(OPI TdF) – El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N.º 2 de la ciudad emitió dos fallos en los que condena al ex HSBC Bank Argentina S.A. y al Banco Hipotecario S.A. por no haber prevenido ni respondido adecuadamente ante maniobras de fraude digital que afectaron a clientes de ambas entidades. En ambos casos, el tribunal consideró que los bancos incumplieron su deber de seguridad, información y confianza, principios fundamentales que rigen la relación con los usuarios del sistema financiero.
En el caso contra el ex HSBC, el juez ordenó al banco indemnizar a una clienta con $1.774.000 más intereses, tras determinar que fue víctima de una operatoria fraudulenta que implicó la extracción no autorizada de dinero de su cuenta y la gestión indebida de un préstamo a su nombre. El fallo declaró la nulidad del crédito otorgado, dispuso la restitución inmediata de los fondos y otorgó una reparación por daño moral, además de aplicar una multa por daño punitivo, como sanción ejemplificadora por la conducta del banco.
En paralelo, el Banco Hipotecario fue condenado a pagar $1.150.000 más intereses a otro usuario afectado por una maniobra de similares características, aunque en este caso no se aplicó multa punitiva. La resolución también estableció que la entidad financiera no cumplió con sus obligaciones de protección al consumidor financiero.
Ambas decisiones judiciales han sido apeladas por las entidades bancarias, por lo que los casos continuarán en instancias superiores. Sin embargo, los fallos remarcan de manera contundente que la protección de los usuarios del sistema financiero no es una opción, sino una obligación impuesta por la normativa del Banco Central de la República Argentina, especialmente a través de comunicaciones como la “A” 6664, “A” 6878 y “A” 7370, que establecen pautas para el resguardo de los clientes frente a delitos informáticos.
El juzgado también subrayó la necesidad de que las entidades bancarias asuman un rol proactivo en la prevención de fraudes, desarrollando mecanismos eficaces para detectar irregularidades antes de que impacten en el patrimonio de sus clientes. Esta línea jurisprudencial no solo ofrece reparación a las víctimas, sino que sienta precedentes importantes en un contexto donde el crecimiento de las estafas digitales preocupa a consumidores y autoridades por igual. (Agencia OPI Tierra del Fuego)