El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, presentará un escrito de amicus curiae ante la Corte de Apelaciones de Nueva York en respaldo a la Argentina, en el marco del litigio por la expropiación de YPF. El objetivo es sostener la suspensión de la orden judicial que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los fondos demandantes, entre ellos Burford Capital.
El respaldo legal, impulsado por el Departamento de Justicia estadounidense, se da en un momento clave: actualmente rige una suspensión temporal del fallo dictado por la jueza Loretta Preska, que será evaluada por la Cámara mientras se tramitan los argumentos de apelación. La intención del gobierno estadounidense es que esa pausa judicial se mantenga vigente durante todo el tiempo que demande el proceso de apelación principal.
Sebastián Maril, CEO de la consultora Latam Advisors y especialista en litigios financieros internacionales, explicó que un amicus curiae es una herramienta legal que permite a un tercero ofrecer su perspectiva ante un tribunal, agregando elementos argumentativos que pueden influir en la decisión de los jueces. En este caso, la presentación de Estados Unidos busca reforzar la posición argentina para evitar la cesión forzada de activos estratégicos.
No obstante, Maril aclaró que el respaldo de Washington no se extiende al fallo central que condena a la Argentina a pagar US\$16.100 millones por la expropiación de YPF. Ese recurso ya no puede ser apelado, ya que el plazo procesal para hacerlo venció en septiembre de 2024. Según el analista, la administración Trump interviene ahora porque considera que el intento de forzar a un país soberano a desprenderse de activos clave como las acciones de YPF plantea un tema más delicado desde el punto de vista del derecho internacional y la inmunidad soberana, en comparación con el fallo original vinculado a obligaciones contractuales.
Cabe recordar que el Departamento de Justicia, durante el gobierno de Joe Biden, ya había presentado un amicus en favor de la Argentina en una etapa anterior del proceso. En esa oportunidad, sostuvo que la entrega de las acciones de una empresa estatal violaría los principios de inmunidad soberana establecidos en las leyes estadounidenses. A pesar de ese respaldo, la jueza Preska resolvió en contra de la posición argentina. (Agencia OPI Santa Cruz)