El juez federal Sebastián Casanello reimplantó hoy la inhibición general de bienes al ex presidente Alberto Fernández y a otros implicados en la investigación del caso Seguros, que involucra presuntos delitos en la contratación de pólizas de seguros por parte de organismos públicos durante su gobierno. Esta medida afecta a más de una decena de personas físicas y jurídicas vinculadas al caso, que ya han sido indagadas y se encuentran bajo sospecha.
La inhibición de bienes había sido inicialmente dispuesta al comienzo de la investigación, pero había sido revocada posteriormente por la Cámara Federal porteña. Casanello, quien asumió la subrogancia del juzgado federal 11 tras la salida del juez Julián Ercolini, decidió volver a imponerla luego de las indagatorias realizadas. En su resolución, el magistrado explicó que existe un “estado de sospecha suficiente” sobre los imputados, lo que justifica la medida para asegurar la eficacia del juicio y evitar que, con el transcurso del proceso, se pueda frustrar el cumplimiento de una posible sentencia.
La inhibición alcanza cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos, otras inversiones y cajas de seguridad de los acusados. Casanello argumentó que, dado que los imputados han sido indagados y en base a las pruebas recabadas, existe un motivo razonable para suponer que participaron en actividades delictivas, principalmente relacionadas con corrupción.
La medida impacta directamente al ex presidente Alberto Fernández, al broker Héctor Martínez Sosa, quien es investigado por haber sido presuntamente beneficiario de las maniobras irregulares, y a María Cantero, esposa de Martínez Sosa y ex secretaria privada del ex mandatario, entre otros implicados.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, la situación procesal de los imputados aún está pendiente de resolución, mientras continúan las investigaciones en el caso. La decisión de reimplantar la inhibición de bienes fue tomada con el objetivo de proteger el proceso judicial y evitar que, durante la tramitación, se puedan despojar de bienes que eventualmente podrían ser utilizados para garantizar el cumplimiento de una sentencia condenatoria. (Agencia OPI Santa Cruz)