La Justicia de Estados Unidos resolvió este martes 15 de julio otorgar una suspensión temporal a la Argentina en el litigio por la expropiación de YPF, al frenar de manera provisoria la ejecución del fallo que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los fondos demandantes. La decisión fue adoptada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que emitió una “suspensión administrativa temporal” de la denominada “Orden de Entrega” firmada por la jueza Loretta Preska el pasado 30 de junio.
La medida judicial busca garantizar un tratamiento ordenado de los planteos de ambas partes, en el marco del proceso de apelación que enfrenta la Argentina. El tribunal estableció un cronograma claro: los demandantes, encabezados por el fondo Burford Capital, deberán presentar su oposición a una suspensión más prolongada antes del jueves 17 de julio, mientras que el Estado argentino tendrá plazo hasta el martes 22 para responder con sus argumentos.
Una vez completado ese intercambio de presentaciones, un panel de tres jueces analizará el expediente y definirá si corresponde mantener la suspensión durante todo el tiempo que demande la resolución del recurso de apelación de fondo presentado por la defensa argentina. Por el momento, esta resolución otorga al país al menos una semana más de margen frente a la obligación de transferir las acciones de la petrolera.
Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro durante la presidencia de Alberto Fernández y quien lideró la estrategia jurídica argentina en esta causa por cuatro años, explicó a través de su cuenta de X cómo se desarrollará el proceso a partir de ahora. Detalló que este 17 de julio Burford Capital expondrá su rechazo al pedido argentino de prolongar la suspensión hasta que la Cámara resuelva la apelación contra la sentencia de fondo, que condenó a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares por la expropiación de YPF realizada en 2012.
La posición del Estado nacional será presentada cinco días después, el martes 22 de julio, con argumentos a favor de sostener la suspensión. Posteriormente, sin plazos establecidos, se definirá la integración del panel de tres jueces de Cámara encargado de resolver la cuestión.
De aceptar el pedido argentino, la orden de la jueza Preska de entregar las acciones quedaría suspendida hasta que se resuelva la apelación, proceso que, según estimaciones del propio Soler, podría extenderse hasta 2026 debido a que aún no hay fecha fijada para la audiencia. En caso contrario, la orden judicial volvería a tener efecto inmediato y el país debería avanzar con la entrega del paquete accionario. (Agencia OPI Santa Cruz)