Claudio Vidal, lejos de cumplir con las promesas de transparencia, formuló un Proyecto para tener control absoluto del Tribunal de Cuentas

(Por: Rubén Lasagno) – “Nosotros (el SER) venimos a aplicar nuevas formas de ejercer el poder, porque la actual gobernadora y así siempre lo hizo el kirchnerismo, mantuvo el poder absoluto, tanto político como de los organismos de control y en eso se basó el sistema de corrupción que vivimos tantos años”.

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Estas fueron las palabras de Claudio Vidal, el entonces candidato a Gobernador, en uno de sus tantos discursos donde, como hacen todos los candidatos, decía lo que la gente quería oír, no lo que haría, obviamente.

Esta introducción sirve para comparar lo lejos que están los políticos de la política basada en la verdad, la honestidad y la transparencia. Precisamente lo que acaba de hacer el Ejecutivo provincial es ingresar a la Cámara de Diputados un Proyecto denominado “Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas”, donde en 14 páginas y con la firma de la diputada Adriana Nieto, el Ejecutivo provincial simple y llanamente lo que busca es tener control total y absoluto sobre el Tribunal de Cuentas de la provincia, tal como lo hizo durante tantos años el kirchnerismo, al cual el propio Vidal criticó por tener en sus manos la auditoría de su propio gobierno, una cosa obviamente irregular, pero claro, eso lo decía cuando estaba en la vereda de enfrente, ahora que quien tiene el poder es él, se volvió tan pragmático que pide legislar para que el organismo de control de las cuentas públicas quede bajo su absoluto control por mayoría propia.

El proyecto analizado en su objetivo

El Proyecto de Ley N° 100 ingresado a la Legislatura consta de 14 páginas y 14 capítulos, donde se desarrollan todas las modificaciones y agregados que por su extensión, no vamos a abordar de manera completa en este informe.

Solo vamos a decir que el objetivo fundamental del Gobernador Claudio Vidal con esta Ley busca lograr el control de Tribunal de Cuentas ampliando el número de integrantes, ya que el gobernador no puede salir de la encerrona en la que se encuentra luego del Amparo que interpuso la actual Vocal por la minoría Karina Saúl, esposa de Pablo González, quien a través de la presidencia, los vocales y la minoría, controla el organismo auditor.

El Gobierno, de esta manera, ampliando el número, pretende tener la mayoría necesaria para manejar el quorum (Presidente y 3 vocales llevarlo a 6). De esa forma, Vidal quiere poner bajo su control a los auditores, de una manera realmente disparatada y desprolija, porque es como si el Ejecutivo ampliara en tres jueces el Superior Tribunal de Justicia para tener bajo su control a la justicia, tal como hizo el kirchnerismo durante 30 años y  cambiar ese esquema político era, en su momento, la promesa del hoy gobernador de Santa Cruz.

La incongruencia y el sueño de la justicia propia

El gobierno no dejó nada por hacer en este proyecto para modificar al Tribunal de Cuentas provincial. Por ejemplo, además del aumento de los miembros, propone que los integrantes sean designados por el Ejecutivo y cuando el mandato del Gobernador termine, se vayan con él. Este raro concepto del control significa “yo gobierno y pongo a los que van a controlarme”; algo bastante insólito que significa una subestimación de la inteligencia pública. Para no perder el hilo de las contradicciones, señala la inamovilidad y que cada uno de ellos estará sujeto a un Jury de enjuiciamiento (¿?).

Otro punto interesante es el Art 6°en cuanto que faculta al Ejecutivo a suspender preventivamente a un miembro del TC en caso de que sea procesado.

Si uno profundiza el análisis en este punto, podría darse el caso que con cualquier causa armada políticamente por algún sector de la oposición o sectores enfrentados del mismo gobierno, uno de sus miembros pudiera quedar fuera de sus funciones por un simple procesamiento.

Pero hay una incoherencia más en todo esto. Tengamos en cuenta la contradicción que existe entre esto que escribe el gobierno para el Tribunal de Cuentas y el caso del desafuero de Fernando Españón, donde el propio gobierno entiende que no corresponde la suspensión del diputado en la Cámara, solo por estar procesado.

Resumiendo: el Gobernador Vidal quiere tener un Tribunal de Cuentas hecho a su medida, con vocales y presidentes que lleguen con él y se vayan al final del mandato, cuando precisamente, lo que cualquiera entiende debe tener un organismo auditor de cuentas públicas, es independencia para ejercer el trabajo de auditor oficial del gobierno, municipios y empresas u organismos públicos.

Concentrar poder y eliminar amenazas

La Dra Leonora Colombo en su trabajo denominado “La eficacia de los organismos de control en la democracia delegativa. Aproximación al problema del control sobre la administración desde la teoría de la democracia” (Sistema Argentino de Información Jurídica), hace referencia a los gobernante electos que desarrollan este síntoma de apropiación de las instituciones, asumiendo que fue electo para cambiar las cosas a su antojo. La abogada señala:

“La legitimidad que se desprende de haber obtenido una mayoría del voto popular autoriza al gobernante a desoír, ignorar o incluso eliminar a las agencias no electas que pretenden cuestionar, criticar o castigar las conductas de los funcionarios electos. El gobernante electo tiene la suprema responsabilidad por resolver los acuciantes problemas de la nación y esa tarea no puede ser obstaculizada por los “formalismos” de los organismos técnicos de control”.

En relación con los motivos conceptuales que tienen los gobiernos a la hora de legitimar estas acciones reñidas con la ética, la ensayista señala “Los controles internos o externos al gobierno que limitan o cuestionan las decisiones del gobernante son vistos (por ellos mismos) como interferencias u obstáculos en la consecución del supremo interés colectivo”.

Y finalmente extrajimos otro fragmento del ensayo donde la autora alude a la efectividad (o no) de los controles en una democracia delegativa, en tanto esté por fuera o por dentro de un gobierno “…no habrá control eficaz del poder en tanto y en cuanto nuestra sociedad siga entendiendo que los caracteres de la democracia delegativa son los propios de un gobierno legítimo, y en particular, mientras siga siendo comúnmente aceptada la falta de distinción clara entre res publica y res privada, indistinción que el léxico popular ha definido con meridiana franqueza: “roban pero hacen”. En suma, sólo cuando la sociedad demande cuentas a sus gobernantes y eleve los estándares de la accountability el poder dejará de gozar de la total impunidad que hoy lo ampara.

El término técnico accountability corresponde a la responsabilidad que una persona o equipo tiene de asumir la responsabilidad de sus acciones y resultados, incluyendo la capacidad de dar una explicación satisfactoria de sus actos en función de gobierno.

El proyecto de modificar el Tribunal de Cuentas por parte del gobernador Claudio Vidal, aumentando los Vocales y guardándose el derecho de elegirlos y decidir quién se queda y quién se va y cuándo, se encuadra gráficamente en lo que expone la autora del trabajo al que hacemos mención en este informe. (Agencia OPI Santa Cruz)