La situación económica enfrenta un desafío crítico, especialmente para los jubilados, ya que se proyecta que la jubilación mínima en febrero de 2024 alcance un valor real inferior al registrado durante la crisis económica del 2002. Este preocupante panorama se ha revelado en un estudio realizado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), un referente en investigación sobre asuntos previsionales en el país.
La inflación, que supera el 20 por ciento mensual, ha erosionado significativamente el poder adquisitivo de los ciudadanos argentinos, especialmente de los jubilados que dependen de ingresos fijos para cubrir sus necesidades básicas. Según el informe de IDESA, esta situación se agrava por la estrategia gubernamental de reducir el gasto en jubilaciones y pensiones, lo que ha contribuido significativamente al superávit fiscal obtenido en enero de este año.
El análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) respalda esta conclusión al revelar que la reducción en el valor real de las jubilaciones y pensiones fue el factor más determinante detrás del superávit financiero alcanzado en enero. Este superávit, que representó un 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI), fue impulsado en gran medida por una disminución real en el gasto en prestaciones sociales.
El informe detalla que, en enero, los ingresos totales del gobierno se contrajeron en un 1,3% en comparación con el año anterior, mientras que los gastos totales registraron una caída real del 11,9%. Entre los rubros que más contribuyeron a esta reducción se destacan las jubilaciones y pensiones, los programas sociales y los gastos en personal.
Sin embargo, IDESA advierte sobre los riesgos de esta estrategia de ajuste, señalando que la reducción del valor real de las jubilaciones y pensiones no solo tiene un impacto regresivo y genera tensiones políticas, sino que también aumenta las demandas judiciales contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Históricamente, la justicia previsional ha sido reticente a aceptar la disminución del poder adquisitivo de los jubilados, lo que plantea desafíos adicionales para la sostenibilidad de esta política.
A pesar de estos desafíos, el gobierno argentino mantiene su compromiso con la meta de déficit cero, argumentando que es fundamental para combatir la inflación y crear un entorno propicio para la inversión y la generación de empleo. Sin embargo, IDESA destaca la importancia de considerar las resistencias sociales, políticas y judiciales que pueden comprometer la viabilidad a largo plazo de estas políticas.
En vista de esta situación, IDESA recomienda un enfoque integral que incluya la unificación y simplificación de impuestos, así como una mejor gestión del sistema previsional. Estas medidas, aunque difíciles de implementar, son fundamentales para garantizar un sistema previsional justo y sostenible que proteja adecuadamente a los jubilados argentinos en el futuro. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA
