(OPI TdF) – El Superior Tribunal de Justicia rechazó una serie de recusaciones que habían sido presentadas con el objetivo de apartar a tres jueces del tratamiento de la causa que analiza la constitucionalidad de la ley provincial que habilitó el llamado a elecciones de convencionales constituyentes. La medida allana el camino para que el máximo órgano judicial de la provincia avance hacia una resolución de fondo sobre la validez del proceso impulsado por el gobernador Gustavo Melella.
Las presentaciones habían sido formuladas por el abogado Paulino Rossi y el legislador Jorge Lechman, referentes opositores al proyecto de reforma parcial de la Constitución fueguina. En las últimas horas, el Tribunal resolvió rechazar todos los planteos, considerando que carecen de fundamentos suficientes y que no afectan la imparcialidad de los magistrados.
En detalle, se desestimó la recusación con causa contra la jueza María del Carmen Battaini, actual presidenta del Superior Tribunal; se rechazó in limine la nulidad solicitada sobre una providencia clave emitida el 13 de mayo pasado; también fue rechazada la recusación contra la jueza Edith Miriam Cristiano, impulsada por Lechman; y se desestimó otra recusación presentada por Rossi contra el juez Javier Darío Muchnik.
Estas acciones judiciales habían sido interpretadas por diversos sectores políticos y jurídicos como intentos para frenar o dilatar el avance de un expediente considerado de alto impacto institucional. Desde el oficialismo se había advertido sobre una posible maniobra de “judicialización de la política” que buscaba condicionar el ejercicio del poder constituyente, aprobado previamente por la Legislatura provincial.
Con la decisión del Superior Tribunal, el expediente retoma su cauce y se espera que en los próximos días se emita un fallo sobre el planteo de inconstitucionalidad de la ley que habilitó la convocatoria a la convención constituyente. La expectativa es alta, dado que el resultado podría definir el rumbo de una reforma que contempla cambios en la organización del Estado, eventuales modificaciones en el régimen electoral y el eventual límite a la reelección indefinida de cargos electivos.
El debate sobre la reforma constitucional en Tierra del Fuego ha generado una fuerte polarización política y jurídica. Mientras el Gobierno provincial defiende una “actualización institucional” acotada, desde la oposición insisten en que el proceso presenta vicios legales y una falta de consenso que lo deslegitima. La inminente resolución del Superior Tribunal será clave para establecer la validez del proceso reformista y su continuidad en el calendario político provincial. (Agencia OPI Tierra del Fuego)