Cuatro fondos de inversión internacionales presentaron una nueva demanda contra la República Argentina ante la Corte del distrito de Columbia, en Estados Unidos, reclamando el cumplimiento de una sentencia firme emitida por la Justicia del Reino Unido. La demanda surge del incumplimiento de pagos correspondientes a los cupones atados al Producto Bruto Interno (PBI), emitidos por el país entre 2005 y 2010, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Los demandantes –Palladian Partners LP, HBK Master Fund LP, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited– ya habían obtenido en 2023 un fallo favorable por parte del Tribunal Supremo de Londres, que condenó al Estado argentino a pagar más de 1.500 millones de euros, monto que hoy se estima superior a los 1.700 millones de dólares, debido a intereses y costas judiciales. Ahora, buscan que ese fallo sea reconocido y ejecutado en tribunales estadounidenses, lo que habilitaría embargos sobre activos argentinos en ese país.
La base del reclamo es la presunta manipulación de las estadísticas oficiales del INDEC durante los años en cuestión, bajo la gestión del entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Según los fondos, Argentina subreportó deliberadamente el crecimiento económico para evitar los pagos vinculados al crecimiento del PBI, que estaban previstos en los títulos emitidos durante los procesos de reestructuración de deuda tras el default de 2001.
En un intento por revertir el fallo británico, el gobierno de Javier Milei había presentado una garantía de cerca de 360 millones de dólares para poder apelar la sentencia en Londres. Sin embargo, los tribunales británicos ratificaron el fallo original, y ese dinero ya fue utilizado para cubrir parte de las obligaciones con los demandantes. Los fondos sostienen que, más allá de esa suma y algunos pagos menores por costas legales, Argentina no ha cumplido con el resto de la deuda fijada por la justicia inglesa.
El conflicto judicial se suma al complejo escenario financiero del país, que en su reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional reconoció pasivos por alrededor de 4.000 millones de dólares en juicios con bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda, incluyendo el caso de los cupones PBI. Por primera vez, esos compromisos fueron clasificados como deuda efectiva en el entendimiento alcanzado con el organismo multilateral, lo que refleja un giro en la estrategia contable del Estado argentino respecto a sus contingencias legales internacionales.
Sebastián Maril, director de Latam Advisors y especialista en litigios de deuda soberana, destacó que el nuevo reconocimiento por parte del Gobierno representa un cambio relevante: “Por primera vez, las contingencias legales pasaron a ser contabilizadas como deuda en el marco del acuerdo con el FMI”. El avance de esta nueva presentación judicial en Washington podría derivar en nuevas medidas contra activos argentinos en el exterior, en un contexto en el que el país busca consolidar su frente fiscal y restablecer la confianza de los mercados internacionales. (Agencia OPI Santa Cruz)