Según publica La Nación Eduardo Taiano y Sergio Rodríguez solicitaron que lo citen a declarar por la aplicación irregular de dosis contra el coronavirus; lo acusan de peculado y abuso de autoridad; fue “repugnante” dijeron.
Por: Hernán Cappiello
El fiscal federal Eduardo Taiano y su colega Sergio Rodríguez pidieron que el exministro de Salud Ginés González García y otros exfuncionarios declaren como sospechosos del delito de peculado y violación de sus deberes como funcionarios por el reparto irregular de vacunas contra el coronavirus durante la pandemia, el caso que se dio a conocer como “Vacunatorio vip”.
Ahora será la jueza María Eugenia Capuchetti quien decida. “Este expediente va a avanzar” dijo a LA NACIÓN una fuente judicial relacionada con el caso. Además de los funcionarios, la Cámara Federal indicó que deben quedar bajo investigación los vacunados VIP que accedieron a las dosis de manera preferencial, aunque este pedido de indagatoria no los abarca, por el momento. Taiano es el fiscal de la causa y Sergio Rodriguez es el fiscal titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
Entre los que fueron vacunados cuando no les correspondía se encuentran el expresidente Eduardo Duhalde y su familia, y el periodista Horacio Verbitsky. Cuando recibieron sus dosis, las vacunas estaban reservadas solo a determinados grupos dentro de la sociedad (como el personal de salud o el personal estratégico de Gobierno) y ellos no calificaban para un acceso prioritario.
Junto con el exministro Gonzalez García, los fiscales pidieron las indagatorias del exdirector ejecutivo del Hospital Posadas Alberto Maceira, de la exjefa de Servicios de Medicina Preventiva del Posadas María Elena Borda, de Marcelo Guille (que era secretario de González García) y del exsubsecretario Alejandro Costa, que fue con las vacunas a la casa de Duhalde.
El peculado es un delito grave que se castiga con entre dos y 10 años de prisión y está dentro de las malversaciones. Se comete cuando el funcionario sustrae efectos que tiene bajo su custodia [vacunas] y además cuando los emplea en provecho propio o de un tercero [los vacunados VIP].
En los párrafos finales de su pedido de indagatoria, los fiscales Rodríguez y Taiano señalaron la dificultad para conseguir la información, tarea que llevó dos años, y para realizar la trazabilidad de las vacunas desde que llegaron al país. Dijeron que en ese momento “morían más de 100 personas por día en nuestro país a causa del coronavirus, y la vacuna era un bien escasísimo”.
Por eso, mas allá de que se sustrajeron una escasa cantidad de vacunas, señalaron que se debe evaluar “la angustia, temor, impotencia, tristeza y dolor por la que la sociedad atravesaba entonces”, lo que convirtió a esta situación en “repugnante”. Y escribieron que “cada vez que se decidía ilegalmente a qué ciudadano ‘amigo’ o ‘poderoso’ proteger”, se estaba “postergando a otro ciudadano que la necesitaba imperiosamente para no morir infectado”.
El Ministerio Público Fiscal informó que la solicitud se basa en tres hechos. El primero, haber dispuesto el retiro de 10 vacunas contra el Covid-19 asignadas al hospital Posadas y su traslado al Ministerio de Salud de la Nación, el 18 de febrero de 2021, para vacunar a diez personas que no estaban habilitadas para recibir esas dosis, de acuerdo al esquema de priorización que había fijado el propio Ministerio a través de una resolución. Por este hecho se solicitaron las declaraciones indagatorias de González García, Maceira y Guille.
El segundo hecho imputado es haber dado la orden de retirar cinco vacunas asignadas al Ministerio de Salud que fueron llevadas a la casa de Eduardo Duhalde el 1° de febrero de 2021. Con esas dosis se vacunó al expresidente, a miembros de su familia (Hilda “Chiche” Duhalde, Juliana Duhalde y María Eva Duhalde) y su secretario Carlos Alberto Mao. El propio subsecretario Costa aplicó las vacunas. Ellos tampoco estaban habilitados para recibir las dosis en ese momento. Por este hecho se solicitaron las indagatorias de González García y Costa.
El tercer hecho es haber autorizado la aplicación de al menos 35 vacunas asignadas al Hospital Posadas, entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021, a personas elegidas discrecionalmente y por motivos particulares. Por este hecho se solicitaron las indagatorias de Maceira y Borda.
La denuncia inicial tuvo lugar el 22 de febrero de 2021, mediante las presentaciones del fiscal Guillermo Marijuan, de los diputados nacionales Mariana Zuvic, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Rubén Manzi, Lucila Lehmann, Alicia Terada, Marcela Campagnoli, Mariana Stilman y Carolina Castets, de Yamil Darío Santoro, José Luis Patiño, Rodrigo Forlenza, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, de Juan José Gómez Centurión y de Ernesto Martín Nahijhian.
Cambio de criterio
En un principio, el fiscal Taiano y la jueza Capuchetti habían entendido que no había delito en lo ocurrido, cuando se supo mediante una entrevista que dio Vertbisky que personas que no estaban en la lista de prioridad habían recibido dosis de vacunas, antes que otras personas que las estaban esperando.
Pero la Cámara Federal ordenó reabrir el caso tras la apelación del fiscal de Investigaciones Administrativas, Rodríguez, y dio algunos parámetros para reenfocar la investigación y centrarse no solo en los funcionarios que montaron este circuito paralelo de vacunación al oficial, sino en las personas que recibieron esas dosis de manera anticipada.
La investigación realizada recoge en detalle el recorrido de las vacunas desde el Hospital Posadas al Ministerio de Salud, por donde entraron los vacunados VIP, cómo se montó el vacunatorio en los despachos oficiales y cómo se registró la inoculación de las dosis.
Para la fiscalía, “Ginéz Gonzalez García ordenó ilegítimamente” al director del Posadas, Maceira, que “sustrajera” las vacunas y se las aplicara a diez personas que no estaban autorizadas para recibirlas porque no eran ni “personal estratégico” ni “personal de salud”, los únicos autorizados a saltarse la fila. “La elección de las personas fue por una decisión ilegítima, es decir, contraria al bloque de legalidad, y motivada en compromisos y afinidades personales”, dijeron los fiscales.
Marcelo Guille, secretario privado de Gonzáles García, transmitió a Maceira la orden y coordinó el armado de un vacunatorio precario en el segundo piso del Ministerio de Salud. Además, recibió al personal del Hospital Posadas y a todas las personas a vacunar. Fueron vacunados allí Verbitsky, los empresarios Seza Manukian y Florencio Aldrey Iglesias, junto a sus familiares Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Dolores Noya Aldrey; Félix Eulogio Guille; el médico Salomón Schachter; el entonces senador y hoy ministro de Defensa, Jorge Taiana, y el diputado Eduardo Valdés. “Ninguno era personal de salud o estratégico”, dijeron los fiscales.
El dictamen recoge un documento de la Corte Inteamericana de Derechos Humanos en el que señala que “los Estados tienen la obligación de erradicar la corrupción en el ámbito de la distribución y aplicación de las vacunas, buscando prevenir y sancionar que las mismas sean utilizadas como dádivas o favores personales y/o político”.
En cuanto a la vacunación de los Duhalde, los fiscales señalaron que 1° de febrero de 2021 Ginés González García “ordenó y gestionó”, a través del entonces subsecretario Costa, el retiro de cinco dosis y su traslado a la casa del ex presidente para vacunar a su familia y la de Carlos Alberto Mao. Fueron vacunados Juliana Duhalde, María Eva Duhalde, Eduardo Alberto Duhalde, Hilda Beatriz González de Duhalde y Carlos Alberto Mao. El propio subsecretario Costa aplicó las vacunas. (La Nación)
