Nelson Periotti, ex titular de Vialidad Nacional durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, se entregó este miércoles por la mañana ante el Tribunal Oral Federal N°2 tras la confirmación de su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad. La decisión fue tomada pocas horas después de que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibiera el beneficio del arresto domiciliario en el mismo expediente.
Periotti, de 80 años, se presentó en el sexto piso de los tribunales de Comodoro Py para notificarse de la sentencia definitiva luego de que la Corte Suprema rechazara su recurso de queja, lo que dejó firme su condena. Una vez cumplido el trámite procesal, quedó inmediatamente detenido. Su defensa solicitó también cumplir la pena bajo arresto domiciliario, argumentando su avanzada edad y problemas de salud. El pedido se encuentra en estudio, por lo que mientras tanto será alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.
La jornada marcó un punto de inflexión en la ejecución de penas vinculadas a la causa Vialidad, ya que además de Periotti se presentaron y quedaron detenidos los ex funcionarios de Vialidad Mauricio Collareda y Raúl Daruich, condenados a cuatro años y a tres años y medio de prisión respectivamente. Ambos seguirán el mismo procedimiento judicial a la espera de definiciones sobre sus eventuales condiciones de detención.
El primero en acudir a los tribunales esta semana fue el ex secretario de Obras Públicas José López, quien se entregó el martes por la mañana y fue trasladado a la cárcel de Ezeiza. López también fue condenado a seis años de prisión y solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria. Su defensa planteó problemas psiquiátricos y recordó que su condición de imputado colaborador en la causa Cuadernos implica riesgos adicionales para su integridad si permanece en una cárcel común.
En paralelo, el empresario Lázaro Báez, principal beneficiario del esquema de direccionamiento de obras investigado en la causa Vialidad, ya cumple una pena de diez años de prisión en la cárcel de Río Gallegos por lavado de dinero en la causa conocida como la “ruta del dinero K”. En su caso, deberá sumar a esa condena los seis años impuestos por el Tribunal Oral Federal 2 en este expediente, cuya validez fue ratificada recientemente por la Corte Suprema. (Agencia OPI Santa Cruz)