Según publica Clarín El fiscal nacional Marcelo Solimine pidió al juez de su fuero que se declare incompetente y pase la denuncia a la justicia de la CABA. Carrió volvió a respaldar a D’Alessandro.
El ministro de Justicia de la Nación Martín Soria sufrió otro traspié judicial. El viernes pasado había denunciado al ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro por supuestos delitos que surgían de los chats que le hackearon de su celular en la justicia nacional penal ordinaria para que no sea investigado por la justicia porteña.
Pero este martes el fiscal del fuero penal ordinario, Marcelo Solimine, dictaminó que la denuncia de Soria debe ser investigada por la justicia porteña.
Por orden del presidente Alberto Fernández, Soria pese a que se basaba en un robo de chats había pedido que se investigue si el funcionario porteño cometió delitos en el ejercicio de su función, vinculados con el acarreo de automóviles en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y con un intento de favorecer a una empresa que pretendía quedarse con una licitación para ocuparse de destruir una tanda de chalecos antibalas.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió el lunes a respaldar a D’Alessandro. Primero dijo que los contratos por el acarreo de autos “se vienen renovando desde la época de Carlos Grosso como intendente de Buenos Aires” y la empresa Dakota -que pertenecería a uno de los interlocutores- “no ganó ninguna licitación” durante la gestión de D’Alessandro.
Carrió ofreció para probar sus dichos, en el programa “Desde el Llano” del periodista Joaquín Morales Solá, la documentación al respecto que tiene la Auditoría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, Carrió aseguró que durante la gestión de Diego Santilli al frente del ministerio de Seguridad porteño ante una denuncia de ella, el gobierno porteño comenzó a comprar chalecos antibala para la policía de la Ciudad a Fabricaciones Militares.
Por su parte, el fiscal nacional Solimine invocó la Ley 26.702 para señalar que los delitos denunciados forman parte de aquellos cuya competencia le fue transferida a la justicia porteña. Solimine forma parte de la justicia nacional del fuero penal ordinario, no de la justicia penal federal con sede en Comodoro Py.
El escrito fue presentado ante el juez de ese fuero Martín Peluso, a quien el fiscal le requirió “que se declare incompetente en razón de la materia y remita las actuaciones para que prosigan su sustanciación ante el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.
En su presentación, el representante del Ministerio Público Fiscal señaló que el Fuero Criminal y Correccional “sí era competente antes, cuando Buenos Aires era la Capital Federal” pero, a partir de 2003, se inició “un proceso de transferencia de competencias a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los que hoy se encuentran comprendidos todos los tipos penales en los que cabe encuadrar cada uno de los hechos que han sido denunciados y que quedaron reseñados precedentemente”.
El viernes pasado, el ministro Soria, por expresas instrucciones del Presidente de la Nación Alberto Fernández, había presentado la denuncia contra D’Alessandro “por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho (art. 256 CP), enriquecimiento ilícito (art. 268 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (art. 265 CP), peculado (art. 260/261 CP) y exacciones ilegales (art. 266 CP)”.
La denuncia fue realizada sobre la base de que diversas publicaciones de medios periodísticos K dieron cuenta de la supuesta intervención del ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la “concesión del servicio de grúas, las licitaciones para la destrucción de chalecos antibalas de la Policía de la Ciudad y otros posibles hechos de corrupción”.
Al formalizar la denuncia, el ministro Soria explicó a través de un comunicado y de sus redes sociales que “los hechos a ser investigados involucran al mencionado funcionario (D’Alessandro), empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fiscales nacionales” y “la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani”.
Al presentar la denuncia, Soria reclamó que D’Alessandro entregue su teléfono celular, al igual que todos aquellos que resulten relacionados con la investigación. Dijo que la información publicada en distintos medios K daba cuenta de que los posibles delitos habrían quedado expuestos a partir del hackeo y la publicación de los chats en un sitio web fantasma informado primero por el periodista K Néstor Espósito, según el diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade.
En un escrito Tailhade negó ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti haberse enterado antes de la segunda tanda de filtración de chats y dijo que lo informó por radio, el viernes 30 de diciembre, porque le avisó un periodista amigo. Tailhade, al igual que Soria, también pidieron que se investiguen los eventuales delitos que surgirían de los chats robados. (Clarín)
