Los presidentes Donald Trump y Javier Milei formalizaron el anuncio de un Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos que reconfigura la estructura de intercambio bilateral mediante la apertura de mercados y la homologación regulatoria. El entendimiento establece las bases para que Argentina implemente reformas orientadas a modernizar su economía, comprometiéndose a garantizar condiciones estables para el flujo de capitales y mercancías. El esquema diseñado contempla beneficios arancelarios mutuos, aunque con obligaciones específicas para la administración nacional en materia de desregulación, propiedad intelectual y revisión de la estructura estatal, en un contexto donde Estados Unidos ponderará el impacto del acuerdo al aplicar medidas de seguridad nacional.
El texto del acuerdo estipula que Argentina deberá brindar acceso preferencial a una serie de manufacturas estadounidenses, incluyendo medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos del sector agrícola. Como contrapartida, Estados Unidos procederá a la eliminación de aranceles para recursos naturales argentinos específicos y bienes farmacéuticos que no se encuentren patentados. En el plano administrativo y fiscal, el gobierno argentino asumió la obligación de desmantelar barreras no arancelarias, lo que implica la supresión de licencias de importación y formalidades consulares, además de la eliminación gradual del impuesto estadístico que grava a los productos provenientes de la potencia norteamericana.
En el capítulo agroindustrial, las partes acordaron mejorar las condiciones de acceso para la carne vacuna y aviar, facilitando simultáneamente el comercio de menudencias, carne de cerdo y lácteos. Un punto central de la negociación es la aceptación de estándares regulatorios comunes: Argentina alineará sus normativas con estándares internacionales en diversos sectores y reconocerá directamente las certificaciones emitidas por organismos estadounidenses como la FDA. Asimismo, se pactó no imponer restricciones al uso de ciertos términos cárnicos y lácteos, y se estableció un compromiso para prohibir importaciones derivadas de trabajo forzoso y combatir la tala ilegal.
El marco regulatorio avanza sobre la economía digital y la propiedad intelectual, exigiendo a la Argentina adecuar su legislación a los requerimientos del Informe Especial 301 del gobierno de Estados Unidos para combatir la falsificación y la piratería. En materia digital, se garantizará la transferencia transfronteriza de datos personales y se evitará la discriminación hacia servicios digitales estadounidenses, reconociendo la validez de sus firmas electrónicas. Finalmente, el acuerdo introduce cláusulas de seguridad económica que obligan a coordinar políticas sobre controles de exportación y minerales críticos para enfrentar prácticas de terceros países, al tiempo que Argentina deberá revisar el rol de sus empresas estatales y los esquemas de subsidios industriales bajo la supervisión del Acuerdo TIFA. (Agencia OPI Santa Cruz)