El presidente de Perú, José Jerí, convocó a un diálogo nacional este jueves, un día después de que una masiva protesta contra la inseguridad en el centro histórico de Lima culminara con la muerte de Eduardo Ruiz, un hombre de 32 años, por un disparo de arma de fuego. El mandatario se pronunció desde la sede del Congreso tras una reunión con los miembros de la Mesa Directiva, mientras la Fiscalía de la Nación ya ha iniciado diligencias para esclarecer el fallecimiento ocurrido en las inmediaciones de la Plaza Francia.
Desde el poder político, el presidente Jerí lamentó el suceso y extendió sus condolencias a la familia de la víctima. “Mis primeras líneas son para lamentar el fallecimiento el día de ayer de Eduardo, un joven de 32 años. Nos solidarizamos con su familia”, declaró. Al mismo tiempo que calificó la manifestación como “legítima”, el jefe de Estado sostuvo que con el transcurrir de las horas se evidenció un “caos” promovido por un pequeño sector, y afirmó que la estabilidad del país debe sostenerse “en base al diálogo para buscar la unidad”. Jerí aseguró que el Estado garantiza el derecho de los ciudadanos a manifestarse.
En paralelo a la respuesta política, el aparato judicial ha comenzado a actuar. La Fiscalía de la Nación comunicó a través de su cuenta en la red social X el inicio de “diligencias urgentes” para determinar las circunstancias exactas de la muerte de Ruiz. La investigación quedó a cargo de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, la cual dispuso el levantamiento del cadáver en el Hospital Arzobispo Loayza y la recolección de evidencias audiovisuales y balísticas en el lugar de los hechos, en el Cercado de Lima.
La movilización del miércoles congregó a miles de personas que partieron desde distintos puntos de Lima para confluir en el centro histórico, escenario que derivó en enfrentamientos con efectivos de la Policía Nacional. Los manifestantes expresaron su descontento tanto con el Gobierno de Jerí como con el Congreso de la República, centrando sus demandas en la creciente inseguridad, el aumento de la criminalidad y lo que perciben como una falta de respuesta por parte del Estado para atender estas problemáticas. (Agencia OPI Santa Cruz)