudas que acumuló y que sólo entre la AFIP y el Banco Nación superan los $ 3200 millones. Pero Báez promete impulsar más medidas.
Nueva ofensiva
El primer paso de Báez fue radicar una denuncia penal contra los síndicos liquidadores Martin y Sergio Stupnik por una presunta estafa procesal que les enrostró en la tramitación de un incidente de la quiebra, por lo que su acusación quedó en manos del Juzgado Nacional y Criminal y Correccional N° 36, junto a la Fiscalía Nacional N° 12.
El segundo paso de Báez fue presentarse en el expediente de la quiebra de Austral Construcciones, el 29 de diciembre -penúltimo día hábil antes de la feria de verano- y pedir la remoción del estudio “Stupnik, Stupnik & Varnagoglou”. Les enrostró presuntas “faltas graves de lealtad” contra el Juzgado y el expediente, por su accionar “negligente”, para luego requerir que se designe “en forma urgente” una sindicatura suplente o, como mínimo, se suspenda de manera preventiva a la sindicatura “hasta que se resuelva en sede penal la denuncia oportunamente presentada”.
La movida chocó, sin embargo, con la negativa de la jueza en lo Comercial, María José Gigy Traynor. Replicó que adoptar una medida “de semejante gravedad” como es la suspensión preventiva de la sindicatura no puede definirse “en el solo hecho de haberse promovido una acción penal”, que no acredita por sí misma “la verosimilitud del derecho” invocado por Báez.
Pero, ¿en que se apoyó Báez para intentarlo? Sostuvo junto a su hijo Martín -también acusado en la “ruta del dinero K”- que los síndicos que no actuaron como debieron mientras el Tribunal Oral Federal N° 4 le ordenó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) con la subasta del avión Rockwell Commander 690B, matrícula LV-MBY que pertenece a la firma Top Air SA, en la que Austral posee el 49% de las acciones.
De aviones y estancias
Según los Báez, “la custodia, administración, conservación, ejecución, disposición y liquidación de los bienes de Austral Construcciones S.A. corresponde a la sindicatura liquidadora, que debería de haber realizado los actos necesarios”, en vez quedar a cargo del TOF 4 y la AABE, además de haberse encargado de controlar “el estado” de esa y otra aeronave -el Learjet 35 matrícula LV-BPL-, de su conservación, de su estado actual y de las subastas.
Otra vez, sin embargo, Báez recibió un no por respuesta. La jueza Gigy Traynor sostuvo que su planteo debía presentarlo ante el TOF 4, además de que la subasta se centra en Top Air, que se encuentra ajena a la quiebra de Austral Construcciones y que ambas aeronaves “no son bienes sujetos a desapoderamiento” en la quiebra.
Por el contrario, en el último día judicial de 2020 previo a la feria de verano, la jueza notificó otra decisión suya. Conminó a los síndicos a que viajen a la provincia de Santa Cruz y constaten el estado de las estancias que pertenecen a Austral Construcciones para avanzar con los remates.
Para los liquidadores, la pandemia y las restricciones sanitarias vigentes imposibilitan fijar una fecha concreta para viajar a la Patagonia, antes de febrero próximo. La jueza consideró “atendibles” las razones, pero también le recordó que la quiebra data de junio de 2018, “lo que evidencia que ha transcurrido un tiempo considerable sin que se haya constatado tales inmuebles”, además de recordarle que la cuarentena quedó atrás y conviene resolver la tarea durante el verano. Por eso, le ordenó a la sindicatura a que durante “la primera semana de febrero” defina la fecha en que viajará a la Patagonia y recorrerá las estancias de Báez para avanzar con sus remates. (La Nación)
