Diez años después del inicio de la causa judicial, la Corte de Apelaciones de Nueva York tiene previsto resolver este martes un punto clave en el litigio multimillonario contra la República Argentina por la expropiación de YPF. El tribunal deberá decidir si mantiene la suspensión de la orden de la jueza Loretta Preska, que exige al país entregar el 51% de las acciones de la petrolera como pago por una indemnización de 16.100 millones de dólares. La decisión podría tener consecuencias significativas para las finanzas nacionales y el futuro de la empresa energética.
El origen del conflicto judicial se remonta a la nacionalización de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Aunque la ley de Soberanía Hidrocarburífera permitió la expropiación, la demanda no cuestiona ese derecho, sino que se centra en el incumplimiento del estatuto de la compañía. Según los demandantes, el Estado argentino omitió realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a todos los accionistas, tal como lo establecen las normativas de YPF, lo que perjudicó a los inversores que cotizaban en la Bolsa de Nueva York y habilitó el litigio en esa jurisdicción.
El juicio fue impulsado por empresas que representaban a los accionistas minoritarios, entre ellos el Grupo Petersen y Eton Park, cuyas demandas fueron financiadas por el fondo de inversión Burford Capital. Este fondo, que se especializa en la compra de litigios, adquirió el derecho a financiar la causa tras la quiebra del Grupo Petersen, que no pudo afrontar los préstamos con los que había comprado sus acciones en YPF luego de que la empresa nacionalizada dejara de repartir dividendos. Si la demanda se concreta, el 70% del dinero obtenido iría a Burford Capital y el 30% restante a la quiebra de las empresas de Petersen para ser distribuido entre sus acreedores.
El fallo de la jueza Preska, emitido el año pasado, determinó que Argentina debía abonar una cifra de 16.100 millones de dólares, a los que se suman 2 millones de dólares diarios en concepto de intereses. Ante la falta de pago, la magistrada ordenó que la deuda se salde con las acciones de YPF. La defensa argentina solicitó una medida cautelar para suspender esa decisión, y es sobre esa solicitud que la Corte de Apelaciones se pronunciará este martes.
El escenario se presenta con tres posibles resultados: que se mantenga la medida cautelar, lo que suspendería el traspaso de las acciones a la espera de otra instancia judicial; que se niegue la cautelar, lo que obligaría a Argentina a entregar las acciones de inmediato; o que se suspenda la orden de Preska pero se ordene al gobierno a depositar otros activos, como bonos a mediano o largo plazo, en reemplazo de las acciones de YPF.
Si la Corte de Apelaciones rechaza la suspensión total del traspaso de las acciones, Argentina se enfrentaría a la posibilidad de negociar un acuerdo con los acreedores o, de lo contrario, incumplir el fallo. Este último camino podría llevar a un desacato, lo que pondría en riesgo las reservas del Banco Central y podría derivar en embargos de activos de YPF. (Agencia OPI Santa Cruz)