La República Argentina presentó formalmente ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York sus argumentos para sostener la suspensión de la entrega de acciones de YPF, medida ordenada por la jueza Loretta Preska en el marco de los juicios por la estatización de la petrolera. El objetivo del escrito es que el tribunal superior mantenga la interrupción de la ejecución mientras se desarrolla la apelación de fondo, más allá de las instancias procesales actualmente en curso.
La defensa del Estado argentino, informada por la Procuración del Tesoro y compartida públicamente por Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y analista del caso, se basó en una serie de objeciones jurídicas al fallo original. Entre ellas, se destaca el argumento de que la orden judicial vulnera la inmunidad soberana de ejecución que protege los bienes de los Estados extranjeros conforme a la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos.
En su presentación, Argentina remarcó que las acciones en cuestión están localizadas en territorio argentino, que no fueron utilizadas en operaciones comerciales dentro de Estados Unidos y que no tienen vínculo directo con la actividad comercial que originó la demanda. En consecuencia, se sostiene que ejecutar la entrega sin una suspensión cautelar implicaría un daño irreparable para el país, tanto por la posible pérdida del control estatal sobre YPF como por las implicancias diplomáticas de la medida.
El Gobierno argentino citó el respaldo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que expresó su desacuerdo con el criterio adoptado por la jueza Preska. Según el escrito, la ejecución inmediata de la orden no solo sería prácticamente irreversible, sino que también podría desatar tensiones diplomáticas con efectos sobre la política exterior de ambos países. Asimismo, se planteó que una eventual transferencia de las acciones sin resolución definitiva generaría perjuicios para terceros, incluyendo a los actuales accionistas de YPF y al propio Estado argentino, que perdería una herramienta estratégica en el sector energético.
En el caso Petersen/Eton Park, el Gobierno resaltó que no existe riesgo de “disipación” de los activos, ya que la legislación nacional prohíbe su venta sin la aprobación de dos tercios del Congreso. Además, sostuvo que los demandantes no pudieron demostrar perjuicio alguno en caso de que la entrega de las acciones quede suspendida.
En paralelo, en el caso Bainbridge, Argentina argumentó que la parte demandante tampoco logró justificar la necesidad de una garantía ni probó que una suspensión le generaría un daño. La presentación reiteró que una eventual ejecución sin la posibilidad de revertir la entrega representaría un perjuicio irreversible para el país.
La Procuración del Tesoro ratificó que el Gobierno nacional seguirá defendiendo “con firmeza jurídica” los intereses soberanos de la República, señalando la responsabilidad de gestiones anteriores en el origen del litigio. La decisión de la Corte de Apelaciones sobre el pedido argentino podría conocerse en los próximos días. El tribunal deberá resolver si extiende la suspensión con o sin exigencia de garantía, o si habilita la ejecución inmediata del fallo dictado por la jueza Preska. (Agencia OPI Santa Cruz)