El representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), Alex Goldman, describió un panorama “de gravedad extrema” en el sector, denunciando que los aranceles regulados por el Estado están congelados desde diciembre de 2024. Goldman explicó por Radio Rivadavia que el reciente anuncio gubernamental de una suba del 35% “llega tarde y es totalmente insuficiente frente a un atraso superior al 70%”, lo que está llevando a instituciones y profesionales a una situación límite.
El dirigente remarcó que el sistema se sostiene “a pulmón” y que muchas entidades están al borde de la quiebra. “Los centros de día, los educativos terapéuticos y los hogares están quebrando. Hay entidades que apelan a la caridad para comprar alimentos o pagar servicios. El 20% de las instituciones de la provincia de Buenos Aires ya cerraron”, señaló Goldman. La situación se agrava por la demora en los pagos, ya que los prestadores facturan a mes vencido y cobran recién a los 90 días, lo que implica que la actualización “recién se sentirá entre enero y marzo del año próximo, si es que se concreta”.
La crisis también afecta directamente a los profesionales, que según Goldman, cobran valores irrisorios. “Un terapista o psicólogo recibe 12 mil pesos por sesión. Un transportista, 540 pesos por kilómetro. Así es imposible sostener la atención”, lamentó. Esta situación provoca que muchos profesionales abandonen el sector, dejando a las personas con discapacidad “sin rehabilitación, sin traslados, sin asistencia”.
Goldman apuntó contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo dependiente del Ministerio de Salud, como la entidad encargada de regular los aranceles y ejecutar la política pública. Sin embargo, acusó que ANDIS “no ha dado respuestas” a los reclamos. “ANDIS debería actualizar los aranceles y aplicar la ley de emergencia en discapacidad, que ya fue promulgada. Lo único que pedimos es que se cumpla la ley”, sostuvo.
Paralelamente, el representante de CAIDIS advirtió sobre la baja masiva de pensiones por discapacidad. “En los últimos meses se dieron de baja más de 1.100 pensiones y el presupuesto 2026 prevé la eliminación de 197.000 más, sin haber sido auditadas”, denunció. Goldman calificó la medida de “absurdo”, argumentando que “no se puede dar de baja algo que no se conoce”.
Finalmente, Goldman informó que el colectivo de instituciones y prestadores adhirió a un amparo colectivo presentado ante el Juzgado Federal de Campana, que reclama la aplicación inmediata de la ley de emergencia. “Tenemos esperanza en que la Justicia ordene al Estado cumplir con la normativa vigente. No pedimos nada extraordinario, solo que se respeten los derechos de las personas con discapacidad”, concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz)