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Jubilaciones especiales: un informe en manos del Gobierno alerta que generarán un déficit de $ 162.000 millones en 2023

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Kelly Olmos Ministra de Trabajo de la Nación
El Gobierno oficializó el nombramiento de Kelly Olmos para reemplazar a Claudio Moroni en el ministerio de Trabajo - Foto: NA

Según publica Clarín Surge de un informe que el Ministerio de Trabajo le pidió a la Facultad de Económicas y es un compromiso con el FMI.

Por: Juan Manuel Barca

El Gobierno avanzó en un estudio sobre los regímenes de jubilación especiales previsto en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se trata de un informe realizado en diciembre por la Facultad de Ciencias Económicas a pedido de la secretaría de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, que analiza el flujo de fondos de dichos regímenes administrados por ANSES y prevé “déficits crecientes” en los próximos años.

En la legislación, los regímenes especiales refieren a cuestiones de mérito o especificidad de la actividad, por lo que ofrecen condiciones diferentes para la jubilación, como requisitos de edad y años de servicio menores para jubilarse, así como aportes adicionales, que van del 2 al 7%. En la mayoría de los casos se vinculan al sector público, aunque existen algunas excepciones.

El documento reservado al que accedió Clarín contiene proyecciones sobre las cotizaciones (aportes personales y contribuciones patronales) y beneficios del régimen del Poder Judicial, docentes no universitarios, docentes universitarios, trabajadores del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), trabajadores de Luz y Fuerza, investigadores científicos y técnicos, y el servicio exterior de la Nación.

El objetivo de la asistencia técnica, según el informe, es que “brinde información estratégica sobre las obligaciones y los ingresos actuales y futuros que permitan establecer las necesidades de financiamiento de mediano y largo plazo de cada uno de los regímenes especiales” a partir de los datos sobre las poblaciones activa y pasiva de cada régimen especial al 31 de marzo de 2022.

Para los cálculos se utilizaron dos fórmulas sin considerar los ingresos tributarios con los que hoy se financian tanto los regímenes especiales como el régimen general. Uno de ellas estima las necesidades financieras a partir de los ingresos por aportes y los pagos por beneficios (jubilaciones, retiros por invalidez y pensiones por fallecimiento) para cada régimen, incluyendo la población pasiva actual y proyectada.

De allí surge que, en 2023, el régimen de los docentes universitarios arroja un flujo negativo de $ 158.000 millones; Luz y Fuerza, $ 16.000 millones; científicos e investigadores, $ 4.000 millones; el servicio exterior, $ 2.300 millones; y el poder judicial, $ 300 millones.

En cambio, el esquema jubilatorio de los docentes universitarios y los trabajadores de YCRT reflejan un resultado positivo de $ 19.000 millones y $ 2,5 millones, respectivamente.

De conjunto, el déficit proyectado de todos los regímenes es de $ 162.000 millones en 2023, un monto que se incrementa año a año hasta alcanzar los $ 688.000 millones en 2055.

“En términos de flujos de fondos se aprecia que para todos los regímenes (con excepción de Docentes Universitarios y YCRT) los ingresos por aportes y contribuciones son inferiores a los beneficios en el primer año de valuación. Para los regímenes en los que la situación es al revés, la misma se revierte en el corto plazo. En todos los regímenes se tienen déficits crecientes a medida que se va incrementando la población que accede a los beneficios previsionales”, indica el informe.

El segundo método de cálculo, denominado “esquema complementario”, toma en cuenta solo los aportes y contribuciones patronales adicionales al régimen general (en caso de existir) en relación a los beneficios adicionales.

En ese caso, el flujo de fondos total es negativo para todos los regímenes y los déficits también se acrecientan con el aumento de la población beneficiaria, con un rojo total de $ 120.000 millones en 2023.

Según pudo saber Clarín, la cartera laboral mantuvo reuniones con el Ministerio de Economía para analizar los regímenes especiales, un tema que está bajo la lupa del gobierno desde el 2020.

El estudio encargado por las autoridades, además, aparece como una de las medidas fiscales “estructurales” necesarias para el cumplimiento del programa con el Fondo.

“El Ministerio de trabajo en colaboración con la Universidad de Buenos Aires está finalizando un estudio (finales de diciembre de 2022) para facilitar la determinación de opciones para fortalecer la equidad y sostenibilidad del sistema, incluyendo una reducción de la fragmentación”, señaló el staff en la última auditoría. (Clarín)

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