Según publica Clarín El diputado ultracristinista intentó justificar el uso como prueba legítima de los chats obtenidos en forma ilegal del ministro de Justicia Marcelo D’Alessandro. Pero el juez Ramos comparó ese método con la obtención de confesiones bajo tortura.
El diputado del Frente de Todos (FdT) Leopoldo Moreau lamentó el fallo del juez federal Sebastián Ramos quien cerró la causa contra el secretario del juez de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Silvio Robles, por la violación a los derechos civiles, entre ellos el de la intimidad que supone hacer una denuncia en base a chats obtenidos ilegalmente.
“El fallo de Sergio Ramos deja en evidencia que estamos frente a una Justicia a la carta e independientemente del juez Ramos lo que está claro es que hay una asociación ilícita que negocia fallos”, expresó hoy Moreau en declaraciones a una radio K.
De esta manera, el diputado se refirió a la decisión que tomó hoy el juez Ramos de cerrar la causa contra Robles, abierta a raíz de los chats hackeados con el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, actualmente con pedido de licencia.
Moreau, que fue echado del partido de Raúl Alfonsín quien impulsó el juicio a las juntas por violaciones a los derechos humanos, parece que no leyó la parte del fallo de Ramos que compara el caso con los métodos de la dictadura.
El juez Ramos escribió que la protección de los derechos humanos “sufrió su punto de menoscabo más alto durante la última dictadura militar como se encuentra acreditado en los diversos precedentes sometidos a juicio desde el inicio de la causa n°13/84, en las que se comprobaron testimonios arrancados bajo tortura, secuestro de personas e incluso de sus hijos, su desaparición y todo otro tipo de atropello que no encuentra asidero alguno”, entre otras medidas ilegales.
“Recomponer, en base a los flagelos sufridos a lo largo de la historia el estado constitucional de derecho, llevó y lleva en la actualidad un arduo trabajo, que involucra a la sociedad en su conjunto, de la cual forman parte tanto los funcionarios públicos como aquellos que sobre todo se dedican al derecho, motivo por el que es inadmisible e insostenible, que un proceso se inicie con prueba violatoria a las mínimas garantías constitucionales, y/o lo que es peor aún, que pueda ser iniciada a través de la comisión de un delito penal”, agregó el magistrado.
En consecuencia, “no pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso, pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”, explicó el juez Ramos en su fallo.
Moreau dijo que “ellos negociaron dos sentencias, coparticipación y consejo de la magistratura” y señaló que “cada uno de los pasos que Robles le indicó a D’Alessandro (en los chats filtrados) se cumplieron rigurosamente”.
Al respecto, el diputado opinó que “la Justicia argentina está obturada” y que este tipo de fallos “demuestra que la Justicia independiente no existe en nuestro país”.
“Con este fallo van a tratar de eximir a (el fiscal Juan Bautista) Mahiques y a todos los del Lago Escondido”, evaluó Moreau sobre la causa que investiga el viaje realizado en octubre pasado por jueces, exmiembros de inteligencia y directivos del Grupo Clarín a la estancia del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido.
En ese sentido, manifestó que “hay que hacer como hizo Lula (da Silva), recurrir a la Justicia internacional”.
También, el diputado llamó la atención sobre “la velocidad con que se dictó” el fallo de Ramos y, en esa dirección, sostuvo que “hay un Código Procesal Penal para algunos y otro para otros”.
“Al revés fueron presos (Carlos) Zannini, Héctor Timerman, me refiero a la causa de memorándum con Irán, la cual reabrieron por escuchas ilegales”, ejemplificó el legislador. Moreau se equivocó porque el fallo de Casación nunca declaró prueba legítima un audio en el que Timerman dijo “la bomba la pusieron los iraníes” al hablar ante familiares de los 85 muertos en el atentado contra la AMIA.
Y sumó el caso del fiscal Carlos Stornelli, quien “se presentó con escuchas ilegales de AFI a acusar al diputado Eduardo Valdés” en la causa del Operativo Puf contra el caso de los Cuadernos de las Coimas. Otra vez se equivocó porque las escuchas al teléfono púbico de la cárcel de Ezeiza, donde estaba detenido la mano derecha de De Vido, Roberto Baratta, fueron ordenadas por el juez de Lomas de Zamora, Federico Villena. Y en febrero de 2019, el juez Claudio Bonadio le pidió autorización para acceder a ellas y agregarlas a una causa de Operativo Puf.
“¿Qué van hacer con todos los camaristas que fueron a avalar esa causa, los van a procesar por escuchas ilegales?”, cuestionó Moreau con pretendida ironía. (Clarín)
