(OPI TdF) – El abogado Gustavo Ariznavarreta, defensor del juez Andrés Leonelli, se pronunció este miércoles tras el allanamiento ordenado por la Justicia a la Sala Penal y al domicilio del magistrado, en el marco de una causa que investiga la presunta tenencia de material con contenido de pornografía infantil. El procedimiento judicial fue motivado por una alerta emitida por Google, que detectó imágenes sensibles alojadas en la nube del correo electrónico institucional de Leonelli.
Según explicó Ariznavarreta, el disparador del operativo fue una detección automática por parte del sistema de seguridad de la plataforma tecnológica, que derivó en la activación de protocolos internacionales de notificación. El letrado señaló que este tipo de situaciones se vinculan con el uso habitual que realizan los funcionarios judiciales del material probatorio, especialmente en causas relacionadas con delitos sexuales. En este sentido, sostuvo que la tenencia de imágenes o videos sensibles en dispositivos personales o cuentas digitales no institucionales es una práctica frecuente y extendida en el ámbito judicial.
Ariznavarreta defendió la conducta de su representado al señalar que el archivo cuestionado forma parte de su actividad laboral como juez penal y exfuncionario de una fiscalía especializada. Destacó que, en la actualidad, la información vinculada a investigaciones penales ya no se maneja exclusivamente en papel, y que, producto de la digitalización de expedientes, es común que estos contenidos sean almacenados en nubes, pendrives o computadoras de trabajo. El abogado remarcó que, en muchos casos, los funcionarios deben continuar tareas en sus hogares, lo cual expone sus dispositivos a potenciales filtraciones o malentendidos.
En esa línea, denunció la ausencia de una infraestructura digital adecuada dentro del Poder Judicial, al señalar que no existen cuentas institucionales protegidas con sistemas de seguridad criptográfica para alojar material sensible. Afirmó que esta carencia institucional obliga a jueces, fiscales y defensores a utilizar herramientas personales para guardar información de alta complejidad, con los riesgos que eso implica.
El defensor indicó también que, al recibir la notificación de Google, Leonelli realizó un descargo en el que explicó el origen y el contexto del material, pero no obtuvo respuesta. Posteriormente, la plataforma canceló su cuenta de forma unilateral, motivo por el cual el magistrado decidió iniciar una demanda contra la empresa por considerar que hubo una “asimetría de poderes” entre el prestador del servicio y el usuario afectado.
Ariznavarreta consideró que el allanamiento fue una medida de procedimiento estándar, aclarando que su defendido se encuentra a derecho, es inocente y que la situación se explica por su rol funcional. Reiteró que Leonelli manejaba esa información como parte de sus responsabilidades y que casos similares ya ocurrieron con personal policial en funciones, donde se determinó que la tenencia del material respondía a una justificación laboral, sin configurarse delito alguno.
El abogado cerró su exposición al subrayar que esta situación evidencia un problema estructural dentro del sistema judicial: la falta de recursos adecuados para manejar evidencia digital de forma segura. Enfatizó que la solución requiere políticas institucionales que garanticen la protección de datos sensibles sin comprometer la labor de quienes investigan delitos complejos. (Agencia OPI Tierra del Fuego)