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El oficialismo del Senado condiciona a Martín Guzmán: buscan que el desembolso del FMI no sea para pagar deuda

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Hay temor a que los bonistas se niegan a aceptar una oferta que no esté respaldada por un plan económico que la respalde y la aprobación del FMI. Por: Gustavo Bazzan Se puede negociar con un deudor sin que éste le cuente al acreedor, en términos más o menos detallados el plan de largo plazo detrás del cómo, cuánto y cuándo le va a pagar el monto que se acuerde pagar después de la renegociación? Es lo que se preguntan Estados Unidos analistas que vienen siguiendo bien de cerca el complejo escenario en el que están envueltos el gobierno de Alberto Fernández, el Fondo monetario internacional y desde ya, los bonistas, que son quienes le prestaron plata a la Argentina a tasas más o menos razonables (de entre el 5 y el 7%) y quiere saber cómo recuperarán al menos una parte importante de lo que prestaron. Hay un cuarto actor, el gobierno de los Estados Unidos, que sigue de cerca todo y en última instancia podría influir sobre las decisiones que termine adoptando el FMI. Pero la ausencia de un plan concreto, que Argentina escamotea, llama la atención, y no de la mejor manera. Más allá de las reuniones “constructivas” que vienen llevando adelante funcionarios argentinos y del FMI, y de las señales de apoyo de Estados Unidos a la Argentina, los interrogantes que genera el hecho de que los acreedores se sienten a negociar a ciegas despierta suspicacias. En diversas conversaciones que este periodista mantuvo en Washington a lo largo de esta semana -en el marco de un viaje organizado por la cámara de empresas norteamericanas (AmCham), la sensación es que el original camino elegido por la Argentina es por lo menos riesgoso. Avezados conocedores de la forma de trabajar del FMI consideran que las conversaciones entre el organismo y la Argentina no han podido adquirir la densidad necesaria en este tipo de situaciones. Para los analistas no alcanza con que el FMI haya puesto por escrito la palabra “insostenible” al calificar la deuda argentina. Pero el Gobierno se aferra a esa definición para, supuestamente, avanzar por el camino de una oferta muy agresiva que los bonistas deberá tomar o rechazar. El riesgo es, precisamente, que la rechacen, porque en ese caso, dada la escasez de fondos disponibles, la Argentina marcharía directo al default. Dado que los bonos emitidos por Argentina incluyen la cláusula de acción colectiva, Argentina necesita que no menos del 66% de los acreedores acepten la oferta. Es difícil seducir a esa masa de bonistas con una propuesta demasiado amarreta. Por eso la palabra default resuena repetidamente en Washington. En esta ciudad Clarín escuchó de boca de analistas de primera línea que el Gobierno no tiene tiempo ni dólares para evitar un desorden importante. No al menos si no llega a un acuerdo sólido con el FMI. Y más allá de que el Fondo puso la etiqueta “insostenible” también quiere cobrar. Y el FMI cederá a cambio de que Argentina muestre un plan consistente. Y lo que los bonistas quieren es que les muestren ese plan también a ellos, porque las chances de acordar, sin el “sello de calidad” del FMI, son menores. En las conversaciones a las que asistió Clarín, y cuyas fuentes pidieron no ser identificadas, se escucha más o menos la misma conclusión, que podría resumirse así: “Lo mejor para la Argentina es acordar, y eso el Presidente Alberto Fernández lo sabe, pero no hay claridad en que el país esté en condiciones de ofrecer algo que los acreedores puedan aceptar”. Las dudas persisten pese a la fluidez que parecen haber alcanzado las conversaciones con el FMI, y mientras la misión del organismo permanece en Buenos Aires. El nuevo desplome de Wall Street no debería ocultar que el riesgo país argentino se disparó ayer a un nivel récord en lo que va de la gestión Fernández. Puede ser una señal del humor de los bonistas. Pese a este panorama escaso en optimismo, no faltan quienes apuestan a que la Argentina pueda terminar zafando y evite un nuevo default. Hay quienes sostienen que dado que el problema del país es de liquidez más que de solvencia (acumulación de vencimientos en el corto plazo sin posibilidad de refinanciarlo a tasas razonables) las distancias entre acreedor y deudor no serían insalvables, apelando a patear pagos algunos años y retocando los cupones de intereses. La incertidumbre es enorme, los días corren y ya falta menos para que se den vuelta las barajas sobre la mesa. (Clarín)
Oscar Parrilli - Foto: Prensa Senado

Según publica Clarín Este jueves la comisión de Presupuesto trata un proyecto de declaración presentado por Oscar Parrilli.

Por: Jazmín Bullorini

En la previa a la reunión de Martín Guzmán con la titular del Fondo Monetario, la interna entre el ministro de Economía y el kirchnerismo suma un capítulo. El bloque oficialista del Senado, que responde a Cristina Kirchner, convocó a la comisión de Presupuesto para tratar este jueves el proyecto encabezado por Oscar Parrilli, en el que piden que el desembolso del Fondo Monetario Internacional – estimado en 4350 millones de dólares- sea usado para “paliar la pandemia” y no para pagar “deuda o intereses”.

Se trata de un proyecto de declaración presentado hace 10 días y firmado, además de por Parrilli, por el jefe del bloque del Frente de Todos del Senado, José Mayans, por Anabel Fernández Sagasti, Carlos Caserio, María de los Ángeles Sacnun, Alfredo Luenzo, José Neder y Jorge Taiana.

Este jueves, a partir de las 10, la comisión de Presupuesto que preside Caserio lo debatirá para dictaminar y llevarlo a la próxima sesión. Para Juntos por el Cambio todo es parte de “la interna oficialista”.

“Vamos a debatir un proyecto en el que el bloque oficialista le dice a Guzmán que cuando llegue el fortalecimiento de las reservas por el ampliación de los derechos especiales de giros los tiene que gastar en cosas de la pandemia. ¿Para que son una coalición gobernante? Se pueden sentar entre ellos a verlo. ¿Por qué hay un proyecto para discutir esto en Congreso? Es una tensión interna de ellos”, declaró el senador radical, Martín Lousteau.

Concretamente, el texto solicita que “los fondos que le corresponden a la Argentina como consecuencia de la próxima emisión de Derechos Especiales de Giro del FMI se apliquen para financiar la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a resolver los graves problemas de la sociedad argentina derivados de la pandemia de COVID 19, tales como salud, reducción de la pobreza, educación, vivienda, generación de trabajo, entre otros, y no a al pago de la deuda por capital, intereses o gastos, que el país mantiene con dicho organismo financiero internacional y/o con otros países englobados en el Club de París y que en ambos casos se encuentran en vías de negociación”.

En la fundamentación señalan que “se han manifestado algunas voces en Argentina que indican que el Gobierno debería analizar la posibilidad de destinar la parte que le corresponde de esta nueva emisión al pago de vencimientos con el FMI y el Club de París” de este año.

En ese sentido, imponen su postura: “A nuestro entender, esta decisión configuraría un grave error económico, social y político y no se cumpliría con el principal objetivo que dicen tener dichos fondos, ya que a través del pago de deuda el dinero volvería a los países ricos, aumentando la desigualdad e inequidad”, señalan y advierten que “los datos de pobreza son alarmantes” y que “nunca el país se vio en circunstancias tan tremendas”.

El tratamiento de este proyecto se da días después de la fuerte pelea entre el kirchnerismo y Guzmán por la salida frustrada del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo; hombre que responde a la vice presidenta. Una pelea en la que finalmente hubo tregua, aunque el ministro quedó debilitado.

A su vez, ocurre justo cuando se confirmó que Guzmán se encontrará con la directora del FMI, Kristalina Georgieva,​ el viernes que viene en el marco de la gira con el presidente Alberto Fernández a Europa.

No es la primera vez que el kirchnerismo desde el Congreso busca condicionar el accionar del ministro de Economía.

Cuando el funcionario envío la ley para que el Congreso tenga que avalar los endeudamientos con el FMI, el bloque oficialista le agregó un artículo que lo limita: estipuló que los fondos no podían usarse para financiar gastos corrientes. (Clarín)

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