El Jefe de Policía de Santa Cruz Crio Gral Diego Agüero le pidió a la jueza Cecilia López censura previa a los medios y que impida a la víctima hacer declaraciones públicas

(Por: Rubén Lasagno) – Tal como lo expuso en una entrevista otorgada a OPI Santa Cruz la abogada Laura Goñi (Estudios de abogados SSG) patrocinante de la víctima de violación, Mariana Torres, efectivo de la policía provincial en Pico Truncado, el Jefe de Policía de la Provincia de Santa Cruz, Comisario General Diego Agüero, elevó un pedido formal a la jueza provincial Cecilia López para que prohíba a la señora Torres que hable públicamente de su caso de violación y a su vez, prohíba la difusión en todos los medios de comunicación, de las circunstancias y los detalles del caso.

El argumento usado como justificación para este pedido inconstitucional de censura previa por parte del Jefe de Policía, quien además pide silenciar a la víctima, lo planteó el funcionario en la elevación a la jueza por cuanto, según sus consideraciones, han trascendido detalles de la causa a medios de prensa, que se expresan “con extrema fidelidad” (¿?), haciendo alusión elíptica a declaraciones de la abogada patrocinante (ad honorem) de Marcela Torres, la Dra Laura Goñi, realizadas semanas atrás en Fm News y  en relación a nuestra nota del día 23 de agosto de 2025 titulada “La CSS paga una operación de cambio de sexo pero abandona a una mujer sin recursos que necesita una cesárea urgente”. En ningún otro medio provincial se ha publicado esta aberrante noticia de violencia de género.

El escrito presentado por la Jefatura de policía ante la justicia, busca anular la libertad de expresión de la víctima, establecer la censura previa y pretende coartar al periodismo en su misión de informar, tal como lo hizo hace escasos tres días atrás la Ministro de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, quien elevó un pedido similar para que la justicia prohíba a los medios de comunicación reproducir audios de Karina Milei y en la misma presentación pidió el allanamiento de tres periodistas por las mismas razones, lo cual, rápidamente fue rechazado por el Fiscal Stornelli y el Juez Ercolini, hasta tanto se colecten las pruebas necesarias para evaluar si dicha solicitud tiene fundamentos y la consistencia necesaria para tales medidas que vulneran de manera flagrante varios artículos de la Constitución Nacional, empezando por el 14 Bis.

En el caso que nos ocupa en Santa Cruz, ahora resta ver si la Jueza Cecilia López, le hará lugar al pedido formal del Comisario General Agüero, por cuanto, de ser así, se transformaría en un hecho paradigmático en la provincia que, seguramente, tendrá repercusión nacional, por cuanto vulnera los más elementales derechos consagrados en la Constitución, las leyes de protección de las víctimas, las leyes de género, la Ley Micaela y todos los postulados de las Convenciones Internacionales en la materia, más allá de (seguramente) obtener el repudio generalizado de las asociaciones de prensa como ADEPA y FOPEA, tal lo sucedido recientemente con el pedido formal de Bullrich y el apoyo público de la legisladora Arietto (LLA).

Cuando las papas queman (en las manos)

El caso de la señora Mariana Torres tiene ribetes realmente llamativos y vergonzantes para la justicia y la Policía como instituciones públicas, tanto en la actuación de la Jefatura sobre los hechos ocurridos y ulteriores medidas adoptadas por las autoridades, como de quienes estaban involucrados en la defensa de la víctima, tal es el caso del abogado y ex gobernador Sergio Acevedo, de Pico Truncado.

El hoy diputado nacional, fue defensor de Mariana Torres hasta que en el 2023 ganó la gobernación Claudio Vidal del partido SER. A partir de ese momento, Acevedo abandonó la defensa de la mujer, porque obviamente iba a afectar la institución policial (desde ese momento a cargo del partido al que Acevedo pertenece) y posteriormente asumió como diputado nacional en lugar de Vidal.

Torres, obviamente, quedó en la orfandad judicial, sin abogado, echada de la policía, sin recursos y con el violador (también policía) que hasta hoy, nadie sabe dónde está.

El hecho sintetizado

No vamos a desarrollar con meridiana puntualidad todo lo ocurrido en el año 2023 con este aberrante caso de violencia de género, pero consignaremos a grandes rasgos lo ocurrido:

Mariana Torres, policía de la provincia, separada de su marido, también policía, en el 2023 recibió el pedido de éste para hablar de temas personales en su casa, allí su ex pareja la drogó y la violó, mientras un compañero (también policía) lo filmaba.

La Jefatura de policía, ante la denuncia de Torres le remarcó a la víctima que no había protocolo de violencia de género, le dio 15 días de licencia “para su recuperación” y no tuvieron en cuenta el estado físico y mental en la cual quedó Torres, luego de sufrir semejante agresión.

La mujer no se presentó al final de la licencia, por razones obvias y fue despedida de la policía por abandono de servicio, sin que consideraran las circunstancias del caso y especialmente el trauma que sufrió debido al crimen cometido contra su persona. Paralelamente le dieron de baja de la Caja de Servicios Sociales, dejando sin cobertura a una mujer violada que más de un año después estaba próxima a tener un hijo, sin recursos, lo cual ocurrió hace muy poco tiempo. Cuando la Dra Goñi expuso el problema en Radio News, la audiencia del programa “Contracara” de la emisora, reunió 2.5 millones de pesos para la cesárea que necesitaba Torres, quien dio a luz una niña. Ni la policía, ni la CSS, ni el Ministerio Social de la provincia, se ocuparon mínimamente de la urgencia. Típica figura del “Estado ausente”.

La abogada interpuso un Amparo, dio sus explicaciones y acusó a la Jefatura de Policía ante (prácticamente) un claro abandono de persona y el juez de familia Luis Cappa le hizo lugar, de manera tal que Mariana Torres fue reincorporada a la policía.

Ahora, es el Jefe de Policía que mediando un acto irregular y repudiable de su parte, envió a la Jueza de familia  Cecilia López, un pedido para que le prohíba a Torres hablar del crimen que se cometió contra ella y pretende aplicar censura previa a la prensa, solo porque pretende preservar a la Institución de las repercusiones negativas de este caso el cual involucra, no solo a actores propios sino, además, implica una mala praxis de la Jefatura en el tratamiento del tema y especialmente, en todo lo vinculado con la víctima y el/los agresores, del cual no se tiene ningún conocimiento dónde está ni de su su situación laboral y/o judicial. (Agencia OPI Santa Cruz)