El Gobierno Nacional presentó una denuncia penal contra Oscar Laborde, exembajador argentino en Venezuela, acusándolo de “traición a la Patria” por su supuesta colaboración con el régimen de Nicolás Maduro en el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido desde principios de diciembre en territorio venezolano. La denuncia, encabezada por el Ministerio de Seguridad a través de Fernando Soto, director Nacional de Normativa y Enlace Judicial, señala que Laborde habría interferido en las gestiones diplomáticas oficiales para la liberación de Gallo.
Según el Ministerio, Laborde inició gestiones no autorizadas, incluyendo contactos con la familia del gendarme en Argentina, presuntamente en colaboración con autoridades venezolanas. El Gobierno calificó estas acciones como una intromisión que “sostiene la justificación de la desaparición forzada” de Gallo y consideró que se superponen indebidamente a las gestiones diplomáticas lideradas por la Cancillería.
Nahuel Gallo, cabo primero de Gendarmería Nacional, fue detenido el 8 de diciembre en la frontera entre Venezuela y Colombia, donde viajaba para reunirse con su esposa e hijo tras cumplir con trámites legales de ingreso. Según el régimen de Maduro, Gallo es acusado de ser un espía enviado por el Gobierno argentino en medio de las tensiones entre ambos países.
Ante la falta de información sobre su paradero, la Gendarmería Nacional presentó un habeas corpus en Mendoza solicitando que se declare su desaparición forzada. Si bien inicialmente fue rechazado, la Cámara Federal de Mendoza revirtió la decisión y exigió a las autoridades venezolanas informar sobre el paradero y condiciones de detención de Gallo, además de garantizarle asesoramiento legal y contacto con su familia.
La polémica intervención de Laborde
En la denuncia presentada, el Gobierno acusa a Laborde de haber actuado sin autorización oficial al establecer contacto con la familia de Gallo y hacerle llegar una carta al gendarme en coordinación con el régimen chavista. Según el Poder Ejecutivo, estas acciones no tienen un propósito humanitario, sino que buscan justificar la conducta del régimen venezolano, lo que constituye una violación de los principios de lealtad hacia la Nación.
La acusación se enmarca en un contexto de tensas relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela, agravadas por el caso Gallo y las declaraciones cruzadas entre ambos gobiernos. Según Soto, la actuación de Laborde “presenta como humanitario a un gobierno dictatorial” y constituye un obrar contrario a los intereses nacionales. (Agencia OPI Santa Cruz)