El Juzgado Federal de Bariloche, bajo la dirección del magistrado Gustavo Villanueva, emitió una orden perentoria que obliga a Vialidad Nacional a realizar reparaciones urgentes en la Ruta 40, imputando los costos al presupuesto 2024. La resolución judicial surge como respuesta a un amparo colectivo interpuesto por la provincia de Río Negro y diversos organismos ante la falta de respuestas oficiales y el incremento de la peligrosidad en el trazado. Desde la administración del gobernador Alberto Weretilneck se remarcó la importancia estratégica del corredor mediante un comunicado que textualiza que se trata de una vía fundamental para la conectividad andina y el desarrollo económico y turístico, cuyo estado de deterioro pone en riesgo la seguridad, la integridad física y la vida de quienes la transitan diariamente.
La sentencia detalla un pliego de obligaciones inmediatas que el organismo nacional debe ejecutar para restituir la seguridad vial, prohibiendo explícitamente reprogramaciones o demoras administrativas. Entre las tareas mandatadas figuran la reparación de pozos, grietas, ahuellamientos y deformaciones de la calzada, así como la corrección de los descalces de banquinas. El fallo hace hincapié en la infraestructura de seguridad, ordenando la reposición de señalización horizontal en los sectores intervenidos y la instalación de señalización vertical diurna y nocturna en puntos críticos como curvas, badenes y zonas con riesgo de derrumbe.
En materia de plazos, el juez Villanueva estableció un cronograma de fiscalización estricto que comienza con un periodo de 90 días. Durante este lapso, Vialidad Nacional deberá presentar un relevamiento exhaustivo de los puntos críticos junto con un plan detallado de ejecución de las reparaciones. Simultáneamente, el organismo deberá elevar un informe técnico que determine la existencia de riesgos por arrastre de material rocoso, proponiendo medidas correctivas si fuera necesario, e informar sobre la pertinencia de instalar puestos de control de cargas para preservar la integridad del asfalto.
La intervención judicial se proyecta hacia el mediano plazo con una exigencia adicional a los 120 días, momento en el cual Vialidad Nacional deberá entregar un plan integral de mantenimiento. Este esquema debe contemplar acciones preventivas y de conservación futura que se aplicarán una vez concluidas las reparaciones de emergencia. La resolución judicial valida la posición de la Provincia respecto a la inacción del Estado Nacional durante años, confirmando la responsabilidad legal de Río Negro para accionar ante los incumplimientos federales que afectan el desarrollo del sudoeste rionegrino. (Agencia OPI Santa Cruz)