Siguen las denuncias públicas del gobierno por las deudas de los municipios a la CPS. En la práctica no toma ninguna medida concreta, es solo discurso político

(Por: Rubén Lasagno) – Hagamos una pregunta retórica: ¿Qué sucede si cualquier empresa privada no paga los aportes patronales, jubilatorios ni de seguridad social?. Sin duda enfrentaría serias consecuencias como: multas y sanciones por parte de la AFIP o ARCA, ASIP etc, acciones legales por parte del Estado, inhabilitación para acceder a beneficios y créditos, embargos o bloqueos de cuentas bancarias y operación comercial por parte de la agencia de recaudación y prisión para los culpables.

Cuando éstas acciones patronales perjudican al trabajador de esas empresas, los sindicatos (generalmente) actúan en defensa de sus afiliados, hacen las presentaciones legales ante el Ministerio de Trabajo y sobre los culpables de evasión o estafa, caen las siete plagas de Egipto.

En Santa Cruz, los sucesivos intendentes han dejado de pagar hace años los aportes de los trabajadores a la Caja de Previsión Social (CPS) y a la Caja de Servicios Sociales (CSS) y no pasa nada. Han pasado 7 gobernadores, incluyendo la gestión actual de Claudio Vidal y ninguno resolvió el problema, por el contrario, lo profundizó.

El SOEM, el SEM, ATE y el SOEMCO saben, conocen y tienen sobrados detalles de lo que han hecho y hacen actualmente los intendentes, pero el silencio es la respuesta y terminan siendo parte de la complicidad entre los jefes comunales y el Estado provincial, en detrimento de quienes dicen defender, ergo: ellos mismos.

La otra gran pregunta retórica, entonces sería ¿Por qué los municipios de Santa Cruz hace 20 años o más que descuentan a los trabajadores la cuota de afiliación a la Caja de Servicios Sociales y CPS, pero no la depositan a sus respectivos entes y la provincia como tal, asume las pérdidas y deteriora los servicios de salud y previsional? e inmediatamente nos asalta otra duda ¿Y por qué, si hay tanta deuda acumulada, no se encuentran denuncias penales realizadas contra los responsables directos y ninguna acción directa tomada de parte de los sucesivos gobiernos provinciales, incluyendo el actual, para recuperar lo robado?

Todos cómplices

Hay una respuesta general para todo esto: se trata de una cuestión político-partidaria, de encubridores de delitos contra el Estado (la plata del Estado parece que no pertenece a nadie) y los empleados municipales a quienes, los intendentes, les hacen retención indebida de haberes, lo cual significa un megadelito por la magnitud que tiene (15 municipios y el Ejecutivo provincial).

El sottogoverno, implantado en la política nacional, provincial y municipal, permite que lejos de combatir ese delito, el gobierno provincial permita y admita que se cometan con total impunidad sin ningún tipo de castigo ni consecuencias para cada uno de los intendentes que reconocen robarle a los trabajadores municipales y estafar a la Cajas por tantos años, sin que haya justicia.

Y si hilamos más fino, vemos que existe una doble estafa al empleado público: la primera es que les descuentan los aportes y el dinero se los quedan los intendentes y luego, le vuelven a meter la mano en el bolsillo al mismo trabajador, pero ahora desde la provincia, porque se hace cargo de los déficit y el pago de jubilaciones sin aporte, por lo tanto, el ciudadano santacruceño paga dos veces. Y aún así, los intendentes y el/los gobernadores, siguen delinquiendo.

Solo discursos y pataleos de campañas

Una vez más (y van…) el gobierno provincial sacó los trapitos al sol de los intendentes deudores de la CPS, tras una nota que le hicieron desde el departamento de Prensa a la titular del ente María Belén Emilger, quien reconoció que la deuda histórica acumulada por parte de municipios y comisiones de fomento asciende actualmente a $ 111.226.393.329,27.

La funcionaria reconoce y acepta que esta plata fue retenida a los trabajadores por cada intendente y nunca depositada como marca claramente la ley Previsional 1782, la cual en su art 8° indica que el dinero de los aportes patronales, deben estar depositado en las cuentas de la CPS en los siete días corridos de cada mes. Algún fiscal de oficio debería convocarla a dar explicaciones. No, en Santa Cruz, no ocurre.

La responsable previsional, como si hablara de algo que no le compete, dice que “es preocupante ver que es una deuda histórica, la cual se sigue arrastrando y nadie le da una solución”, como si Emilger esperara un mago con la barita mágica que resuelva el grave delito que están cometiendo los intendentes con (en este momento) su complicidad y la del gobernador Vidal, dado que no han judicializado, ni intimado, ni tomado ninguna medida drástica y contundente para que el delito no se siga cometiendo.

En lugar de tomar esas medidas, la funcionaria se pregunta si los municipios pueden hacer frente a esos pagos y socializa el problema (nos hace cargo a todos nosotros) al referir “Como sociedad tenemos que hacernos esas preguntas” (¿?).

La señora titular de la CPS nos involucra a todos en las pérdidas, pero no hace nada con los que delinquen en los municipios; es decir, con los intendentes. Y tras describir muy bien que el trabajador ya pagó, se pregunta “Entonces ¿Qué están haciendo con la plata?”. 

Yo señor, no señor

Y ese es el gran problema que ella debería responder y resolver, no planteándoselo como un enigma, sino resolviéndolo en la práctica mediante los resortes legales e institucionales que tiene a mano.

Y termina su exposición como si fuera una comentarista diciendo “Cuando uno asume un Ejecutivo, tiene que asumir también lo que viene de antes. Eso hicimos desde el gobierno provincial, y eso les pedimos ahora a los municipios. Dejemos de tapar con arena un problema que tenemos que resolver. Porque si no hablamos de esto hoy, ¿cuándo? Este es el momento de discutir qué sistema previsional queremos construir como sociedad”.

No, la señora Emilger se equivoca. Ella, como cada gobierno que llegó han asumido “con beneficio de inventario” y sin responsabilidad ni ética por todo lo robado antes. Hace un año y medio que este gobierno asumió ¿Y recién se acuerdan que hay un problema?. Cualquier reunión con los intendentes es estéril y la presidente de la CPS lo sabe, pues, más allá de buscarle una vuelta al tema presupuestario municipal, la retención ilegal de aportes, porque no son depositados por ley, constituye un delito flagrante que el gobierno provincial no ha denunciado ante la justicia; esa si es la verdad que Emilger no quiere decir y disimula con un discurso lateral, como el viejo ardid de hacernos hacernos creer “que todos tenemos la culpa”, porque esto surge de un mecanismo sistematizado por los sucesivos intendentes y gobernadores y detrás de esa responsabilidad hay nombres y apellidos bien determinados y sin embargo, ni los que pasaron ni los intendentes que hoy hacen exactamente lo mismo que hicieron sus antecesores, están denunciados por malversación de fondos, estafa y una media docena de delitos que les cabe, tanto a ellos como a los ex gobernadores.

Resumiendo, Claudio Vidal manda a la titular de la CPS, al igual que al de la CSS, a mostrar una realidad que todos conocemos, utiliza ese hecho delictivo del cual el gobierno provincial es cómplice, porque con los recursos del Estado está pagando jubilaciones, cuyo dinero no posee, dado que los intendentes no hacen los aportes y en vez de llevarlos a la justicia, usar el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía del Estado y todo el andamiaje legal para cobrar las deudas y llevar ante la justicia a los responsables, los encubre, excepto aquellos municipios como el de Río Gallegos, al cual apunta como el que más debe, pero todos sabemos que lo hace por razones partidarias, dado que está allí Pablo Grasso, quien le disputa el poder en las urnas.

Pero Claudio Vidal, nunca va a pasar de lo discursivo, porque sabe que tendría que denunciar a sus propios intendentes, que siguen delinquiendo con la retención indebida de haberes del personal municipal y estafan a la provincia al no depositar las sumas de los aportes patronales correspondientes. Entonces, saca a la señora Emilger a quejarse sin actuar para que todos crean qwue “algo se está haciendo”.

Por eso las palabras de la Presidente de la CPS no tienen ningún valor aclaratorio y son fuegos de artificios sin ningún sentido práctico. Como en Santa Cruz ningún medio analiza nada y solo se van a limitar a copiar y pegar el texto que manda formateado el gobierno, es nuestra obligación hacer notar lo que está ocurriendo donde, tras el discurso, se aparean los intendentes, el gobernador y los funcionarios de las Cajas para que parezca que hacen pero no hacen nada; son cómplices de los mismos delitos que se vienen practicando desde hace años y hoy, junio del 2025, se siguen cometiendo en franca complicidad con todos los estamentos del Estado, incluyendo la Justicia, que es la gran ausente en todo este circo. (Agencia OPI Santa Cruz)