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Llegan a la Argentina los US$ 4.350 millones y el FMI reclama un uso “responsable” de los fondos

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Hay temor a que los bonistas se niegan a aceptar una oferta que no esté respaldada por un plan económico que la respalde y la aprobación del FMI. Por: Gustavo Bazzan Se puede negociar con un deudor sin que éste le cuente al acreedor, en términos más o menos detallados el plan de largo plazo detrás del cómo, cuánto y cuándo le va a pagar el monto que se acuerde pagar después de la renegociación? Es lo que se preguntan Estados Unidos analistas que vienen siguiendo bien de cerca el complejo escenario en el que están envueltos el gobierno de Alberto Fernández, el Fondo monetario internacional y desde ya, los bonistas, que son quienes le prestaron plata a la Argentina a tasas más o menos razonables (de entre el 5 y el 7%) y quiere saber cómo recuperarán al menos una parte importante de lo que prestaron. Hay un cuarto actor, el gobierno de los Estados Unidos, que sigue de cerca todo y en última instancia podría influir sobre las decisiones que termine adoptando el FMI. Pero la ausencia de un plan concreto, que Argentina escamotea, llama la atención, y no de la mejor manera. Más allá de las reuniones “constructivas” que vienen llevando adelante funcionarios argentinos y del FMI, y de las señales de apoyo de Estados Unidos a la Argentina, los interrogantes que genera el hecho de que los acreedores se sienten a negociar a ciegas despierta suspicacias. En diversas conversaciones que este periodista mantuvo en Washington a lo largo de esta semana -en el marco de un viaje organizado por la cámara de empresas norteamericanas (AmCham), la sensación es que el original camino elegido por la Argentina es por lo menos riesgoso. Avezados conocedores de la forma de trabajar del FMI consideran que las conversaciones entre el organismo y la Argentina no han podido adquirir la densidad necesaria en este tipo de situaciones. Para los analistas no alcanza con que el FMI haya puesto por escrito la palabra “insostenible” al calificar la deuda argentina. Pero el Gobierno se aferra a esa definición para, supuestamente, avanzar por el camino de una oferta muy agresiva que los bonistas deberá tomar o rechazar. El riesgo es, precisamente, que la rechacen, porque en ese caso, dada la escasez de fondos disponibles, la Argentina marcharía directo al default. Dado que los bonos emitidos por Argentina incluyen la cláusula de acción colectiva, Argentina necesita que no menos del 66% de los acreedores acepten la oferta. Es difícil seducir a esa masa de bonistas con una propuesta demasiado amarreta. Por eso la palabra default resuena repetidamente en Washington. En esta ciudad Clarín escuchó de boca de analistas de primera línea que el Gobierno no tiene tiempo ni dólares para evitar un desorden importante. No al menos si no llega a un acuerdo sólido con el FMI. Y más allá de que el Fondo puso la etiqueta “insostenible” también quiere cobrar. Y el FMI cederá a cambio de que Argentina muestre un plan consistente. Y lo que los bonistas quieren es que les muestren ese plan también a ellos, porque las chances de acordar, sin el “sello de calidad” del FMI, son menores. En las conversaciones a las que asistió Clarín, y cuyas fuentes pidieron no ser identificadas, se escucha más o menos la misma conclusión, que podría resumirse así: “Lo mejor para la Argentina es acordar, y eso el Presidente Alberto Fernández lo sabe, pero no hay claridad en que el país esté en condiciones de ofrecer algo que los acreedores puedan aceptar”. Las dudas persisten pese a la fluidez que parecen haber alcanzado las conversaciones con el FMI, y mientras la misión del organismo permanece en Buenos Aires. El nuevo desplome de Wall Street no debería ocultar que el riesgo país argentino se disparó ayer a un nivel récord en lo que va de la gestión Fernández. Puede ser una señal del humor de los bonistas. Pese a este panorama escaso en optimismo, no faltan quienes apuestan a que la Argentina pueda terminar zafando y evite un nuevo default. Hay quienes sostienen que dado que el problema del país es de liquidez más que de solvencia (acumulación de vencimientos en el corto plazo sin posibilidad de refinanciarlo a tasas razonables) las distancias entre acreedor y deudor no serían insalvables, apelando a patear pagos algunos años y retocando los cupones de intereses. La incertidumbre es enorme, los días corren y ya falta menos para que se den vuelta las barajas sobre la mesa. (Clarín)
El presidente Alberto Fernández y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva

Según publica Clarín Se trata de una parte de la histórica asignación extra de US$ 650.000 millones en DEG para contener la crisis económica por la pandemia.

Por: Paula Lugones

El Fondo Monetario Internacional comenzó a distribuir este lunes una histórica asignación extra de US$ 650.000 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) entre sus países miembros, una medida pensada para contener la crisis económica mundial por la pandemia y que brindará un gran alivio para la Argentina porque recibirá dinero fresco equivalente a unos US$ 4.350 millones.

La iniciativa, dijo la directora gerente Kristalina Georgieva en un comunicado difundido este lunes, significa “una vacuna en el brazo para el mundo y, si se usa sabiamente, una oportunidad única para combatir esta crisis sin precedentes”.

Sin bien el Fondo explica que las partidas pueden ser usadas “libremente” por los países, en una nota aparte donde se detalla la asignación advierte que estos nuevos recursos deben ser utilizados por los países de manera “coherente con la sostenibilidad macroeconómica y de forma transparente”, y señala que no deben “retrasar los ajustes macroeconómicos, las reformas y la reestructuración de la deuda necesarios, ni prolonguen las políticas macroeconómicas insostenibles”.

El monto que recibe cada país es en función de su cuota. La mayor parte de la asignación iría a los países avanzados, mientras que los emergentes y en desarrollo recibirían un 42%. Con un 0,67% de cuota en el organismo, a la Argentina le corresponden US$ 4.355 millones.

“La asignación de DEG proveerá liquidez adicional al sistema económico global, suplementando las reservas de los países en moneda extranjera y reduciendo la dependencia de una deuda interna o externa más cara. Los países pueden utilizar el espacio proporcionado por la asignación de DEG para apoyar sus economías e intensificar su lucha contra la crisis”, dijo Georgieva.

La jefa del Fondo señaló que, dado que los DEG serán distribuidos entre los países en forma proporcional a la cuota parte en el organismo, cerca de US$275.000 millones irán a países emergentes y en desarrollo, mientras que los países de bajos ingresos recibirán unos US$21.000 millones.

Estas sumas extra, dice Georgieva, “son un recurso valioso y la decisión de cómo usarlos mejor queda en manos de nuestros países miembros”. Sin embargo, la jefa del Fondo advierte que “esas decisiones deberían ser prudentes y bien informadas”. Ayer, en un tuit, había señalado que deberían ser utilizados “de manera responsable y sabia”.

El Fondo seguirá de cerca el uso de esos recursos y buscará asegurarse que no se deriven a destinos fuera del objetivo. “Para apoyar a los países, y ayudar a asegurar transparencia y rendición de cuentas, el FMI provee un marco para evaluar las implicaciones macroeconómicas de la nueva asignación, su tratamiento estadístico y gobernanza, y cómo podría afectar la sostenibilidad de la deuda”, señaló Georgieva. Y agregó que habrá un informe de seguimiento sobre el uso de los DEG dentro de dos años.

El Gobierno ya decidió que una gran parte de lo que recibirá del Fondo será destinado este año para cancelar vencimientos de la deuda con el propio FMI por unos US$ 3.600 millones en cuotas de US$ 1.800 millones que vencen en septiembre y diciembre. También servirá para calmar las presiones cambiarias en momentos de incertidumbre preelectoral.

El Fondo también busca que los países más ricos (que dada su cuota parte serán los que más dinero reciban) cedan su parte a los más pobres. Argentina promueve esta idea pero busca ampliarla: quiere que las naciones con economías más sólidas ayuden además a los países de ingreso medio, como el nuestro. El organismo parece estar, al menos por ahora, solo buscando apuntalar a los países más pobres.

“El FMI está alentando la canalización voluntaria de algunos DEG desde los países con posiciones externas sólidas a los países más necesitados”, dijo Georgieva, y señaló que “en los últimos 16 meses, algunos miembros ya se han comprometido a prestar US$ 24.000 millones, incluidos US$ 15.000 millones de sus DEG existentes, al Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza del FMI, que otorga préstamos en condiciones favorables a países de bajo ingreso. Esto es sólo un comienzo, y el FMI seguirá trabajando con nuestros países miembros para aprovechar este esfuerzo”, dijo.

“El FMI también está colaborando con sus países miembros en la posibilidad de crear un nuevo Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad, que podría utilizar los DEG canalizados para ayudar a los países más vulnerables con la transformación estructural, incluida la lucha contra los desafíos relacionados con el clima. Otra posibilidad podría ser canalizar los DEG para apoyar los préstamos de los bancos multilaterales de desarrollo”. (Clarín)

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