Deconstruyendo las Represas sobre el río Santa Cruz. La diferencia entre el relato, las inversiones y la realidad (Informe V)

Hoy publicamos el quinto informe sobre el trabajo realizado por los ingenieros Guillermo Tamburini Belibeau y Guillermo Folguera, orientado a desmitificar el relato político que encubre mentiras, corrupción y engaño público, tras manejos espurios de los sucesivos gobiernos que nunca investigaron la verdad sobre la construcción de las Represas sobre el río Santa Cruz.

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El trabajo de investigación, desmorona las falacias sobre las que se apoya este gran negociado que se armó entre Argentina, China y las empresas que en total impunidad manejan discrecionalmente fondos públicos, al amparo de el encubrimiento que les dan las autoridades nacionales, en complicidad con las provinciales y los gremios cómplices como la UOCRA.

Generan soberanía e independencia ajustándose a la legalidad 

Las hidroeléctricas suelen ser presentadas como pilares de la soberanía energética y económica. En 2016, Julio de Vido (antiguo ministro en las áreas de planificación y energía), hacía el siguiente análisis en alusión a un texto crítico con las represas publicado en un diario nacional (de Vido, 2016): 

“El texto encierra la disputa de fondo y que viene poniéndose en juego desde 1810: Nación soberana o subdesarrollada y sometida. La segunda opción es conducida y defendida por el neoliberalismo doméstico y aliados extranjeros. En el siglo XIX, socios del establishment argentino fueron comerciantes, banqueros e industriales británicos; durante el siglo XX se repartieron entre británicos y estadounidenses de la mano de los genocidas Pinochet y Videla y el terrorismo financiero y corporativista occidental. Una Argentina sometida es inviable sin el respaldo extranjero. Los ataques a nuestros aliados no tradicionales como China, cuyas inversiones no imponen subyugarnos a sus intereses industriales, comerciales, financieros y geopolíticos, forma parte de una estrategia superior que emana de Occidente.” 

Contrastan estas declaraciones con lo enunciado por la embajada China en su web oficial (Embajada China, 2021): 

“En 1977, los dos gobiernos firmaron su primer acuerdo comercial.” o “En 1980, el presidente argentino Jorge Rafael Videla visitó China. Ambos ejecutivos rubricaron el Acuerdo sobre Cooperación Económica.” 

Y todo ello contrasta, sobretodo, con lo expresado en el resumen del Tercer Diálogo Estratégico China Argentina para la Cooperación y Coordinación Económica en marzo de 2016 (MREC, 2017), que en lo relativo a las represas dice: 

[La parte china] exigió firmemente a la parte argentina que terminara los trámites para la evaluación de impacto ambiental antes del 30 de abril, finalizara el proceso de revisión y de audiencia pública fijada por el Congreso antes de finales de mayo, y aprobara la reanudación total del proyecto principal antes de fines de mayo. La parte argentina […] se comprometió a avanzar con el proyecto lo antes posible. 

En una sumisión de los poderes ejecutivo y judicial, el gobierno argentino acepta que ajustará los procesos y conclusiones judiciales a las exigencias de un gobierno inversor extranjero (Ramón Berjano et al., 2015) que nada tiene de “nuevo socio” ya que rubricó su primer acuerdo comercial en plena dictadura. 

En el mismo espacio digital que el ex-ministro, escribía en 2015 otro alto cargo público (Bernal, 2015): 

[…] el desguace del sector nuclear e hidroeléctrico nacionales, beneficiando así a la industria petrolera multinacional y privada nacional al frente del Ministerio de Energía, a la vez que convirtiendo a la Argentina en un mercado próspero para las empresas europeas y estadounidenses en desarrollos eólico y solar. 

Dicho texto está repleto de acusaciones a la oposición a las represas por atentar contra la soberanía nacional. Pero lo cierto es que las represas representan la continuidad de los pactos entreguistas del mismo espacio político con grandes capitales como Chevron, Shell, Tecpetrol o el gobierno chino para el desarrollo de los hidrocarburos y nucleares, importando tecnología extranjera en ámbitos de histórica tradición nacional. 

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Habría que reflexionar entonces sobre el grado de libertad, soberanía o independencia que supone para Argentina establecer acuerdos financieros con China; segunda economía global, principal socio comercial de Argentina y con una economía veinte veces mayor , dejando a nuestro país en una posición de negociación claramente desfavorable. A diferencia de otros socios comerciales, las empresas privadas chinas y el gobierno chino negocian en bloque, condicionando simultáneamente los acuerdos en el terreno económico y político. 

Pero muy al contrario de lo que dijo Bernal, el gobierno aplica actualmente una Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas y sancionó otra de recaudación impositiva excepcional a las grandes fortunas para paliar los efectos de la pandemia (Ley 27.605) pero que sorprendentemente dedica el 25% de su recaudación al desarrollo de los hidrocarburos en Vaca Muerta, y no a políticas sanitarias, siendo este el sector que recibe mayor financiación por dicha ley. 

Ya desestimada la soberanía, la transparencia, como concepto hermano de ésta o la independencia, queda también en entredicho como se refleja claramente en la forma de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA). 

Los EsIA son clave para establecer la viabilidad desde el punto de vista ambiental de la ejecución de la obra, pero adolecen sistemáticamente de dos grandes debilidades. La primera es que son elaboradas por empresas contratadas ex profeso por los promotores o constructores de la obra. Es decir, aquellos que van a hacer el proyecto le pagan a alguien para que determine si el proyecto se puede hacer. A su vez, no están contrastados por profesionales ajenos, independientes al mismo. En el caso particular de los AHRSC y después de un primer EsIA fallido, el EsIA vigente ha sido elaborado por la misma empresa promotora del proyecto, EBISA, con nombre actual IEASA (la misma que gestiona el 25% del impuesto a las grandes fortunas). 

IEASA, el comitente de las obras, el instrumento designado para ejecutarlas, es el mismo que debe juzgar su idoneidad,¡pero, ¡es también el contratista de la inspección de obra! Esto último es un ejemplo de la opacidad en la gestión. 

El departamento de ingeniería hidráulica de la Universidad Nacional de La Plata firma un convenio millonario con IEASA con el objetivo de inspeccionar la obra que le exige dar parte al productor de la obra (IEASA) en lugar de a autoridades independientes (Convenio, 2019; Sherman 2017). 

Contra lo enunciado publicamente, la UNLP se convierte así en los ojos de IESA y no un inspector imparcial, como sería un verdadero inspector público. Por otro lado, la confidencialidad, una cláusula recurrente en los estudios técnicos y documentos relacionados con la obra (aún si son realizados por instituciones públicas como IEASA, CONICET o UNLP), se erige como antítesis del principio de información pública. 

Opacidad y confidencialidad no juegan a favor de la soberanía o la independencia del país y menos aún cuando la transferencia de información no pone en riesgo la seguridad nacional o de las personas sino que, justamente, es en favor de la democratización y control de la información obtenida por, para y con bienes públicos. 

Otro ejemplo de opacidad corresponde al desarrollo de las audiencias públicas. Tres audiencias públicas se celebraron vinculadas a este proyecto. La primera se celebró un día antes del cambio de gobierno provincial y nacional en 2015, y su resultado fue aprobado al día siguiente, con un gobierno en funciones. El debate sobre miles de páginas de documentación fue zanjado en unas horas antes del cambio de gobierno. 

La audiencia pública de 2017, de gran trascendencia, fue celebrada en el Congreso de la Nación sólo como respuesta al fallo judicial de la Corte Suprema de Justicia ante la acción legal iniciada por una asociación de abogados ambientalistas, aún cuando ésta es un requisito legal. 

Se celebró en pleno receso vacacional, lo que dificultó la presencia de diputados y senadores. 

La tercera atañe al proyecto de la LEAT. En la audiencia de 2017, se contó con la presencia de autoridades como el ministro de Ambiente o el de Energía. De 97 expositores, los 42 primeros fueron varones de mediana o avanzada edad, casi la totalidad, directivos de las administraciones públicas o de la industria hidroeléctrica, copando un espacio que representa la única plataforma formal de expresión ciudadana. Casi la totalidad de los representantes de la administración se posicionaron a favor del proyecto. 

Tres representantes de la academia científica formal hicieron declaraciones escasamente comprometidas, y todos los científicos a título individual se posicionaron en contra de los AHRSC, como todas las asociaciones civiles presentes, salvo el sindicato de trabajadores de la construcción. 

De esos primeros 42 ponentes, solo 7 se posicionaron en contra. Hubo que esperar más de 40 exposiciones para oír hablar a una mujer, pero una vez lo hicieron, la totalidad de las mujeres, 23, lo hicieron por un río libre y vivo. Una vez los representantes de la administración o el sector hidroeléctrico terminaron sus turnos, sólo un expositor persistió en la defensa del proyecto, mientras que todos los restantes, lo hicieron en defensa del río. 

La audiencia fue paradójica, porque si bien llevó a debate público un proyecto autoritario, consolidó precisamente la imagen de autoritarismo, patriarcado y gerontocracia que el proyecto venía gestando desde sus orígenes, sin ser, para colmo, vinculante.

De lo dicho a lo silenciado: las represas y el acuerdo financiero y geoestratégico entre China y Argentina 

Los AHRSC forman parte de un acuerdo financiero y geoestratégico entre los gobiernos chino y argentino (Borsellino & Pereira, 2020; Mora, 2018; Lucci, 2018; Turba, 2017). China, el primer socio comercial de Argentina, está realizando una serie de inversiones en múltiples sectores, cerca de veinte megaproyectos, bajo acuerdos bilaterales que vinculan a ambos Estados mediante lazos políticos y financieros, enmarcados en la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda (Schweitzer A 2020b). 

Desde 2005, China invirtió a modo de compromiso de préstamo en América Latina 141 mil millones de dólares, que ajustados de inflación, resultan casi equivalentes a los 150 mil millones de dólares de crédito otorgados por el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. 

Banqueros e industriales chinos se empiezan a parecer demasiado a los ingleses del pacto Roca-Runciman, los “comerciantes, banqueros e industriales británicos” recordados por de Vido. 

El Acuerdo de Crédito para los AHRSC (Acuerdo, 2014) y los acuerdos comerciales con China resultaron en el acceso a crédito y divisas en un momento crítico de la Argentina, permitiendo al país saltear el default al obtener un apoyo que va mucho más allá de la financiación de las represas (MREC, 2017), pero allanando la entrada neocolonial China en el cono sur. 

Así, todos los acuerdos de financiación se realizaron bajo los intereses chinos. Se negociaron en bloque acuerdos con el gobierno chino, y préstamos financieros e infraestructuras como hidroeléctricas, centrales nucleares y redes ferroviarias quedaron vinculados. 

En una cláusula no habitual en los acuerdos entre naciones, Argentina acepta que la caída de un proyecto bloquea el préstamo en su conjunto (cross default entre inversión ferroviaria e hidroeléctrica), y es en última instancia por eso ,que ningún gobierno argentino quiere aceptar hoy la paralización de los AHRSC, el más simbólico de los proyectos chino-argentinos.

De lo dicho a lo silenciado: roles institucionales y realidades técnicas y ambientales 

Los desarrolladores y evaluadores del proyecto son constituidos por los mismos grupos y personas. Evidente en el caso de IEASA, empresa promotora de las obras, elaboradora del EsIA y contratista de la inspección. E incluso la UNLP, como inspectora de obra (bajo acuerdos de confidencialidad) y simultáneamente consultora técnica. Es quizás por estas contradicciones que se ha llegado a la situación en que las obras en CC-NK sufren graves problemas de estabilidad de laderas afectando a sus estructuras. 

Problemas tan graves como que el sustrato geológico que debía servir de anclaje de la represa se ha desmoronado obligando a rediseñar por completo la obra. Si el diseño, proyección e inspección de la obra falló hasta tal punto, ¿qué decir entonces de estudios sísmicos, hídricos, biológicos, económicos, sociales, antropológicos? 

Estudios de menor orden en comparación con los del diseño de la estructura principal, aún si es solo por sus consecuencias inmediatas. Estos estudios y modelos, aproximaciones matemáticas o conceptuales de contextos altamente complejos, tratados con sesgos muy importantes, sobre ambientes escasamente conocidos, asumen incluso en sus conclusiones sus propias limitaciones (IEASA, 2021; EBISA, 2017 p. 332). Es imperativo aceptar, como se ha demostrado, que modelos y declaraciones de buenas intenciones pueden errar, más aún si los márgenes de error son pequeños y el conocimiento del territorio muy escaso, como en el caso de las modelizaciones hídricas y glaciológicas. 

El presupuesto y el plazo se desvían ya en una proporción muy importante respecto de lo anunciado. La obra estuvo paralizada durante largos periodos y con graves problemas estructurales y de financiación. A juzgar por las evidencias, pareciere que el principio precautorio, el de no actuar ante las previsibles consecuencias nocivas de una intervención, debería haber pesado desde el principio en esta obra.

La Patagonia austral configura un ambiente poco estudiado por la ciencia por su carácter periférico y escasamente poblado. El propio EsIA reconoce esta realidad, aspecto que conceptual e intrínsecamente debería suponer el rotundo rechazo a la idea de materializar las obras, ya que el desconocimiento del ámbito natural afectado impide evaluar el posible mal generado sobre el mismo; y cerrando el círculo, sin evaluación ambiental no puede haber proyecto. 

Esto mismo es lo que estipula la -ignorada en este caso- Ley de Ambiente. La comunidad científica internacional está advirtiendo sobre la necesidad de frenar y revertir los procesos de degradación ambiental para evitar el colapso ambiental definitivo, mencionando particularmente los cursos fluviales, extensa y sistemáticamente alterados a escala global (Belletti et al., 2020). 

Con este proyecto se camina en la dirección opuesta, se pone en juego la supervivencia de varias especies de fauna, del sistema glaciario del Parque Nacional los Glaciares o del estuario del Parque Nacional Monte León. Todos ellos especialmente protegidos por diversas legislaciones, y sobre todo, por nuestro compromiso ético y moral con el ambiente. No parece ser posible eliminar el 50% del curso de un río y pretender que su cuenca no se vea mortalmente herida.

Día martes 19/12/2023 Informe Nº VI y último – (Agencia OPI Santa Cruz)