El Gobierno de Brasil reconoció este jueves que la ex presidenta Dilma Rousseff fue víctima de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985, y le pidió disculpas institucionales por las torturas y atropellos sufridos en ese período. La decisión fue anunciada por la presidenta de la Comisión de Amnistía del Ministerio de Derechos Humanos, Ana María Lima de Oliveira, durante una sesión oficial en Brasilia.
“El Estado brasileño le pide disculpas por todas las atrocidades que le causó el estado dictatorial a usted, a su familia”, expresó la funcionaria, marcando un giro simbólico y político tras años de negación institucional durante gobiernos anteriores. Rousseff, quien fue parte activa de la resistencia armada contra la dictadura, fue detenida en 1970 cuando tenía 22 años, y posteriormente condenada y torturada durante casi tres años de prisión por integrar un grupo clandestino.
El reconocimiento llega más de dos décadas después de que la exmandataria solicitara reparación por los crímenes sufridos durante la dictadura. En 2002, Rousseff presentó su caso ante la Comisión de Amnistía, pero fue recién ahora, en apelación, que obtuvo un fallo favorable. La comisión también autorizó una indemnización equivalente a 17.700 dólares, como parte de su reparación simbólica y material.
Durante el gobierno del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, la Comisión había rechazado su pedido, en línea con una política negacionista de los crímenes de la dictadura. En aquel período, entre 2019 y 2022, el 95% de los pedidos de reparación fueron denegados, según cifras oficiales del Ministerio de Derechos Humanos.
Rousseff, economista de formación y exguerrillera, fue la primera mujer en asumir la presidencia de Brasil en 2011. Fue reelegida en 2014, pero destituida en 2016 mediante un controvertido juicio político en el Congreso, acusado por organismos internacionales de carecer de fundamentos jurídicos sólidos. El entonces diputado Jair Bolsonaro votó a favor de su destitución dedicando su voto a Carlos Brilhante Ustra, uno de los militares responsables de su tortura.
A diferencia de lo ocurrido en Argentina o Chile, Brasil no ha juzgado a los responsables de violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, amparándose en la Ley de Amnistía de 1979, que sigue vigente. No obstante, una comisión creada en 2014 contabilizó 434 asesinatos y desapariciones forzadas, además de centenares de casos de tortura y detenciones arbitrarias.
Con 77 años, Rousseff preside desde marzo de 2023 el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) de los BRICS, con sede en Shanghái, cargo al que fue propuesta por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, su mentor político y actual jefe de Estado. (Agencia OPI Santa Cruz)