El Tribunal Oral Federal N° 2 intimó este lunes a todos los condenados en la causa Vialidad, entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez, a pagar solidariamente una suma de casi 685 mil millones de pesos en concepto de reparación por el daño económico ocasionado al Estado. La resolución establece un plazo de diez días hábiles para realizar el depósito, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se procederá al decomiso y remate de los bienes embargados.
La cifra exacta determinada por los peritos oficiales del Centro de Asistencia Judicial Federal de la Corte Suprema asciende a $684.990.350.139. El tribunal desestimó el cálculo presentado por el perito de Cristina Kirchner, que reducía el perjuicio estimado a $42.000 millones. Los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, con el acompañamiento de Andrés Basso, dispusieron además la ampliación de los embargos existentes sobre bienes inmuebles hasta alcanzar el monto total del daño estimado, conforme lo habían solicitado los fiscales del caso, Diego Luciani y Sergio Mola.
El plazo límite para cumplir con el pago vence en las primeras dos horas del 13 de agosto, entre las 7.30 y las 9.30. Si la suma no se abona en ese período, comenzará el proceso de ejecución de bienes, que incluye la utilización de dinero en efectivo y la subasta pública de propiedades, vehículos y sociedades. Esta etapa podría resultar compleja debido a la multiplicidad de procesos judiciales que involucran a algunos de los condenados, especialmente Báez, quien ya enfrenta una ejecución patrimonial en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, en la que fue condenado a 15 años de prisión y al pago de una multa de $355 millones.
En paralelo, el TOF 2 solicitó al Juzgado Comercial N° 28 una certificación detallada sobre el estado procesal de la quiebra de Austral Construcciones, la empresa insignia del holding de Lázaro Báez. Los jueces buscan establecer con precisión qué bienes de la firma fueron liquidados, cuáles están embargados y qué acreedores comerciales están involucrados. Esta información resulta clave para definir qué activos pueden ser efectivamente utilizados para cubrir el perjuicio dictaminado por la Justicia.
Entre los bienes que podrían ser decomisados figuran más de 200 propiedades, 14 vehículos, seis sociedades comerciales, hoteles en la Patagonia, estancias, chacras, departamentos en Puerto Madero y Río Gallegos, y sumas millonarias en dólares. Se estima que el total de activos identificados supera los 530 millones de dólares al tipo de cambio actual. En el caso de Cristina Kirchner, los fiscales pusieron el foco en bienes congelados en las causas Hotesur y Los Sauces, que podrían ser alcanzados por el decomiso, a pesar de haber sido transferidos a sus hijos a través de un anticipo de herencia.
En paralelo, los jueces ordenaron que se investigue el patrimonio de Claudia Insaurralde, pareja de Lázaro Báez, ante la sospecha de que el empresario habría intentado transferir bienes a su nombre para evitar su incautación. La investigación patrimonial sobre los condenados incluye también a otros implicados como el ex funcionario José López y los empresarios Nelson Perotti y Mauricio Collareda.
El fallo del Tribunal Oral Federal 2 se enmarca en una política de recuperación de activos provenientes de delitos de corrupción, con el objetivo de evitar que los condenados sigan disponiendo del patrimonio obtenido de manera ilícita. Los fiscales Luciani y Mola argumentaron que el monto del perjuicio debe calcularse en función de los sobreprecios en las 51 licitaciones investigadas y los costos derivados de las obras inconclusas, lo que dio lugar a la cifra histórica ahora exigida como resarcimiento al erario público. (Agencia OPI Santa Cruz)
Que la devuelva Marcos Muller .Todos los millones de dólares propiedades y vehículos.