Según publica La Nación Uno de ellos, Ramiro Gutiérrez, había presentado su renuncia a la Comisión de Juicio Político por un viaje previsto, pero finalmente la retiró; otra legisladora massista será reemplazada por problemas familiares; el ministro de Economía se mantendrá al margen del debate.
Por: Laura Serra
Pese a los rumores en contrario, los tres diputados que responden al ministro de Economía Sergio Massa que integran la Comisión de Juicio Político acompañarán el proceso de juicio político de la Corte Suprema que propicia el presidente Alberto Fernández. Uno de ellos, Ramiro Gutiérrez, había presentado su renuncia a la comisión –adujo que tenía un viaje previsto-, pero al final decidió suspenderlo y retirar la dimisión para formar parte del debate, que arrancará en los próximos días.
Tres son los diputados del Frente Renovador que responden a Massa e integran la Comisión de Juicio Político: Gutiérrez, Micaela Morán –quien asumió hace apenas tres meses en reemplazo de Victoria Tolosa Paz- y Vanesa Massetani. Esta última no continuaría como miembro de la comisión por un problema familiar, por lo que el oficialismo la reemplazará con otro integrante en la primera reunión que celebre el cuerpo.
Las especulaciones sobre la continuidad o no de la delegación massista en la comisión comenzaron a rodar ante el sugestivo silencio en el que se refugió el ministro de Economía frente al anuncio del presidente Fernández de pedir el enjuiciamiento contra los cuatro ministros de la Corte Suprema. Las suspicacias se agudizaron cuando uno de los gobernadores más cercanos a Massa, el chubutense Mariano Arcioni, se abstuvo, junto a un nutrido grupo de gobernadores del PJ, de acompañar la cruzada encabezada por el primer mandatario. Eso encendió las alertas en Diputados, y movilizó al massismo a aclarar que acompañarán el proceso de juicio político de los ministros de la Corte.
“Los representantes del Frente Renovador en la Comisión de Juicio Político no se van a bajar y van a dar el debate”, confirmaron a LA NACIÓN fuentes inmejorables del palacio legislativo.
“Somos parte de un espacio político -agregó el diputado Carlos Selva, uno de los lugartenientes de Massa en la Cámara baja-. El pedido de enjuiciamiento generará un fuerte debate, habrá que ver si es factible, pero mi posición personal es que la actuación de algunos sectores de la Justicia agravia a la democracia. Queremos dar una discusión abierta a la sociedad porque vemos que hay un ataque al equilibrio de los tres poderes del Estado”.
Por el momento, Massa se mantendrá al margen del debate legislativo. Según explicaron en la Casa Rosada, el acuerdo tácito es “preservar” al ministro de Economía de una pelea que, en principio, el oficialismo está dispuesto a dar y perder en el Congreso, por falta de votos suficientes. “Hay una decisión política de todos en el espacio de no desgastarlo, de no mancharlo, de no hacerlo jugar batallas que están perdidas”, afirmaron cerca del ministro de Economía.
Todo indica que el pedido de enjuiciamiento contra la Corte ingresará formalmente la semana próxima en la Cámara de Diputados, junto con el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso. Rápidamente, el oficialismo reunirá a la Comisión de Juicio Político, presidido por la oficialista Carolina Gaillard, para arrancar la labor. El Frente de Todos cuenta con mayoría en ese cuerpo, con lo cual se descuenta que abrirá el sumario respectivo contra los jueces; una vez cumplido este paso, los legisladores deberán abocarse a reunir las pruebas que fundamenten las acusaciones formuladas. Una vez concluido este proceso -que no tiene plazo, pero se estima que se prolongaría durante al menos dos meses-, los legisladores deberán elaborar el dictamen correspondiente.
El Poder Ejecutivo focalizará su acusación por mal desempeño contra la Corte en dos ejes principales: el reciente fallo que ordenó restituir fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires -el Gobierno aduce el fallo es político y que afectará al resto de las provincias- y la decisión de tomar las riendas del Consejo de la Magistratura tras exhumar una ley derogada. Uno de los elementos que utilizará el oficialismo para abonar estas acusaciones serán las escuchas (ilegales) entre Silvio Robles -la mano derecha de Rosatti en la Corte Suprema- y funcionarios porteños y dirigentes de Pro.
El kirchnerismo está dispuesto a jugar a fondo en esta embestida. “Lo más importante del proceso de juicio político es la primera etapa, porque vamos a poner en evidencia ante la sociedad cada una de las irregularidades, delitos, mal desempeño y todo lo que hay de la Corte”, afirmó el diputado Rodolfo Tailhade, miembro de la Comisión de Juicio Político. ”Nos preocupa que quede bien visibles quiénes son los jueces de la Corte Suprema. Es absolutamente ilegítimo lo que hizo Rosatti con el Consejo de la Magistratura”.
Eduardo Valdés, hombre cercano a Fernández, anticipó que Robles será una de las personas a citar a la comisión. “Estamos convencidos que corresponde el juicio político -dijo-. Tenemos que mostrar que nuestras pruebas son fehacientes. Hay que destacar la actitud del presidente y de los gobernadores que tuvieron la templanza de pelear por lo que corresponde”.
Por su parte, la oposición anticipó que no se prestará al “circo mediático” que pretende instalar el oficialismo en la Comisión de Juicio Político, aunque aclaró que sus representantes participarán de las reuniones del cuerpo. “Juntos por el Cambio no va a acompañar ningún ataque a la Corte y no acompañará ninguna ley más hasta que esto no pare”, enfatizó Juan López, vicepresidente de la comisión y jefe de bloque de la Coalición Cívica. (La Nación)
