Luego de varias semanas de tensiones políticas y señales cruzadas, el Gobierno Nacional reactivó las negociaciones con gobernadores aliados para consolidar acuerdos electorales de cara a las elecciones del 26 de octubre. El objetivo es doble: asegurar respaldo territorial para los comicios y garantizar votos clave en el Congreso para sostener la agenda legislativa del presidente Javier Milei, especialmente frente a los desafíos fiscales y sociales que se acumulan.
En este contexto, el oficialismo volvió a tender puentes con mandatarios provinciales que, si bien no forman parte formal de La Libertad Avanza, han mostrado predisposición al diálogo o se han distanciado de alianzas con sectores peronistas. Entre ellos se encuentran Carlos Sadir (Jujuy), Rolando “Rolo” Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Gustavo Sáenz (Salta), quienes fueron recibidos por funcionarios nacionales en distintas instancias para avanzar en entendimientos políticos y electorales.
Las conversaciones más avanzadas, según confirmaron fuentes oficiales, son con Cornejo en Mendoza y con Frigerio en Entre Ríos. Incluso, se prevé que el acuerdo con el mandatario radical mendocino se anuncie en los próximos días. Además, esta semana podría sumarse a la ronda de contactos el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego, quien visitaría la Casa Rosada para iniciar su propio proceso de negociación.
El contexto político ofrece una ventana de oportunidad al oficialismo: ante la negativa de varios gobernadores opositores a integrar un frente electoral con La Libertad Avanza —entre ellos, Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Ignacio Torres (Chubut), Jalil, Figueroa y otros—, la estrategia del Ejecutivo se concentra en fomentar la mayor fragmentación posible de listas provinciales para limitar el rendimiento electoral del peronismo en las urnas.
Al mismo tiempo, la Casa Rosada busca que estos acuerdos se traduzcan en apoyo parlamentario, especialmente para sostener los vetos presidenciales a proyectos sensibles como el aumento de las jubilaciones, la extensión de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Según fuentes de La Libertad Avanza, la consigna es clara: los aliados que reciban respaldo político o gestos institucionales deberán garantizar fidelidad legislativa en los próximos meses.
La coordinación del diálogo con las provincias está en manos de Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional y asesor de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En las últimas semanas se sumaron actores centrales como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, quienes vienen articulando reuniones con gobernadores y legisladores para afinar estrategias.
Uno de los encuentros más recientes tuvo lugar en la Secretaría del Interior e incluyó la participación del gobernador catamarqueño Raúl Jalil, quien mantuvo un extenso diálogo con funcionarios nacionales. Previamente, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, también había pasado por la reunión, donde se abordaron temas como la situación de la empresa interestatal Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD).
En paralelo, el Ejecutivo busca frenar el avance de proyectos legislativos que ponen en riesgo su esquema fiscal. Dos iniciativas ya cuentan con media sanción del Senado: la que propone modificar la distribución del Impuesto a los Combustibles y otra que plantea cambiar el régimen de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Para el Gobierno, la prioridad es impedir que se altere la recaudación del tributo a los combustibles, clave para mantener el equilibrio fiscal. “La idea es poder separar su tratamiento. El resto es conversable”, deslizó una fuente oficial.
En cuanto al proyecto de coparticipación automática y diaria de los ATN, en el oficialismo no descartan introducir cambios que lo hagan más viable, siempre que se respete el principio de sostenibilidad fiscal. La consigna, según admiten en Balcarce 50, es buscar una solución con “ingenio y diálogo”, evitando confrontaciones abiertas que profundicen el malestar de los gobernadores.
En medio de un delicado equilibrio entre las necesidades políticas y las urgencias fiscales, el Gobierno apuesta a que los acuerdos electorales en ciernes fortalezcan su margen de maniobra en el Congreso y le permitan llegar con mayor solidez a la contienda nacional de octubre. (Agencia OPI Santa Cruz)