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Vialidad: El fiscal inicia su alegato el lunes basado en tres toneladas de pruebas que complican a Cristina Kirchner

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Una de las tantas rutas sin terminar de asfaltar en Santa Cruz - Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz
Lazaro Baez junto a Cristina Kirchner - Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Según publica Clarín Diego Luciani, quien comienza su alegato, está convencido que durante el debate “se fortalecieron” las evidencias sobre la maniobra para favorecer a su ex socio y amigo de Néstor Kirchner.

Por: Lucía Salinas

En Comodoro Py no dudan al sostener que se trata de una de las causas de mayor envergadura en materia de corrupción. La dimensión del expediente puede expresarse en números: tres toneladas de documentación, 51 licitaciones bajo análisis, $ 46.000 millones de partida presupuestaria, una ventana de tiempo de doce años de contratos, embargos por más $ 100.000 millones, más de cien testigos que pasaron por el estrado, 120 audiencias celebradas. Son tres los delitos que estructuraron las acusaciones que llevaron a la vicepresidenta a su primer juicio oral por presunta corrupción, las pruebas en su contra, según fuentes del caso, “se fortalecieron a lo largo del debate”.

En mayo de 2019 Cristina Kirchner se sentó, por primera vez, en el banquillo de los acusados. El juicio por la presunta corrupción en la obra pública transita sus instancias finales. Este lunes el fiscal Diego Luciani iniciará con sus alegatos. El Ministerio Público Fiscal -en sus diversas instancias- está de acuerdo en algo: las acusaciones del dictamen de elevación a juicio “se fueron fortaleciendo a lo largo de las audiencias.

La imputación sostiene que existió una “organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos”. 

Las pruebas que sustentas esos números, son parte de un informe de  Vialidad Nacional de la gestión macrista, también se tuvo en cuenta un estudio de las 51 licitaciones que encararon los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. De este trabajo se desprende un dato: cada contrato vial es un expediente de quince cuerpos, más otros nueve cuando se realizaron redeterminaciones de precios, y en el caso de las obras más complejas, los folios ascienden considerablemente.

Es decir, sólo en los expedientes administrativos de las licitaciones bajo investigación son más de 1.224 cuerpos. A eso debe sumarse el extenso informe que realizaron los fiscales durante la instrucción de más de 800 páginas.

Los testimonios que se sumaron durante el juicio fueron relevantes, aseguran fuentes del caso, pero el sustento primario de esta causa “es en gran medida la prueba documental”, que en total acumulada son 3.000 kilos de informes, licitaciones, análisis de expedientes viales, recorridos administrativos, pericias, entre otros aspectos. Es decir: tres toneladas de documentación sustentan las acusaciones contra Cristina Kirchner y los otros doce imputados.

El Ministerio Público Fiscal sostuvo durante la investigación, que en base a esas toneladas de información a la cabeza de esa “estructura criminal” estuvo Cristina Kirchner en carácter de jefa de la asociación ilícita. Fue la obra pública vial “el medio propicio para obtener dinero del Tesoro Nacional”. El señalamiento es mayor: los ex presidentes “convirtieron en empresario de la construcción a Lázaro Báez, a quien habrían de enriquecer a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad”.

Esto también tiene un número de referencia: La Justicia determinó que la evolución del activo de la empresa que ganó 51 licitaciones, en tan sólo 11 años fue de un 42.678%, si se toma en cuenta que el primer año de funcionamiento Austral tuvo un activo por 4 millones de pesos y en 2014 superó los 1.700 millones de pesos.

Para llegar a esos números se analizó el crecimiento sostenido en los bienes de Báez desde el año 2002 al 2014. En 2002 declaró bienes por $1.123.181. Ya para el 2014, su declaración incluyó bienes por un valor de $137.373.319, “de ello se deduce que el período señalado los bienes de Báez aumentaron en orden al 12.131%”. La justicia después le atribuyó una fortuna de 205 millones de dólares.

Tales cifras se desprenden de los diversos informes confeccionados durante la instrucción y que según indicaron fuentes judiciales, “fueron acusaciones que a lo largo de las audiencias se fortalecieron, el caudal de documentación permitió comprender los testimonios escuchados”.

Otro de los conceptos que estructuran la acusación, fundada en parte de la cuantiosa documentación, refiere a una “matriz de corrupción” donde todos cumplieron un rol que permitió “un éxito continuo y permanente del plan delictivo concertando sucesivos proyectos para hacerse ilícitamente de los fondos públicos”.

Para dar sustento a este planteo, se basaron en los informes de las licitaciones que arrojaron diversas irregularidades que expusieron “la configuración de un esquema de beneficios exclusivos diseñado en favor de Báez”: desde connivencia y tráfico de información con Báez, falta deliberada de controles, pagos anticipados con resoluciones hechas a medida, designación de personas que habían trabajado en Austral Construcciones en puestos claves en Vialidad Provincial (comitente de las obras)”. Todo expuso, para los acusadores, “la complicidad de funcionarios”.

A las irregularidades administrativas, se sumó el caso reiterado de “simulación de la competencia de precios, para asegurarle la adjudicación al Grupo Báez”: competían en algunos casos, sólo empresas del holding, el triunfo estaba garantizado. Como parte de la misma maniobra, se expuso durante el juicio otro factor: los incrementos derivados de las redeterminaciones de precios y sus sucesivas modificaciones presupuestarias.

El informe inicial de Vialidad concluyó que el sobreprecio promedio fue del 65%. Una pericia que sólo en sus conclusiones contaba con más de 300 páginas, sostuvo que en cinco casos testigos se aplicaron sobrecostos de 170 a 220 millones de dólares. Llevaba la firma de los peritos oficiales y el que actuó en representación de la fiscalía del juicio. En tanto, la perito por parte de la vicepresidenta, dijo que no existió ningún sobreprecio.

En total 24 contratos que Báez tenía hace más de una década quedaron inconclusos, las modificaciones de los costos fueron constantes, “aún sin los certificados de obras correspondientes” indica la acusación. Este planteo se afirmó en base al informe de Vialidad y al análisis emprendido por la fiscalía en etapa de instrucción, más las testimoniales de especialistas y ex personal del organismo vial. (Clarín)

1 COMENTARIO

  1. Y el tribunal de cuentas no es cómplice? Deberían procesar a los responsables por no controlar. Este organismo debería controlar y no lo hace. La otra conclusión es que no hay corrupción por eso no existen denuncias del tribunal de cuentas

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