(OPI TdF) – El Gobierno resolvió dar por concluida de forma definitiva la fallida obra vial conocida como Corredor Costero del Canal Beagle. A través del decreto 1834/25, firmado el pasado 18 de julio, el Poder Ejecutivo dispuso la rescisión del contrato de obra pública firmado el 16 de mayo de 2018 con la empresa Juan Felipe Gancedo S.A., diferida la liquidación final hasta tanto se cumplan las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas y se apruebe un informe de impacto ambiental que determine la existencia o no de pasivos ambientales.
Ese mismo día, mediante el decreto 1835/25, también se revocó retroactivamente al 23 de octubre de 2023 el contrato correspondiente al tramo II de la obra, sin reconocer compensación económica alguna a favor de la contratista.
La obra, proyectada originalmente durante la gestión de Rosana Bertone, preveía la construcción de una ruta de 132 kilómetros bordeando el Canal Beagle, desde Ushuaia hasta Cabo San Pío. El objetivo declarado era impulsar el desarrollo productivo de Puerto Almanza, fomentar la actividad turística y conectar distintos parajes del sur fueguino. La inversión inicial fue estimada en 1.720 millones de pesos y el plazo de ejecución previsto era de 24 meses.
El proyecto fue dividido en tres tramos: el primero desde Playa Larga hasta Almanza; el segundo desde Almanza hasta Moat; y el tercero desde Moat hasta Cabo San Pío. A pesar de los cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y científicas, que advirtieron sobre posibles impactos ambientales y arqueológicos, en enero de 2019 se inició la construcción de los primeros segmentos con el aval de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático.
Sin embargo, con el cambio de gestión en 2020, el gobierno de Gustavo Melella paralizó los trabajos para revisar la traza vial. La revisión se extendió durante años, sin avances concretos ni una definición oficial. Recién en octubre de 2023, la Provincia decidió rescindir los contratos de los tramos II y III “por razones de oportunidad, mérito y conveniencia”, aunque sin atribuir culpa a la empresa. En ese momento, reconoció además gastos improductivos por más de $1.000 millones.
La falta de definición llevó a la contratista a recurrir a la Justicia. En mayo pasado, el Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a un amparo por mora presentado por Gancedo y ordenó al Ejecutivo emitir una resolución sobre la continuidad de los contratos, la liquidación de certificados de redeterminación, y la evaluación de una posible compensación por daños derivados de las demoras.
El Tribunal de Cuentas también intervino. En junio, emitió un informe técnico recomendando la rescisión definitiva del contrato, la elaboración de un acta de recepción final y la postergación de la liquidación hasta cumplir con observaciones técnicas y ambientales pendientes. En función de ese dictamen, el Gobierno provincial dio por terminada oficialmente la obra.
Con esta decisión, finaliza formalmente uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos y controvertidos de Tierra del Fuego. Solo cuando se apruebe el informe de impacto ambiental y se regularicen las observaciones pendientes del Tribunal de Cuentas se conocerá el costo final para el erario público de una obra que, después de siete años, quedó inconclusa. (Agencia OPI Tierra del Fuego)