La Procuración del Tesoro de la Nación atraviesa una profunda reestructuración interna tras la sospecha de filtraciones de información sensible relacionadas con el litigio internacional por la expropiación de YPF. El organismo que asesora jurídicamente al Poder Ejecutivo y a los principales funcionarios de la Administración Pública Nacional está implementando un fuerte recorte de personal y la disolución de áreas clave, en medio de versiones que vinculan las medidas con posibles irregularidades en el manejo de datos confidenciales.
Según confirmaron fuentes oficiales del Gobierno, el procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, inició una serie de cesantías dentro del organismo como parte de una estrategia que en la Casa Rosada no dudan en calificar como una “purga“. La decisión se enmarca en las sospechas sobre la divulgación de información interna que habría impactado negativamente en el juicio por la estatización de YPF en Estados Unidos, donde la jueza Loretta Preska falló en primera instancia que la Argentina debe compensar al fondo Burford Capital, adjudicándole la obligación de integrar el 51% de las acciones de la petrolera.
“Creemos que hubo filtraciones sobre YPF. La Procuración maneja temas de muchos millones de dólares”, afirmó un alto funcionario del gobierno de Javier Milei ante periodistas acreditados en Casa Rosada. En los pasillos oficiales no descartan que, además de filtraciones, haya existido incluso venta de información confidencial a Burford Capital, el fondo buitre que compró los derechos litigiosos en el juicio contra el Estado argentino.
Pese a estas versiones, la Procuración del Tesoro evitó referirse a esos señalamientos en su comunicación institucional. En un comunicado difundido tras conocerse los trascendidos, el organismo informó que está llevando adelante una reducción estructural “en línea con la transformación del Estado nacional” promovida por el Gobierno. Según detallaron, desde febrero —cuando asumieron las nuevas autoridades— el personal se redujo en más del 20%, se eliminaron más de 60 cargos y se decidió pasar de seis a cuatro Direcciones Nacionales. Además, se anunció el cierre de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, cuya función será absorbida por un nuevo centro que operará con menos de un tercio del plantel original.
Santiago Castro Videla, de 43 años, asumió al frente de la Procuración del Tesoro a comienzos de febrero de 2025 en reemplazo de Rodolfo Barra, aunque debió apartarse del litigio por YPF debido a un conflicto de intereses: fue socio del abogado constitucionalista Alberto Bianchi, presentado como testigo por Burford Capital en la demanda. Por esa razón, no está a cargo directo de la estrategia judicial en Nueva York.
La representación legal del Estado argentino en el caso está en manos del estudio estadounidense Sullivan & Cromwell, encabezado por Robert Joseph Giuffra Jr., abogado vinculado al expresidente Donald Trump y con honorarios estimados en cerca de 1.800 dólares por hora. Desde el Ejecutivo aseguran que el proceso judicial está bien encaminado, y celebran que en las últimas horas se haya conocido el respaldo del Gobierno de Estados Unidos al planteo de la Argentina ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, donde el fallo de Preska será revisado. (Agencia OPI Santa Cruz)