Según publica Clarín Pese a que amenazó con recurrir a la fuerza pública para que declaren los testigos, a cuatro meses de iniciado todavía no pudo llevar a la comisión de Diputados a ninguno de los “reticentes”.
Por: Gustavo Berón
El 26 de enero comenzó una de las más grandes ofensivas que el kirchnerismo desplegó durante estos casi cuatro años contra el Poder Judicial, a partir del pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia por mal desempeño.
Pero lo cierto es que en estos cuatro meses que se cumplirán la próxima semana, el oficialismo sumó un fracaso tras otro, más allá de que es casi imposible que reúna el número en el recinto para avanzar con la destitución de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
Catorce proyectos de pedido de juicio político a los integrantes del máximo tribunal se tomaron para abrir el proceso, que para la oposición “está languideciendo”, más allá del ritual que cada semana se instala en la comisión de Juicio Político que preside Carolina Gaillard (FdT – Entre Ríos).
Al analizar la estrategia del kirchnerismo para avanzar contra la Corte se descubren varios traspiés. Desde antes que se iniciaran las audiencias, el oficialismo buscó apuntalarse en sus alfiles Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés para enviar un mensaje a los testigos que iban a ser convocados al advertir que de no presentarse ante el cuerpo iban a ser buscados con la fuerza pública.
Pero la advertencia con tono de amenaza se fue diluyendo. El abogado Marcelo Mazzeo se negó a declarar como testigo en dos oportunidades y los representantes del Frente de Todos presentaron un pedido ante la justicia para que sea llevado por la fuerza pública.
El kirchnerismo exigía que Mazzeo explique su vínculo con el ex ministro de Seguridad Marcelo D’Alessandro a raíz de la filtración de supuestos chats vinculados con la designación de jueces.
Tampoco pudo el oficialismo traer por la fuerza a Aldo Tonón, el exdirector de la Obra Social del Poder Judicial, quien también faltó a dos citaciones y que volvió a ser agendado para la audiencia de este jueves, aunque fuentes parlamentarias desestimaron que vaya a dar concurrir para responder sobre las irregularidades en la obra social del Poder Judicial.
Sebastian Clerici, el secretario Letrado Corte, es otro de los testigos que fue declarado “reticente” aunque en su caso aún no se hizo el pedido para que se lo cite por la fuerza pública. También figura entre los convocados para esta nueva reunión de la comisión que controla el oficialismo.
En marzo, el kirchnerismo más duro quiso reunir a cuatro ex funcionarios de Mauricio Macri y citó al ex ministro de Justicia, Germán Garavano, al senador del PRO José Torello, al ex asesor presidencial Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y a Santiago Otamendi, ex funcionario de la cartera de Justicia.
Los tres primeros iban a declarar sobre el fallo de la Corte que permitió la liberación anticipada en 2017 del represor Luis Muiña, a partir de la aplicación del 2×1, que permite reducir la pena por buena conducta. El cuarto debía responder por la decisión de no apelar el fallo Schiffrin.
Ese día no concurrió ninguno de los cuatro citados. Sólo Garavano se presentó una semana después y Torello le envió una carta a la comisión diciendo que la Cámara de Diputados “carece de competencia” para interrogarlo por su condición de senador. Se mandó un pedido de sanciones al Senado, pero Cristina Kirchner esquivó la controversia.
En el caso de Rodríguez Simón está pendiente el pedido de extradición de Uruguay y de Otamendi se terminó considerando que no era necesaria su convocatoria.
El Frente de Todos también convocó a periodistas que escribieron sobre el tema del 2×1 y en medio del estado de ebullición mencionaron a Jorge Lanata. Pero a los pocos días, el conductor de PPT fue misteriosamente bajado de cartel y no tuvo que pasar por Diputados.
Luego, el oficialismo trató de sacar provecho de la interna de la Corte y apuntaló su estrategia en el testimonio del ex administrador del máximo tribunal, Héctor Marchi, quien tras ser desplazado de su cargo fue dos veces a la comisión para declarar sobre las auditorías que llevó adelante en la obra social de los judiciales.
“El kirchnerismo cree que tiene en lo de Marchi una prueba irrefutable, pero el procedimiento fue objetado. Además tendría que haberlo denunciado en la justicia porque pasó en 2017 y recién ahora lo denuncia, cuando lo corren”, reflexionó Paula Olivetto ante este diario.
Para la oposición, el oficialismo “no tiene mucho, solo conjeturas, ninguna probada”. En este sentido, indicaron que el Frente de Todos va a acusar a los jueces de la Corte “tenga o no tenga pruebas” y si bien se le puede caer alguna de las causales mantendrá las acusaciones por el 2×1, el fallo por la coparticipación de la Ciudad y las irregularidades en la obra social de los judiciales. (Clarín)
