Con la mira puesta en el próximo miércoles 30 de julio, la oposición en la Cámara de Diputados ya tiene redactado el pedido de sesión especial para tratar una serie de proyectos clave, aunque aún no cuenta con el quórum necesario para concretarla. En medio del receso invernal y con la campaña electoral en marcha de forma no oficial, referentes de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y bloques del llamado “centro opositor” como Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, avanzan en una estrategia contracorriente para intentar abrir el recinto en un momento inusual del calendario legislativo.
La presión del calendario electoral, que a partir de agosto absorberá casi por completo la atención de los legisladores, impulsa a estos sectores a aprovechar una última ventana de oportunidad. La apuesta se apoya, principalmente, en dos proyectos con media sanción del Senado vinculados a la distribución de Aportes del Tesoro Nacional y al Impuesto al Combustible. Ambos temas son seguidos de cerca por los gobernadores provinciales, quienes cargan con un visible malestar hacia el Gobierno nacional y podrían inclinar la balanza si deciden sumar a sus diputados al pedido formal de sesión.
Un diputado de uno de los bloques opositores “de centro” involucrado en las negociaciones señaló a Noticias Argentinas que la viabilidad de la sesión depende de la decisión política de los gobernadores. Afirmó que la nota está lista y que ahora esperan que las provincias aporten las firmas necesarias de sus legisladores. Inicialmente, los mandatarios exigieron que el quórum fuese reunido solo por la oposición, para evitar un enfrentamiento directo con la Casa Rosada. Sin embargo, desde los bloques opositores respondieron que sin el compromiso explícito de las provincias no pueden garantizar el número necesario.
A pesar de la postura inicial de cautela, las provincias mantienen conversaciones con el Gobierno nacional, intentando alcanzar algún tipo de acuerdo para evitar una confrontación legislativa directa. No obstante, si el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no logra ofrecer una propuesta satisfactoria, los gobernadores podrían volcarse finalmente a respaldar la sesión, incluso durante el receso.
En caso de realizarse, la sesión tendría un fuerte impacto político: dejaría en evidencia la debilidad del oficialismo en el Congreso y abriría la posibilidad de avanzar con proyectos como la ley de emergencia del Hospital Garrahan y el financiamiento universitario. La participación de Unión por la Patria, que cuenta con 98 diputados, sería decisiva.
La situación representa un desafío adicional para el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien intenta contener el avance de la oposición y evitar que se imponga una agenda legislativa adversa al Gobierno de Javier Milei. A diferencia del Senado, donde la vicepresidenta Victoria Villarruel puede bloquear sesiones, el reglamento de Diputados no permite impedir formalmente los pedidos si cumplen con los requisitos.
En este contexto, el oficialismo ha recurrido a dilaciones en comisiones, en especial a través del titular de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert. Sin embargo, la oposición logró sortear esos bloqueos mediante votaciones en el recinto que permitieron forzar el tratamiento de los temas, en algunos casos con mayorías superiores a los dos tercios.
El horizonte inmediato también incluye una eventual nueva sesión para rechazar los vetos presidenciales a las leyes jubilatorias y la emergencia en Discapacidad, dos medidas que el Gobierno de Milei firmó sobre el límite de los plazos legales. Si la oposición logra revertir esos vetos, podría asestarle un golpe político de alto impacto al oficialismo, justo en un momento en el que el Ejecutivo espera que las elecciones le brinden oxígeno para recuperar la iniciativa legislativa en la segunda mitad del mandato. (Agencia OPI Santa Cruz)