En el marco del debate legislativo por la baja de la edad de imputabilidad penal en Argentina, la Iglesia Católica expresó su oposición al proyecto que propone reducir de 16 a 14 años la edad mínima para responsabilizar penalmente a menores. El pronunciamiento fue realizado por monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, quien alertó sobre las consecuencias de avanzar en un enfoque meramente punitivo para abordar la problemática de la delincuencia juvenil.
Las declaraciones del obispo Braida llegan en un momento clave, cuando el Congreso nacional se prepara para una reunión plenaria de comisiones en la Cámara de Diputados que podría dar dictamen favorable a la propuesta del oficialismo, impulsada con apoyo de sectores del radicalismo, el PRO, el MID y otros bloques aliados. Si bien el proyecto original contemplaba bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, el texto consensuado finalmente fija el nuevo límite en 14 años, lo que ha generado un amplio debate político y social.
El referente de la Iglesia advirtió que “no nos parece que bajar la edad sea lo adecuado” y cuestionó la efectividad del encierro como respuesta. En una entrevista con el portal Infobae, Braida sostuvo que “poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz” y subrayó la necesidad de un abordaje integral, multisectorial, que atienda las causas profundas que llevan a un menor a cometer delitos. “Lo penal no es la solución. Lo que estos chicos necesitan son oportunidades, no más encierro”, remarcó.
La postura eclesiástica coincide con algunas voces parlamentarias críticas del proyecto, que señalan la falta de infraestructura y recursos para una implementación adecuada. Ninguno de los borradores en discusión contempla partidas presupuestarias para la construcción de centros de detención específicos para adolescentes, lo que refuerza las dudas sobre la viabilidad y el impacto real de la iniciativa. En ese sentido, Braida recordó que “nuestros regímenes penitenciarios están abarrotados y muchas veces en las cárceles se potencian las problemáticas”.
El obispo también dirigió un mensaje directo al presidente Javier Milei y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que se permita un debate más amplio e inclusivo. “Que puedan dar tiempo para que todos los sectores sociales puedan dar su opinión y también aportar propuestas diversas para atacar realmente el problema, yendo a las causas”, afirmó. Además, destacó que esta no es una posición exclusiva de la Iglesia, sino que es compartida por muchas organizaciones sociales que trabajan con jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Finalmente, Braida insistió en evitar decisiones apresuradas frente a una problemática de alta complejidad. “Necesitamos que muchas más voces se expresen, porque eso también nos va a iluminar por dónde tenemos que ir”, concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz)