Según publica Clarín El organismo recaudador ya había ayudado en el pasado a vigilar las góndolas. Amenazan con aplicar la Ley de Abastecimiento y elevar sanciones.
La ofensiva contra las empresas por los controles de precios, que venía acotada a la Secretaría de Comercio Interior, ahora se amplió a la Jefatura de Gabinete y la AFIP.
Aunque no es una novedad, porque en ocasiones anteriores Comercio ya había salido a monitorear precios junto a inspectores de la AFIP e incluso también los movimientos sociales se pusieron los chalecos para ir a los supermercados a chequear los Precios Cuidados, Santiago Cafiero se ocupó de informar que, en el marco de la reunión del Gabinete económico, ordenó a inspectores del organismo recaudador que controlen precios Máximos.
El Gabinete Económico está reunido para evaluar medidas que ayuden a bajar la inflación, que suma 12% en el primer trimestre. Y esta sería una de ellas.
Además, los referentes económicos del Gobierno analizan la aplicación de la Ley de Abastecimiento y un aumento de sanciones, según se informó. Todas las medidas van el mismo sentido: saltear el diálogo y apuntar a la coerción y las multas para evitar que las empresas toquen los precios.
Cafiero encabezó la reunión del gabinete económico en el Salón de los Científicos de Casa Rosada. Estuvieron la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Trabajo, Claudio Moroni, entre otros funcionarios.
Presión sobre las empresas
El Gobierno recurre a herramientas de dudoso éxito que ya usó en el pasado. Aunque en febrero pasado, cuando Comercio anunció que había sumado inspectores de la AFIP, aclaró que solo iban a controlar que los precios sean los correctos, en esta ocasión, Cafiero no mencionó si también harían inspecciones ligadas a los impuestos.
En las últimas semanas el Gobierno reforzó el esquema de controles sobre el sector privado para tratar de frenar la inflación.
Paula Español, secretaria de Comercio Interior, venía siendo la encargada de anunciar las medidas, que se sucedían día a día.
Primero lanzó el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE), que obliga a las grandes compañías de consumo masivo a detallar precios, cantidades vendidas y stock de todos los artículos.
Hace dos semanas, Comercio Interior creó el Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas (SIFIRE), que promueve cambios en los etiquetados de los productos. Y el jueves pasado intimó a tres grandes empresas a realizar modificaciones en sus envases.
El viernes pasado, intimó a las grandes empresas de los sectores de comercio e industria a fabricar, distribuir y comercializar al máximo de su capacidad instalada, mientras dure la emergencia sanitaria. Si las empresas no cumplen podrían recibir sanciones previstas en la Ley de Abastecimiento. La intimación llegó a las 1.000 firmas de mayor facturación. La lista incluye a los principales fabricantes de productos de consumo masivo, entre ellos Mastellone, Molinos, Fargo, Unilever, P&G y Paladini.
Por otro lado, el Gobierno prolongó hasta el 15 de mayo el acuerdo de Precios Máximos que vencía hace quince días y que se viene extendiendo desde hace más de un año. Esta vez la extensión se hizo sin autorizar subas ni reducir la cantidad de artículos incluidos en ese listado.
Finalmente, esta semana se instauró un nuevo código de Buenas Prácticas Comerciales que es complementario de la Ley de Góndolas. Uno de los principales cambios que deberán hacer los supermercados de acuerdo al nuevo código es que todos los productos deberán exhibirse de manera uniforme. (Clarín)