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La polémica llegada de una petrolera británica

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(OPI TdF) – La compañía Premier Oil PLC, sancionada en 2012 por el Estado argentino por explorar ilegalmente en las Islas Malvinas, ha regresado al país a través de una serie de fusiones y adquisiciones. Ahora operando bajo el nombre de Harbour Energy, la empresa británica logró hacerse con una parte de cinco importantes negocios petroleros en las provincias de Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego. Esta situación ha generado controversia y ha sido objeto de críticas, especialmente en un contexto donde el gobierno nacional, liderado por el presidente Javier Milei, ha flexibilizado regulaciones.

Premier Oil PLC fue declarada “ilegal y clandestina” por el gobierno argentino en 2013 por su participación en el yacimiento offshore Sea Lion, ubicado a 218 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. En 2015, la justicia federal de Río Grande multó a la compañía con 156,4 millones de dólares y ordenó embargar sus activos. Pese a estas sanciones, la empresa continuó operando en la zona hasta 2022.

Acosada por deudas, Premier Oil se fusionó con la británica Chrysaor Holdings para crear Harbour Energy. En ese proceso, Harbour heredó no solo los activos de Premier, sino también sus pasivos y sanciones pendientes en Argentina. Más tarde, la nueva empresa vendió su participación en el yacimiento de Malvinas a la compañía israelí Navitas Petroleum. Según Guillermo Carmona, exsecretario de Malvinas de la Cancillería, aunque Harbour Energy no fue sancionada directamente, surge de una fusión con una empresa que sí lo estaba, lo que pondría en tela de juicio su legitimidad para operar en el territorio nacional según la Ley 26.649 de 2011, que prohíbe a empresas involucradas en actividades no autorizadas en la plataforma continental argentina por hasta 20 años.

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El regreso de la compañía se concretó en septiembre de 2024, cuando Harbour Energy, ya con el nuevo nombre, adquirió las operaciones globales de la alemana Wintershall Dea por 11.800 millones de dólares. Esta compra le abrió la puerta a importantes proyectos en Argentina, incluyendo yacimientos en Vaca Muerta, explotaciones en la plataforma offshore de Tierra del Fuego y una participación en el megaproyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) en Río Negro, el consorcio Southern Energy.

En Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck está gestionando la aprobación legislativa para permitir la operación de Southern Energy en el Golfo de San Matías, en sintonía con la Resolución 559/2025 del ministro de Economía, Luis Caputo, que incluyó el proyecto en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), liberándolo de impuestos por 30 años. Esta acción ha sido cuestionada por la legisladora Magdalena Odarda, quien acusa al gobernador de cometer “graves delitos por fraude a la Ley argentina” y ha solicitado una investigación al respecto.

En Neuquén, la compra de Wintershall Dea le otorgó a Harbour Energy una participación en los yacimientos de shale oil de Aguada Pichana Este y San Roque, en el corazón de Vaca Muerta, en sociedad con la francesa Total. Por su parte, en Tierra del Fuego, la empresa ganó una importante participación en el proyecto offshore Fénix, al sur de Ushuaia, a pesar de que el gobernador Gustavo Melella inicialmente se mostró reacio a su incorporación. Su posterior aceptación y la firma de la concesión podrían acarrearle al mandatario complicaciones legales por avalar a una empresa con un historial de violaciones a la soberanía nacional. (Agencia OPI Tierra del Fuego)

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