El Gobierno nacional dispuso una modificación del presupuesto vigente mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 425/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, con el objetivo de reforzar partidas clave vinculadas a salarios, subsidios, funcionamiento del Estado y equipamiento. La decisión se enmarca en la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional y social, establecida por el DNU 70/23 y ratificada por la reciente Ley Bases.
El Ejecutivo justificó esta adecuación presupuestaria en la necesidad de garantizar el cumplimiento de obligaciones estatales esenciales, advirtiendo que de no adoptarse de manera inmediata, podría verse comprometida la continuidad de servicios públicos fundamentales. La redistribución de partidas contempla incrementos en los créditos para cubrir gastos en personal, funcionamiento operativo de organismos, subsidios, becas, transferencias y otros compromisos de las jurisdicciones nacionales.
Además, el decreto obliga a los organismos del Sector Público Nacional que dispongan de excedentes transitorios de liquidez a invertirlos en licitaciones de Títulos Públicos o Letras del Tesoro. Quedan exceptuados de esta medida los bancos públicos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Para reforzar el control de estos movimientos, se estableció un régimen de información mensual sobre flujo de fondos, inversiones y disponibilidades, que deberá ser reportado a la Secretaría de Hacienda.
El DNU también prorrogó por diez años las pensiones otorgadas bajo la Ley 13.337 y sus modificaciones, así como aquellas extendidas por la Ley 27.008 y sucesivas leyes presupuestarias. Para mantener este beneficio, se fijaron condiciones como no ser titular de un inmueble con valuación fiscal superior a los siete millones de pesos, no tener vínculo con legisladores solicitantes y no superar el monto de un haber mínimo garantizado.
Entre las áreas beneficiadas por la reasignación presupuestaria se encuentra el Ministerio de Economía, que recibirá fondos adicionales para subsidios a tarifas eléctricas, compensación por Zona Fría y proyectos de infraestructura económica y social, además de reforzar el financiamiento de la Agencia Nacional de Puertos. El Ministerio de Salud también verá incrementadas sus partidas para salarios en hospitales nacionales y la adquisición de insumos médicos, equipamiento y medicamentos, al igual que la Agencia Nacional de Discapacidad.
En materia educativa, la Secretaría de Educación aumentará su presupuesto para cubrir obligaciones salariales de docentes y personal no docente de las universidades nacionales. La ANSES, por su parte, sumará recursos para sostener el pago de prestaciones previsionales, el impacto de la Ley de Movilidad Jubilatoria y el incremento de los montos mínimos y máximos del seguro de desempleo.
En cuanto a la Jefatura de Gabinete, se destinarán recursos adicionales para cumplir con compromisos de asistencia financiera a las provincias, financiados con ingresos propios de la Vicejefatura. El Ministerio de Seguridad verá incrementadas sus partidas tras recibir la Dirección Nacional de Manejo del Fuego, además de contar con fondos para mejorar la operatividad de la Policía Federal y afrontar los aumentos salariales en las fuerzas de seguridad, lo que también impacta en la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal.
Por último, el Ministerio de Defensa también recibirá una ampliación presupuestaria destinada a mejorar los haberes del personal militar y de la Policía de Establecimientos Navales, con impacto directo en los haberes de retirados y pensionados, y en el Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares. (Agencia OPI Santa Cruz)