El Senado de la Nación aprobó hoy un proyecto de declaración que manifiesta un enérgico rechazo al decreto del Gobierno mediante el cual se promulgó la ley de Emergencia en Discapacidad pero suspendiendo su aplicación por no contar con las partidas presupuestarias correspondientes. La iniciativa, impulsada por los senadores Martín Lousteau, Pablo Blanco y Guadalupe Tagliaferri, obtuvo 54 votos afirmativos y cinco negativos, evidenciando un amplio consenso opositor contra la decisión del Poder Ejecutivo. El conflicto escala la tensión entre ambos poderes, ya que el Congreso había rechazado previamente el veto presidencial a la misma ley.
A finales de septiembre, el Gobierno oficializó la Ley 27.793 a través del Decreto 681/25, pero advirtió en el mismo acto que no la implementaría hasta que el Congreso definiera el origen de los recursos para su financiamiento. Esta postura ignora el texto de la propia norma, que otorga facultades al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para readecuar las partidas necesarias que garanticen la actualización de las prestaciones, pensiones y talleres protegidos. La decisión del Ejecutivo se produjo después de que la Cámara de Diputados, el 20 de agosto, y el Senado, el 4 de septiembre, revirtieran por amplias mayorías el veto que el Presidente había impuesto a la ley.
Como consecuencia de esta maniobra, el bloque Encuentro Federal de la Cámara de Diputados ya había solicitado la interpelación y un voto de censura contra Guillermo Francos, acusándolo de incumplir sus deberes, dictar decretos “nulos e inconstitucionales” y no reasignar las partidas como la ley promulgada lo faculta. Desde la Casa Rosada, sin embargo, se amparan en el artículo 5 de la ley 24.629, que establece que toda ley que genere gastos debe prever su financiamiento, suspendiendo su ejecución en caso contrario hasta que se incluyan las partidas en el presupuesto nacional.
La ley cuya aplicación se encuentra bloqueada establece una recomposición de las prestaciones arancelarias según la inflación acumulada desde el 1 de diciembre de 2023 y actualiza el nomenclador para la indexación mensual y automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al IPC. Además, fija el monto de las pensiones por discapacidad en un 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio y otorga una pensión inembargable a personas con Certificado Único de Discapacidad o mayores de 70 años sin recursos suficientes. (Agencia OPI Santa Cruz)