Según publica La Nación Gran parte de los precios que tienen componentes importados se fijan estimando el valor de reposición; las licencias para comprar al exterior se entregan a 270 días y se aplican valores de ese momento.
Por: Diego Cabot
No hay empresario ni ejecutivo de primera línea, de esos que se sientan en contadas sillas, que no tenga diálogo constante y frecuente con Sergio Massa. Escuchan de primera mano las intenciones y los pedidos del ministro de Economía. Claro que esas intenciones suelen no ser más que eso cuando de la teoría pasan al terreno de la praxis.
Pero hay algunas que sí son operativas y que dependen de su decisión o de la de los que trabajan directamente con ellos. Una de ellas es simple: las góndolas no pueden estar vacías hasta fin de año. “No quiero ver las chapas”, le escuchó decir a Massa un interlocutor.
Se refería, metafóricamente, a los estantes donde se colocan los productos a la venta. Ese pedido simple para un país que circule por el andarivel de la normalidad esconde, para la Argentina, toda una definición. Sucede que, para seguir con la ilustración del ministro, las góndolas llenas implican un alto costo, ya que importar productos o insumos implica un desembolso que se mide en dólares, pero se recauda en pesos. “El precio no importa, no pueden faltar productos”, cerró la charla el funcionario, según testigos.
Por estos días, con los precios de los alimentos desatados, la gran mayoría de los actores del sector ubican esa explicación en dos razones. La primera, el rotundo fracaso de Precios Justos; la segunda, las expectativas de un dólar mucho más alto. Esto genera una consecuencia letal para la inflación: gran parte de los productos que hoy se venden tiene un componente de precio que valida un dólar de alrededor de 450 pesos.
De aquella definición se salta a la microeconomía, una de las áreas que menos miran los funcionarios y los líderes de la oposición. Aquellos interlocutores se dieron vuelta para poder operar esa directiva. Los actores del consumo tienen un problema nada menor: recaudan en pesos y pagan en dólares. Está bien que a dólar oficial. Ahora bien, ¿a qué valor de dólar oficial? Y ahí está el punto central del asunto, ya que las licencias para importar se aprueban a 270 días, aproximadamente. Esto significa que alguien que está autorizado a comprar productos en el exterior tendrá que desembolsar los dólares entre diciembre de este año y enero de 2024.
Y entonces, la pregunta: ¿a qué precio? Liberados en esto de tener que llenar góndolas a cualquier precio, la cobertura se hace en mercados de futuros. Dicho esto, por ejemplo, quien tenga pesos en su cartera y una licencia para importar para diciembre y recurra al Rofex, el principal mercado de futuros de la Argentina, validará un precio para el último día del año, cuando se ejecuta el contrato de cambio, de 415 pesos. Para el que deba hacer su pago en enero próximo, deberá pensar en una divisa de 445 pesos y los desafortunados de febrero, podrán fijar precios con una moneda estadounidense que el mercado cree que estará en 475 pesos.
De vuelta a las góndolas, a los precios y a la inflación, pues lo que sucede en la microeconomía es que ese dólar de más de 400 pesos que esperan los que compran y los que venden ya se traslada al precio de hoy de un producto por una simple razón: el precio de reposición que se calcula está relacionado con aquella importación con la que logrará reponer el stock.
La secuencia de semejante descalabro, sofisticado y financiero, finalmente llega a los consumidores: los precios de miles de productos. De hecho, no es ninguna casualidad que los índices de inflación de los alimentos hayan mostrado sus niveles más altos fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien el índice nacional mostró un aumento de 9,8%, en el Noroeste y en el Noreste fue de 10,6%, y en el Gran Buenos Aires, de 10,2%. La explicación está en estas conductas de miles de empresarios, medianos, pymes y grandes, que descuentan el valor de reposición de sus ventas de hoy mediante un precio más alto.
En la Argentina hay alrededor de 280.000 bocas de expendio de alimentos, bebidas y productos de limpieza. De ese número, los grandes supermercados suman 70.000. El resto, 210.000, se reparten entre negocios medianos y pequeños comercios. Nadie controla los precios ahí. De hecho, ya son muchos los empresarios pymes de la alimentación que prefieren no vender a los supermercados. Es decir, pasar por góndolas más resistentes a los inconducentes acuerdos de precios del secretario de Comercio, Marías Tombolini. De hecho, la gran mayoría de los que tienen a estos funcionarios de interlocutores refieren que ponen mucha más atención a las licencias de importación que a los precios en las góndolas. Dicen, le es más redituable en términos políticos políticos y económicos. Nadie sabe si esa aseveración se refiere a la macroeconomía o a la microeconomía propia.
Mientras tanto, la Argentina está a 250 días de un cambio de Gobierno. Poco se habla, o nada, mejor dicho, pero el 11 de diciembre, cuando un nuevo presidente pise Balcarce 50, lo esperará una enorme deuda invisible. Se trata de la deuda comercial de importaciones que se autorizaron en la gestión actual y que se deberán pagar entonces.
Nadie se atreve a decir cuánto será ese número, pero los que lo miran con atención reconocen que hoy ya suma 11.000 millones de dólares. Se habla de que quedará entre alrededor de 22.000 y 24.000 millones de dólares. Es una anécdota el número final. Pero será una deuda que la Argentina tiene con los proveedores privados de todo el globo. Y eso, no se puede defaultear. (La Nación)
