El conflicto por la zafra del langostino sumó esta semana nuevos episodios de alta tensión, en medio de una crisis que mantiene paralizada a la flota desde hace meses, con fuertes pérdidas económicas, denuncias penales y un creciente malestar en los principales puertos pesqueros del país.
En Mar del Plata, afiliados del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y del Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape) realizaron una protesta frente a la sede del Sindicato de Capitanes de Pesca, en un gesto que expuso las divisiones internas dentro del sector gremial y profundizó el clima de confrontación.
En paralelo, en Puerto Madryn, al menos cuatro marineros denunciaron haber recibido amenazas de muerte luego de aceptar firmar contratos con la empresa Conarpesa, en medio de la disputa por la forma de pago de la producción a bordo. Las intimidaciones fueron denunciadas públicamente por el secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, quien consideró que “amenazar de muerte a un laburante es traspasar todo límite” y confirmó que se iniciaron acciones penales. Como parte de la investigación, la Policía realizó dos allanamientos e incautó teléfonos celulares que podrían contener evidencia clave sobre los mensajes.
La escalada de violencia fue rechazada por la Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina, que emitió un comunicado conjunto donde expresó: “Repudiamos la violencia y extorsión contra trabajadores que quieren ejercer su derecho a trabajar. No es el camino para construir paz social ni fomentar el empleo argentino”.
El conflicto se centra en la negativa del SOMU y del Simape a revisar el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), en especial los ítems relacionados con el pago por producción, que representa la parte más significativa del salario de los tripulantes. Ambos gremios insisten en que ya firmaron un acuerdo salarial con aumentos sobre los básicos y que no corresponde modificar otros componentes. “No hay nada legal que firmar fuera del convenio ya vigente”, sostuvo Oscar Bravo, del SOMU. En tanto, Pablo Trueba, del Simape, acusó a las cámaras empresarias de querer “romper la paz social”.
Del lado empresario, se sostiene que los valores actuales del convenio son insostenibles. Señalan que el costo laboral alcanza el 60% del total operativo y que mantener el esquema vigente, sin ajustar los valores de producción, implica operar con pérdidas. También alertaron que “no hay condiciones de seguridad para salir a pescar con acuerdos individuales, los trabajadores están amenazados”.
La disputa salarial ocurre en un contexto de mercado adverso, ya que el valor internacional del langostino cayó de USD 12 a USD 6 por kilo, mientras que los ítems del convenio aún están calculados con los precios de 2005. A diferencia del SOMU y el Simape, los sindicatos de Capitanes y Maquinistas aceptaron revisar esos ítems para adaptarlos al escenario actual.
Pese al clima generalizado de tensión, hubo una excepción parcial: la empresa Buenos Aires Pesca S.A. logró un acuerdo transitorio con ambos gremios para que dos buques tangoneros zarparan respetando el convenio vigente pero con una modalidad de pago alternativa. Sin embargo, la medida no alcanza para revertir una parálisis formal que ya lleva más de cuatro meses, y que tiene a más de 100 barcos amarrados desde hace casi un año.
Según estimaciones del sector, las exportaciones de langostino frenadas superan los 200 millones de dólares, y la situación impacta directamente en unas 5.000 familias que dependen de la actividad pesquera en distintas provincias del país. (Agencia OPI Santa Cruz)