Según publica Clarín En Comodoro Py, la Justicia Penal y la Contravencional porteña se indaga desde lesiones hasta violencia institucional, además de un supuesto “plan sincronizado”.
Por: Lucía Salinas
Los incidentes ocurridos durante la protesta posterior al asesinato del chofer de la línea 620 Daniel Barrientos derivaron en cuatro expedientes judiciales con diversos hechos bajo investigación. Mientras la interna política del Gobierno condujo a Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia, a modificar su estrategia frente a la Justicia, en Comodoro Py se denunció un “plan sincronizado”. En la Justicia nacional, el ministro bonaerense Julio Alak planteó “hechos de gravedad institucional”, y el fuero contravencional avanza para clarificar los hechos de violencia.
Luego de la sorpresa y la conmoción, el kirchnerismo buscó instalar que la agresión que sufrió Berni respondía a un ataque planificado. El hecho de inseguridad en La Matanza fue calificado como “inédito” por el gobernador Axel Kicillof, que abonó la tesis de un plan organizado para atacar a un funcionario público.
En Comodoro Py -fuero penal federal- se radicó una denuncia para que se investigue a los autores de los “hechos violentísimos”, contra Berni. El texto, ya judicializado, plantea como hipótesis que el ataque al ministro no habría sido espontáneo.
La presentación fue realizada por la abogada Valeria Carreras en su carácter de ciudadana y como vicepresidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana del CAAL.
Para la abogada, la golpiza “no fue un accionar espontáneo, ni nacido del dolor de haber perdido un compañero de trabajo en un hecho de inseguridad, sino que obedece a un plan de acción sincronizado”.
Bajo este mismo argumento, Carreras expuso que “la organización de los atacantes, autores materiales de los golpes y la arenga que incitó a la violencia, serían del espacio político liderado por la señora Patricia Bullrich”.
Esta causa quedó radicada en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.
En la Justicia Penal Contravencional porteña también se investigan los hechos de violencia del lunes. El fiscal Carlos Fel Rolero Santurian y la jueza Luisa María Escrich (Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 20) analizan la acusación contra algunos manifestantes por lesiones leves, atentado y resistencia a la autoridad.
Luego de violentos allanamientos que generaron una fuerte polémica por la magnitud del despliegue de fuerzas policiales, en la madrugada del jueves se concretaron dos detenciones. Se trata de dos colectiveros, que el mismo día por la noche recuperaron su libertad tras declarar en la fiscalía.
Berni había dicho que no iba a radicar ninguna denuncia por los golpes que recibió. Sin embargo, luego se plegó a la teoría que el kirchnerismo salió a instalar sobre una posible organización del ataque, y le informó al fiscal Rolero Santuarian que instará la acción penal.
Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, el ministro bonaerense “pidió que se siga adelante con la causa y que se llegue hasta las últimas consecuencias”.
En declaraciones radiales el fiscal del caso sostuvo que hasta el momento “no hay elementos para determinar que hubo una organización previa para golpear a Sergio Berni” y que, por el contrario, quienes estuvieron en el reclamo “actuaron en función de una situación determinada que era provocar una agresión”.
En la Justicia porteña también se abrió una causa por violencia institucional, donde el lunes será indagado el policía que con su escudo agredió a un manifestante.
Finalmente, en la Justicia Penal nacional porteña quedó radicada la denuncia presentada por el ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Alak, quien pidió que “se esclarezcan los hechos que tuvieron como víctima al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni”.
Alak consideró que los hechos sufridos por Berni configuran los “delitos de atentado contra la autoridad, lesiones graves e intimidación pública”.
El argumento central de la denuncia refiere a “la gravedad institucional de lo sucedido que justifica la intervención de la justicia con miras a su esclarecimiento”. En este caso interviene el juez Alfredo Godoy (Juzgado Nacional 24) y la fiscal Romina Monteleone (que subroga la Fiscalía 52).
En tanto, en la Justicia bonaerense se investiga el homicidio del chofer Barrientos. El fiscal Gastón Duplaa ya detuvo a tres personas, pero ninguno habría sido el responsable de gatillar el arma calibre 40 mm. El caso investiga el homicidio agravado por el uso del arma de fuego y también el robo.
Duplaa es el fiscal responsable de la Unidad Funcional de Instrucción de Homicidios de La Matanza, donde según indicaron a Clarín investigan a razón de cuatro crímenes de estas características por semana. (Clarín)
