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Vialidad: el fiscal también apeló el monto del decomiso a Cristina y los otros condenados y reclamó casi U$S 1000 millones

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Ruta Nacional Nº40 en Santa Cruz una de las obras que no finalizó Austral Construcciones - Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz
Ruta Nacional Nº40 en Santa Cruz una de las obras que no finalizó Austral Construcciones - Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz
El fiscal federal Diego Luciani - Foto: NA

Según publica Clarín Diego Luciani sostuvo que el dinero que se le debe devolver al Estado es casi el doble de lo que fijo el Tribunal Oral Federal 2. Y pidió a la Cámara de Casación tener en cuenta las declaraciones de los arrepentidos en la causa de los Cuadernos de las Coimas.

Por: Daniel Santoro

La defensas de la vicepresidenta y de otros condenados y el fiscal apelaron esta semana a la Cámara Federal de Casación Penal las penas de prisión y las absoluciones del Tribunal Oral Federal 2 (TOF) 2 en la causa Vialidad.

Pero además, Diego Luciani apeló del monto del decomiso de los bienes de los condenados y el rechazo del tribunal a tener en cuenta los testimonios de los arrepentidos en la causa de los Cuadernos de las Coimas, solicitudes que pasaron casi desapercibida pero es un tema de fondo.

Mientras el TOF 2 fijó un decomiso a todos los condenados de casi 500 millones de dólares para resarcir el robo al Estado, el fiscal Diego Luciani reclamó que se eleve a casi 1000 millones de dólares.

En la causa Vialidad, se investigó el direccionamiento de 3.500 millones de dólares en contratos de obra pública en Santa Cruz a favor del socio de la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Esos aspectos, se suman, a la solicitud de aplicar la figura de la asociación ilícita (actuar en banda) contra los condenados.

Pero antes de empezar a debatir esos temas de fondo hay varios pasos procesales que se deben cumplir. Primero, en las próximas semanas el TOF 2 aceptar las apelaciones y elevarlas a Casación.

Después de ese paso, el presidente de la sala IV de Casación, Gustavo Hornos, tiene tres días para hacer saber a las partes la integración tribunal y luego recibir recusaciones contra sus miembros, informaron a Clarín fuentes judiciales.

Después, Casación dispone de “unos 30 días hábiles” para decidir si acepta o rechaza las recusaciones, proceso que será otra batalla política y judicial.

Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta, ya adelantó que recusará a Borinsky, Hornos y Javier Carbajo, por las visitas de los dos primeros al ex presidente Mauricio Macri.

Sin embargo, en junio del año pasado, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó a Mauricio Macri y a Borinsky y Hornos, en la causa que inició con una denuncia del kirchnerismo por las visitas que esos jueces realizaron a la quinta de Olivos y a la Casa Rosada en forma oficial y pública. Es decir, no se cometió un delito con esas visitas y no hay una causal para recusarlos basada en una causa penal.

Y una vez que se resuelta esa etapa, Casación fijará un cronograma de audiencias para escuchar a las partes antes de decidir si confirma o rechaza el fallo del TOF 2. Ese cronograma, recién empezaría a fines de julio, estimaron las fuentes.

Como la inscripción de candidatos para las PASO vence el 24 de junio, la vicepresidenta tiene tiempo de sobra para anotarse. Además, luego de Casación tendrá la Corte su última palabra antes de que el fallo quede firme y entre eventualmente a regir la prohibición de ejercer cargos públicos.

El lunes, la vicepresidenta reclamó, a través de sus abogados, que Casación Penal la absuelva. En cambio, el fiscal Luciani pidió agrave la pena a la Vicepresidenta y otros acusados y se los condene, además, por el delito de asociación ilícita, como ya se vio.

Este último cargo fue descartado en el voto mayoritario de los jueces del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu con disidencia del tercer magistrado, Andrés Basso. A la Vicepresidenta se la condenó por administración fraudulenta por la adjudicación de 51 contratos de obra pública nacional a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Luciani, y su adjunto Diego Mola, también reclamaron que Casación revoque las absoluciones que favorecieron al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y a los exfuncionarios Abel Fatala y Héctor Garro. Para pedir el procesamiento de De Vido, el fiscal señaló que Báez entró 143 veces en forma oficial a ese ministerio y rescató el testimonio de su ex asesor financiero Leonardo Fariña.

En su apelación, los fiscales afirmaron que los Kirchner tuvieron “la capacidad de parasitar o desmantelar todo el sistema de control y de destrozar los principios que regulan la contratación pública por medio de fórmulas de aparente legalidad”, en referencia a la A.F.I.P., el Registro de Constructores y la Inspección General de Justicia (IGJ).

Para mostrar antecedentes sobre asociaciones ilícitas en un gobierno, recordaron que en 2018, la justicia española condenó, con penas de hasta 51 años de prisión, a 29 de los 37 acusados en el llamado caso Gürtel. Los jueces consideraron que los acusados cometieron los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y blanqueo de capitales, entre otros. Acreditó que entre el Grupo Correa y el Partido Popular “se tejió en diversos territorios una estructura de colaboración estable para manejar contratos de obra púbica”.

Ese mismo año, condenó a penas de entre 3 y 13 años de cárcel a 11 acusados (entre ellos funcionarios públicos), por amañar contratos entre la Generalitat valenciana y la trama Gürtel, para la feria de turismo denominada “Fitur”, entre otros antecedentes.

Más adelante, Luciani valoró el testimonio del actual secretario de Hacienda de la Nación de Sergio Massa, Raúl Rigo, sobre la información incorporada a las llamadas “planillas de obras plurianuales” sobre los contratos para Báez que fueron incluidas en el presupuesto por “la Dirección de Vialidad Nacional”.

Y solicitó que se incorporen los legajos de arrepentidos en la causa de los Cuadernos de las Coimas, como Juan Chediack y Carlos Wagner. El expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (entre el 2004 y 2012) y titular de la empresa constructora ESUCO, Wagner destacó el “rol protagónico que le cupo a De Vido durante los años 2003 a 2015, como cabeza de este grupo cerrado de funcionarios, cuyo propósito era el de asegurar el éxito de los planes criminales trazados desde la Presidencia de la Nación”. Y Wagner puso a disposición de la maniobra a su empresa (ESUCO) para simular competencia con las empresas de Báez.

En las conclusiones, los fiscales citaron al filósofo italiano Norberto Bobbio para quien “en un régimen democrático, es inadmisible la existencia de un poder invisible que actúa en paralelo respecto al Estado y que lo utiliza para rodear e incluso violar impunemente las leyes, así como para obtener favores extraordinarios o ilícitos”.

“Se trata de un poder que busca sustraerse, a través del secreto, de las responsabilidades civiles, penales y administrativas normales. Quien promueve formas ocultas de poder –y quien se adhiere a estas– precisamente desea eso: hurtar sus acciones al control ciudadano, democrático y evitar someterse a las limitaciones impuestas por cualquier constitución democrática”, señalaron Luciani y Mola en la cita de Bobbio.

La fiscalía no tiene dudas de que hubo un “acto de corrupción” y que fue el “más grave de la historia de nuestro país desde el advenimiento de la democracia”. Ahora Casación tiene la palabra. (Clarín)

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