El Gobierno nacional oficializó este lunes una profunda reforma en el sector eléctrico con la publicación del decreto 450/2025 en el Boletín Oficial, mediante el cual se avanza en la desregulación del mercado, se fomenta la competencia entre prestadores de servicios y se habilita un ambicioso plan de expansión de la red de transporte eléctrico a nivel nacional.
La medida representa un cambio estructural en el sistema energético argentino y apunta a generar condiciones de mayor transparencia, libre elección por parte de los usuarios y atracción de inversiones privadas. Uno de los pilares de esta reforma es la apertura total al comercio internacional de energía eléctrica, estableciendo un marco regulatorio claro, con la única salvedad de que el Estado podrá intervenir únicamente ante riesgos técnicos o de seguridad en el suministro.
Otro de los aspectos centrales del decreto es la restitución de los contratos de compraventa entre privados, una herramienta que había sido restringida en 2013. La reactivación de este tipo de acuerdos busca generar previsibilidad, estabilidad en el abastecimiento y condiciones atractivas para el financiamiento de proyectos energéticos de largo plazo. En esa línea, se reafirma el derecho de los usuarios finales a elegir libremente su proveedor de energía, sin barreras regulatorias ni impedimentos operativos.
La iniciativa también establece mecanismos para mejorar la transparencia en la facturación del servicio eléctrico. A partir de la entrada en vigencia de la nueva normativa, las facturas deberán detallar con precisión los conceptos cobrados, y quedará prohibida la inclusión de tributos locales o cargos que no correspondan a los bienes y servicios efectivamente prestados.
En paralelo con la liberalización del mercado, el decreto impulsa una estrategia de desarrollo de infraestructura de transporte eléctrico en todo el país, con el objetivo de reducir cuellos de botella, optimizar la operación del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y garantizar el abastecimiento en un escenario de crecimiento de la demanda energética.
El plan contempla la construcción de 5.610 nuevos kilómetros de líneas de alta tensión, lo que implicará una expansión del 38,3% respecto de la red actual. Estas obras, que requerirán una inversión estimada en más de 6.600 millones de dólares, estarán a cargo de empresas privadas mediante el sistema de concesión de obra, promoviendo la participación del sector privado bajo esquemas de libre iniciativa y riesgo propio. (Agencia OPI Santa Cruz)