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Desaparecieron 82 carpetas con información sensible de jueces y vinculan el episodio con los hackeos a celulares

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Corte Suprema

Según publica Clarín Un informe sobre la intrusión de desconocidos a una oficina del Consejo de la Magistratura detectó faltantes de documentación patrimonial de jueces y sobre manipulados. La Fiscalía ordenó nuevas medidas.

Por: Lucía Salinas

El informe general de la Oficina de Declaraciones Juradas que se inició después de que en julio de 2022 se detectó la intrusión a la oficina del Consejo de la Magistratura responsable de resguardar documentación sensible de jueces nacionales y federales, expuso preocupantes datos: actualmente hay 82 sobres desaparecidos que cuentan con anexos reservados, 277 anexos fueron abiertos y 55 documentos manipulados. Además, una caja con el rótulo “JUECES” que se encontraba en otro piso, también llamó la atención.

El fiscal federal Ramiro González recibió un oficio remitido por el secretario general del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, Mariano Pérez Roller, con la copia del “Informe General de la Oficina de Declaraciones Juradas Patrimonial.

El informe fue ordenado tras la intervención que fue dispuesta en el área después de que el 30 de julio pasado desconocidos ingresaron al edificio de calle Sarmiento al 800. No ingresaron a cualquier sector, sino específicamente a aquel que debe resguardar toda la documentación presentada al cierre de cada período fiscal por los jueces y que da cuenta de sus respectivos patrimonios.

La presentación realizada por el Cuerpo de Auditores fue en el marco del expediente que tiene a su cargo el fiscal González para clarificar los hechos que rodearon la manipulación y sustracción de información reservada de más de medio centenar magistrados.

“Si bien por el momento se desconoce a los autores de la sustracción y/o apertura de los sobres con las declaraciones juradas de magistrados y funcionarios que se revelara a partir de los hallazgos denunciados, lo cierto es que la información pública y privada que contienen los mismos es de tal sensibilidad que la difusión de su contenido puede poner en peligro tanto la seguridad como la integridad de los involucrados”, indicó en un dictamen al que accedió Clarín el representante del Ministerio Público Fiscal.

Así, puso de manifiesto la gravedad del suceso y se refirió al reciente caso que investiga la justicia porteña respecto a Ezequiel Nuñes Pinheiro, responsable del hackeo de los celulares de jueces federales y de políticos opositores.

El joven de 22 años, de la localidad misionera Eldorado, según su confesión fue contratado para hackear los celulares de quince “objetivos”, entre los que se encontraban jueces de Comodoro Py: Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

Al respecto el fiscal sostuvo que ha tomado estado publico “diferentes situaciones de injerencia a la intimidad de magistrados y funcionarios cuyos datos podrían haber surgido de la filtración de la información contenida en las declaraciones juradas”, sustraídas del Consejo de la Magistratura.

Los datos del informe general sostienen que algunos de los sobres que contenían información de jueces, a la fecha, “no han podido ser localizados, no habiéndose advertido aún el motivo de su faltante, o si fueron remitidos a alguna otra dependencia…”.

El relevamiento efectuado arrojó la existencia de 82 sobres,que no fueron hallados y que no tienen constancias que expliquen el faltante. Un detalle más: en esos sobres había 43 anexos públicos y 39 anexos reservados, que no se sabe en manos de quién o quiénes se encuentran.

Realizando un detalle más exhaustivo, los auditores refirieron que se corresponden con presentaciones efectuadas con anterioridad al año 2019, “por lo que se encontraba guardada, en principio, en cajas ubicadas en el 4º subsuelo del edificio de Sarmiento 877 de esta ciudad”.

Nadie sabe dónde están esos sobres. A excepción de seis de ellos que deberían haberse encontrado en la caja del año 2011 “que se hallaba en el 8º piso a raíz de una inundación que se produjo en el subsuelo”, se explicó.

Otro de los aspectos analizados fue el de los anexos reservados “con signos de haber sido abiertos sin constancia que acredite su apertura en su exterior”. Los mismos fueron divididos en dos grupos, aquellos encontrados en el relevamiento final y los informados por María Victoria Pérez Bayonzo con fecha 7 de julio pasado.

Estos arrojaron un total de 55 sobres abiertos y/o manipulados.

Pero además se informó que hubo 277 anexos públicos, “que presentaban signos de haber sido abiertos, pero que no tenían constancia que acreditara su apertura en el exterior”.

Un dato fue remarcado en el informe auditor y que alertó a los investigadores: hubo sobres de Anexo Público de magistrados que se hallaban dentro de una caja rotulada “JUECES”, la cual que se encontraba en el despacho del 8º piso.

Se dieron más detalles sobre este hecho. La caja se encontró “al lado del puertín, respecto de los cuales se han encontrado diversos expedientes con pedidos de accesos a tales declaraciones en los expedientes administrativos hallados en las cajas azules ubicadas en el 4º subsuelo y reseñados en el acápite “Otra documentación localizada en el depósito (jaula)”.

El dato es que no fue encontrado ningún pedido que estuviera dirigido exactamente “a dichos magistrados y en tales períodos que justificara que se encontraban separados del resto de la documentación”.

Fuentes judiciales indicaron a Clarín que el listado con los nombres se someterá al plenario del Consejo de la Magistratura esta semana y que se trata de “jueces de Comodoro Py vinculados a causas sensibles”.

Ante este escenario, el fiscal ordenó una serie de nuevas medidas “que permitan dimensionar el cuadro de situación en la que se encontraban dichas declaraciones juradas como así también procurando determinar cómo sucedieron esos faltantes y aperturas”.

Bajo este mismo criterio, el representante del Ministerio Público Fiscal entendió que corresponde “efectuar un exhaustivo análisis del informe que se ejecutara con motivo de la intervención” para evaluar “medidas relacionadas con los damnificados por tales intromisiones”.

Por ese motivo pidió que se cite a prestar declaración testimonial a los prosecretarios letrados que suscribieron el informe sobre el relevamiento final de la oficina de DDJJ Patrimoniales, Pia Barbieri y Tomas Horacio Charni , como así también al secretario de la Corte Pivett.

En el mismo sentido, se requirió al Consejo de la Magistratura una copia de los expedientes administrativos relacionados con los pedidos de acceso a la información vinculados a las “declaraciones juradas halladas en una caja rotulada “Jueces” según se consignara en el informe general”.

Finalmente, se pidió la confeccionar de un documento separado donde se consigne el nombre y apellido de “funcionarios y magistrados cuyas declaraciones juradas estuvieran en los 82 sobres faltantes”. (Clarín)

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