(OPI TdF) – Luego de un plenario de las comisiones de Legislación y Recursos Naturales, legisladores avanzaron con un dictamen que busca reformar la Ley Provincial 1355, con el objetivo de permitir el desarrollo sostenible de la acuicultura. La iniciativa surge ante el interés de potenciales inversores y promete diversificar la matriz productiva de la provincia.
El debate se realizó en la delegación de la Legislatura de Ushuaia y contó con la participación de diversos interesados y representantes del Gobierno. El dictamen final propone impulsar la acuicultura continental y marítima bajo la premisa del cuidado ambiental, con la proyección de generar una gran cantidad de puestos de trabajo calificados. La legisladora del Partido Verde, Laura Colazo, estima que en una primera etapa se crearían “unos pocos cientos” de empleos, que podrían ascender a un rango de entre 2.500 y 5.300 en un horizonte de dos a cinco años. El proyecto destaca que la acuicultura no solo generaría divisas y empleo, sino que también establecería un nuevo paradigma de desarrollo basado en la innovación y el aprovechamiento inteligente de los recursos naturales.
Con una demanda global de productos acuícolas en constante crecimiento, el proyecto resalta que la provincia, con sus aguas prístinas y un compromiso con la sustentabilidad, podría posicionarse como un proveedor de alta calidad en especies como peces, moluscos, erizos, crustáceos y algas. Esta diversificación de la oferta exportable reduciría la dependencia de la industria electrónica y fortalecería la balanza comercial de la provincia, según el texto del dictamen.
A pesar del avance, la aprobación del dictamen no estuvo exenta de polémica. La legisladora Laura Colazo, presidenta de la Comisión de Recursos Naturales, rechazó la aprobación del documento y presentó su renuncia al cargo. Colazo denunció que el dictamen se emitió sin su presencia ni su consentimiento, luego de un cuarto intermedio. Según la legisladora, este procedimiento “vulnera principios básicos de transparencia y funcionamiento institucional” y representa un “grave retroceso en la política ambiental fueguina”.
Por su parte, la Asociación Manekenk y otras organizaciones ambientales y sociales manifestaron su preocupación ante lo que consideran un “avance acelerado” de un proyecto de ley que consideran “débil en lo normativo, peligroso para el ambiente y carente de debate democrático”. Nancy Fernández, vocera de la asociación, cuestionó varios puntos del nuevo proyecto. Entre sus críticas, señaló que el texto le daría prioridad al uso del agua para la acuicultura por encima del consumo humano, trasladaría la autoridad de control a la Secretaría de Pesca —lo que contradice la Ley 1126—, no establece sanciones por episodios de contaminación, carece de medidas de fiscalización y omite regular las tasas por el uso de recursos como agua, tierras y energía eléctrica.
Fernández también recordó que la Ley 1355, aprobada en 2021, continúa sin ser reglamentada y cuestionó que ahora se busque reemplazarla en un proceso que, según ella, se desarrolló en apenas diez días. Manekenk, bajo la premisa de que los derechos humanos y de la naturaleza “están siendo atacados sin descanso”, convocó a una marcha para este lunes a las 15 horas frente a la Legislatura, coincidiendo con la movilización de personas con discapacidad. (Agencia OPI Tierra del Fuego)